jueves,18 agosto 2022
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Buscan seguridad jurídica en un marco regulatorio ordenado

Catalá defiende el «valor incalculable de la justicia» ante estudios de CEOE y economistas

Redacción
Al recibir en Barcelona los estudios de CEOE "Propuestas para mejorar la legislación y la Aministración de Justicia" y del Consejo General de Economistas" Implicaciones económicas del funcionamiento de la Justicia en España", resaltó que la seguridad Jurídica a partir de un marco regulatorio ordenado y razonable tiene un valor incalculable y es el medio para fortalecer nuestra economía y atraer inversiones.

 

En la línea de una mejor organización de los recursos disponibles, el ministro se refirió al proceso inexorable de digitalización de la Justicia. LexNet y el expediente judicial electrónico han eliminado los tiempos muertos que se generan con un sistema de notificaciones en papel.

Dijo que, si somos capaces de tener mejores leyes, más y mejores profesionales y utilizamos las nuevas tecnologías, conseguiremos una justicia más ágil, cercana y que responda con calidad e inmediatez a las necesidades de los ciudadanos. Este sistema de garantías, tiene un valor incalculable y es el medio para fortalecer nuestra economía y atraer inversiones.

En este sentido, el ministro se mostró convencido de que la reforma de la Justicia, concebida como meta prioritaria, debe gozar del mayor consenso político, institucional, profesional y social dentro de una Estrategia Nacional de Justicia que canalice las reformas de forma estructural.

Estudios de COE y Economistas

Esta jornada la ha organizado el Fomento para analizar el impacto de la justicia sobre la actividad económica a través de la presentación de dos estudios aparecidos bien recientemente: uno de la CEOE, titulado Propuestas para mejorar la legislación y la Aministración de Justiciay otro del Consejo General de Economistas, titulado Implicaciones económicas del funcionamiento de la Justicia en España, presentado por el decano del Colegio de Economistas de Madrid, Pascual Fernández, un mes después de publicarlo en Madrid el Consejo General de Economistas.

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Ambos estudios según la patronal catala Foment aportan claridad y asumen conclusiones rotundamente razonables. Por ejemplo, evidencian que la Administración de Justicia en España tiene entre los ciudadanos más mala reputación que lo que la realidad de los datos podría sugerir. De este modo, comparando muchos parámetros con los estándares europeos, se ve que los de la Justicia española en muchos casos son homologables. Sin embargo, los informes evidencian que los ámbitos de mejora para una mayor competitividad son muchos, también en el ámbito legislativo: legislar menos y legislar mejor.

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