jueves,19 mayo 2022
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"España hoy transmite confianza, motor de toda actividad"

Catalá asegura la justicia con papel 0 desde el 1º de enero

Redacción
En 24 horas, el ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, aseguró la justicia con papel 0 desde el 1º de enero próximo ante empresarios, economistas y autonomías. Ese día quedará suprimida la entrada de papel en todos los juzgados, órganos, oficinas judiciales y fiscales y profesionales españoles de la justicia, por un Decreto promulgado el martes, puesto como ejemplo de la modernización y del cambio de cultura jurídica en la Conferencia "La justicia como factor de competitividad económica".

Ese Decreto, que demora un año su entrada en vigor para los ciudadanos que no estén representados o asistidos por profesionales de la justicia y opten por el uso de los medios electrónicos, dijo el ministro que ha obligado a invertir en sistemas robustos y formación en nuevas tecnologías para cambiar la cultura de la justicia y de las personas que trabajan en las organizaciones. Pero gracias al mismo y otras medidas adoptadas por el Gobierno los últimos 4 años "España hoy transmite confianza, motor de toda actividad emprendedora".

Como muestra de que esa relación entre mejor justicia y competitividad económica da resultados, el ministro recordó que España ha subido 19 puestos en el último año en el ranking mundial ´Doing Business 2015´ del Banco Mundial, al mejorar en cuatro de las diez áreas de regulación que valoran la facilidad para hacer negocios en el país, por lo que ya ocupa la posición 33 entre los 189 países incluidos. También resaltó como ejemplo que el foro económico mundial reconoce que España lidera el ranking mundial de competitividad turística

“Todo esto es un chequeo de que las reformas consiguen eso, dijo Catalá, aunque añadió que,  lejos de una imagen de autosatisfacción y triunfalismo,  hay que seguir trabajando, “pero hemos superado la estela de destrucción de 3,5 millones de empleos, gracias al mérito de trabajo colectivo y de haber hecho lo que nos pidieron en 2011 los electores que hiciésemos” .

Ante un centenar de personas entre quienes se encontraban el presidente del Círculo de Empresarios, magistrados, portavoz de Unión progresista y una vocal de la CNMC y responsables de los registros profesionales dependientes del Consejo de Economistas, representado por su presidente Valentí Pich, el decano del colegio de Economistas de Madrid, Pascual Fernández presentó a Catalá como un experimentado profesional y profesor que ya empezó en los años noventa con Mariano Rajoy en el Ministerio de Educación y Cristobal Montoro en Hacienda, antes de llegar en 2002 secretario de Estado de Justicia.

En su conferencia, el ministro resaltó como línea argumental que el matrimonio entre seguridad jurídica y económica se ha afianzado los últimos años con reformas abordadas desde el análisis, entre ellas la ley de enjuiciamiento criminal y su reducción de plazos, la reforma del código penal, la actualización de los delitos económicos, la extensión de nuevas tecnologías telemáticas, la ley Orgánica  poder judicial, la actualización del baremo de accidentes de tráfico en cuantías y sistemática en colaboración con UNESPA, modernizar el fortalecer tejido constitucional para que puede cumplir función de garante, etc… “La reforma del código penal ha mejorado la protección de muchos derechos, entre ellos la propiedad intelectual”, añadió a sus ejemplos  del “carácter participativo de muchas de esas reformas ya que el sector de justicia es de servicios profesionales. Hemos intentado que todas alcanzaran el máximo consenso, que no sustituye la responsabilidad del gobierno”.

Entre los efectos de esas reformas destacó el traslado del crecimiento económico a empleo, pues hoy de cada dos puestos creados en los países del euro uno es de España, donde hay 32.000 empresas nuevas frente a su desaparición en años anteriores, las reformas de las administraciones públicas han permitido ahorrar 32.000 millones de euros y la reforma de IRPF ya ha devuelto 9.000 millones de euros a los contribuyentes, todo lo cual recupera la credibilidad y seguridad jurídica, un atributo más de la marca España.

