Según el texto, se podrán beneficiar quienes forman parte de una unidad familiar con un nivel de ingresos igual o inferior al indicador de la Renta de Suficiencia –a la cual hay que añadir un 30% a partir del tercer miembro–, que no puedan reducir su consumo de bienes e inmuebles, y que acrediten tener contratados los suministros energéticos en la modalidad de tarifas sociales. Los afectados, una vez reciban el aviso de interrupción del suministro eléctrico o de gas, tendrán que presentar en el máximo de diez días un informe de los servicios sociales básicos que acredite el cumplimiento de estos requisitos.
En el momento en que se acredite la situación de los afectados, las empresas suministradoras suspenderán el proceso de interrupción de sus servicios energéticos entre los citados meses, y las deudas que se acumulen se pospondrán en las condiciones que acuerden los usuarios y las compañías, y se podrán pagar entre los meses de abril y octubre siguientes.
El texto también determina los mecanismo de intercambio de información entre empresas suministradoras, administraciones, entidades sociales y usuarios sobre tarifas sociales, ayudas y medidas para hacer frente a la pobreza energética. El contenido del decreto ley estaba incluido en el proyecto de ley de medidas fiscales y financieras, cuyo trámite parlamentario ha estado bloqueado por el PP tras solicitar un informe al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).
Según el Gobierno catalán, esta iniciativa, una modificación del Código de Consumo, es la primera medida normativa para hacer frente a la pobreza energética.
