domingo,22 mayo 2022
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El fiscal del caso black CajaMadrid habla de robo y pillaje

Catalá anuncia que los procesos penales pasarán al fiscal el día más negro de Rato y Blesa

Redacción
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció este lunes la creación de un nuevo sistema procesal penal que deja la investigación en manos del fiscal en lugar del juez.Este asumiría una función garantista para velar por el cumplimiento de los derechos inaplazables. Su anuncio Tuvo gran impacto público el día más negro para los altos cargos nombrados por el PP en Cajamadrid Rodrigo Rato y Miguel Blesa, aunque los fiscales tienen en España imagen de mayor cercanía gubernamental que los jueces.

En materia de lucha contra la corrupción, Catalá propuso limitar el aforamiento de los 2.000 políticos que disfrutan de esa condición y prohibir la concesión de indultos a condenados por esta causa, una ley para que la corrupción, según dijo, "no se indulte jamás y sea una decisión que no dependa de ningún gobierno".

Durante su comparecencia apeló al diálogo y al consenso, consciente de la necesidad del apoyo de los grupos para sacar adelante las reformas que plantea. Entre ellas, según recogen los diarios, la revisión del proceso civil, un mayor impulso a la mediación y al arbitraje como herramientas para reducir la litigiosidad, así como la transformación digital de la Justicia.

Entre sus propuestas para una justicia más eficaz, Catalá se mostró partidario de reducir al máximo los plazos de instrucción que provocan en muchos casos investigaciones demasiado largas. Para ello, junto con la última reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que estableció seis meses para las causas simples y 18 para las complejas, abogó por una investigación en la que se practiquen las "diligencias mínimas imprescindibles" para apuntalar los indicios de delito, para que el juicio se celebre con la mayor celeridad posible. El caso Gurtell, cuya investigación motivó la expulsión del juez Garzón de la carrera judicial hace años, sigue pendiente de los tribunales.

El día mas Black de Rato y Blesa 

Por otra parte, El fiscal del caso de las tarjetas black de Caja Madrid, Alejandro Luzón, presentó ayer su informe final, en el que rechaza la tesis de las defensas de que las tarjetas eran un complemento retributivo de libre disposición, ya que en las actas se especificaba que eran para gastos de representación de los consejeros. Algunos titulares de la prensa digital, menos condescendiente que la impresa con casos de corrupción, son Las tarjetas del “pillaje y la rapiña”  (Vozpopuli), El fiscal asegura que Rato y Blesa crearon un sistema "depredador" (infoLibre), El fiscal de las black en su informe final: hubo "pillaje y rapiña" ( eldiario.es), El fiscal reprocha a los acusados "una actitud depredadora' (El Mundo) y Los usuarios de las 'black', "depredadores muy próximos al pillaje" (Finanzas.com).

En su escrito indica que tras la llegada de Blesa a la entidad el consejo era "muy politizado y poco profesional, pero los miembros del órgano de gobierno querían cobrar como profesionales". El fiscal ejemplifica la "actitud primitiva, casi depredadora" de los consejeros en el correo remitido por el director financiero Ildefonso Sánchez Barcoj a Blesa en 2005 en el que escribió: "Disfrutemos por si algún día llegan las vacas flacas". Para Luzón las conductas de los directivos eran en muchos casos "próximas al pillaje o la rapiña".

Asimismo considera "sencillamente inconcebible" que los directivos – catedráticos de economía, economistas, inspectores de Hacienda- omitieran las tarjetas black en sus declaraciones a Hacienda, si consideraban que eran parte de su salario. "Eran muy conscientes de que no podían hacer la declaración de la tarjeta porque pondrían de manifiesto una retribución ilegal", indica.

El fiscal mantiene su petición de seis años y medio de prisión y 109.500 euros de multa para Miguel Blesa, al que acusa de haber pervertido el sistema de gastos de representación y "convertirlo en un sistema opaco y manifiestamente ilegal". Para Rodrigo Rato pide cuatro años y medio y 109.500 euros de multa por "dar continuidad durante dos años y con la entidad en evidente crisis" a las tarjetas y no acabar con la práctica cuando se constituyó Bankia. Por otra parte, rebajó la petición inicial para 18 consejeros que devolvieron el dinero, para los que pidió que se tenga en cuenta la atenuante de reparación de daño. En el caso de Rato y Blesa señala que "la reparación es tan escasa en proporción a la responsabilidad que no se puede apreciar atenuante".

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