Preguntas y respuestas de Catalá

Tras la conferencia, los asistentes plantearon una veintena de preguntas al ministro, quien aportó en síntesis entre sus respuestas las que siguen:

¿Más Reformas o adaptaciones concursales?. La ley concursal de 2003 quería mantener actividad, pero la crisis desde 2007 se ha llevado todo por delante y  hemos tenido que reformar tres veces la ley concursal. Ahora nos planteamos un texto refundido para aclarar cómo queda, pues no hace falta seguir modificando como lo hemos hecho, al venir de una etapa de apalancamiento que hacía insostenibles muchas empresas.

¿Favorecer la reestructuración de deudas? El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido ante las propuestas de reducción de deuda que el titular del crédito puede pactar nuevas condiciones, pero cuando hablamos de deudas con la Seguridad Social o Hacienda los accionistas somos todos.

¿Vuelta a la segunda oportunidad? El Gobierno la ha ampliado a las personas fiscas, tras tenerla empresas y emprendedores. Fue aprobada la primavera pasada y ha tenido tiempo de ponerse en marcha la ley de segunda oportunidad. Ha llegado tarde en la legislatura, pero ha creado instrumentos para resolver problemas.

¿Para cuándo juzgados accesibles y economistas peritos? Tendrían que estar ya disponibles ambas líneas y en el programa electoral presentado el domingo por el PP apuntamos otros 4 ejes de futuro hacia una justicia transparente y responsable.

¿Qué papel para la mediación en la modernización? La ley de mediación se aprobó en 2012 para sumar posibilidades tras la de arbitraje de 2003 y luego la de jurisdicción voluntaria. Son buenas piezas para promover el cambio cultural y crear cultura de mediación, arbitraje y jurisdicción voluntaria. Ahora se trata de fomentar y promover esos instrumentos ya creados.

¿Para cuándo la independencia de la justicia respecto a la política? Nada más lejos de la realidad esa imagen que algunos pretenden transponer. Es un flaco favor a la justicia hablar de su politización. También atribuir politización a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, no del Gobierno ni de los partidos. La justicia la imparten profesionales y España tiene una justicia altamente cualificada, profesional e independiente. Hablar de llamadas a los jueces es desconocer el sector. Sí podemos debatir cómo elegir el órgano de gobierno de los jueces. Pero con hablar de no independencia o de contaminación excesiva es hacer un flaco favor a las instituciones y la democracia.

¿Nueva Ley de suelo estatal? El urbanismo tiene competencias cruzadas en ello y es difícil encontrar el equilibrio.

¿Errores con las energías renovables? El Gobierno revisó incentivos porque el sistema era muy costoso comparativamente. Revisamos las tasas de retorno inversor, que eran costosas y pagadas por el consumidor, y porque para empresas la energía es un coste muy elevado. Hoy las tasas de rentabilidad son plenamente homólogas a los países del entorno. Democrática y legítimamente las hemos situado en tasas razonables, por lo que ojalá tengan apoyo de tribunales o de sistemas internacionales. 

Acto previo con las cámaras de comercio

Previamente a esta reunión con los economistas españoles, el ministro estimó que la reforma del Código Penal aprobada este año favorecerá la llegada de inversores a España, al inaugurar en la Cámara de Comercio de Madrid una jornada sobre buen gobierno corporativo, organizada por la citada entidad y el despacho de abogados Roca Junyent para analizar el marco de obligaciones impuesto a las empresas tras las últimas reformas legislativas. 

La última reforma del Código Penal, que entró en vigor el pasado mes de julio, establece la necesidad de que las personas jurídicas cuenten con un modelo adecuado de prevención de riesgos penales que, entre otras cuestiones, contemple la figura de un órgano de supervisión dotado de autonomía, y con medios suficientes para llevar a cabo el control de los riesgos penales.

El titular de Justicia ha explicado que en las reuniones de los jefes de Estado y de Gobierno, de los líderes mundiales, se ha analizado que algunas causas de la crisis financiera tienen que ver con las complejísimas estructuras de los gobiernos corporativos de las empresas y en la incapacidad de determinar la cadena de responsabilidades en las mismas.

Ha reconocido que las reformas puestas en marcha pueden tener un coste y dificultades de aplicación ya que es un cambio de cultura pero se ha mostrado seguro de que terminarán siendo beneficiosas para las compañías.

Catalá ha aclarado que la reforma penal no pretende tener un carácter estrictamente punitivo sino preventivo y de disuasión de delitos mediante el incremento de los sistemas de control en el seno de las empresas.

El abogado Miquel Roca ha comentado que "este tema solo ha hecho que comenzar y va a ir a más" aunque ha aclarado que no sabe si es bueno o malo pero ha reconocido que "el Derecho debe adaptarse a una sociedad cambiante" si bien ha advertido de que este tipo de protocolos empresariales suponen "un shock muy fuerte para unos moldes ya casi anacrónicos".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Arturo Fernández, ha dicho que es conveniente que las empresas se doten de modelos de vigilancia, establezcan un modelo de organización y regulen sus órganos de gobierno para evitar abusos de poder y garantizar los derechos de sus socios evitando delitos. Ha añadido que ello contribuirá a hacer sostenible el negocio y a mejorar la imagen pública de la empresa.

Reunión posterior con las autonomías

Tras el acto con los economistas, cuyas fotos pueden verse en Facebook, Catalá presidió una nueva reunión de la Comisión para la Justicia Digital con las comunidades autónomas, convocada para dar un impulso definitivo al cumplimiento de la obligación establecida para el próximo día 1 de enero de generalizar las comunicaciones electrónicas entre los profesionales del ámbito de la Administración de Justicia, como se contempla en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

​A menos de un mes para esa fecha, el Ministerio de Justicia asegura que ya ha cumplido todas sus previsiones, de modo que el límite establecido por la legislación pueda ser cumplido con garantía en el territorio de su competencia. El Ministerio continuará apoyando a las comunidades autónomas con todos los medios a su alcance para lograr dicho objetivo. Así, se han adoptado medidas presupuestarias que contemplan el incremento de las inversiones del departamento para nuevas tecnologías, pasando de los 35 millones de euros el año pasado a los 69 millones previstos para 2016.

Igualmente, en lo referente a las cuestiones tecnológicas se han tomado una serie de medidas como el desarrollo de la herramienta Lexnet para poder incluir el orden penal y peticiones expresas para la Fiscalía, con una ampliación de la capacidad para escritos a 10 Mb. Las comunidades autónomas ya cuentan con esta nueva versión desde el pasado 2 de octubre y a lo largo de este mes de diciembre se pondrá en marcha una nueva mejora.

Asimismo, se ha llevado a cabo una adaptación de las infraestructuras de comunicaciones y almacenamiento y se han suministrado un total de 7.200 pantallas y 250 escáneres en el territorio cuya competencia es del Ministerio. Todos los funcionarios de este ámbito trabajarán desde el día 1 de enero con doble pantalla.

Para dotar al personal de competencias necesarias, se ha realizado un plan específico de formación presencial para fiscales, así como 94 sesiones formativas con secretarios de gobierno, coordinadores y letrados de la Administración de Justicia y 102 sesiones para los funcionarios de Justicia, de manera que se ha impartido formación a 9.500 personas.

En relación con el territorio cuya competencia recae en los gobiernos autonómicos, el Ministerio de Justicia ya ha puesto a su disposición todos los medios necesarios para hacer realidad esa previsión legal que entra en vigor el próximo día 1 de enero. Así, las propias comunidades autónomas han sido las primeras en recibir la información pertinente en la reunión del Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica (CTEAJE) celebrada el 25 de febrero en Las Palmas.

Entre estos medios, se han transferido 6 millones de euros a las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia y se ha puesto a su disposición la herramienta Lexnet sin coste alguno y con tiempo suficiente. Además, han recibido formación a cargo del propio Ministerio que se ha encargado de ofrecer apoyo técnico y guías de implantación a todas las comunidades autónomas.

De esta forma, el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que obliga tanto a las Administraciones como a los profesionales y supone un paso hacia la obligación marcada hace cinco años con el consenso de todas las fuerzas políticas, será una realidad a partir del próximo día 1 de enero.

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