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DEBATES Y FIRMAS INVITADAS

Celaá niega la evidencia:El artículo 27 de la Constitución avala el derecho a elegir centro docente

Polémico discurso de la ministra de Educación

La ministra de educación en funciones niega la evidencia:El artículo 27 de la Constitución avala el derecho a elegir centro docente. Así lo indica explica Javier Laquidain, periodista y consultor de comunicación acreditado desde hace varias décadas en asuntos educativos, económicos y de investigación científica, incluyendo en las referencias de las sentencias que cita enlaces al texto íntegro para que los lectores de Ibercampus.es puedan ampliar sus perspectivas.
Redacción 18 de noviembre de 2019 Enviar a un amigo
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Es complicado precisar cuál era el propósito de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, cuando soltó ante el congreso de Escuelas Católicas que el derecho de elección de centro educativo no deriva de la Constitución. Quizás fuera solo una forma de aguar la reunión a los dos mil asistentes a la convocatoria. Pero lo que ha dicho no se sostiene.

Posteriormente, en la rueda de prensa del inmediato Consejo de Ministros, la ministra subrayó que las familias no tienen nada que temer, lo que significa que la enseñanza concertada no va a sufrir restricciones. Y añadió que la libertad de elegir colegio está contemplada dentro de las disponibilidades de la programación general de la enseñanza, y sujeta a factores como el espacio disponible o la zona de residencia. Si fuese un derecho constitucional, agregó, las familias podrían acudir a los tribunales cuando sus hijos no son admitidos en un centro.

Las reacciones del sector educativo concertado y de algunos grupos políticos han provocado, según la ministra, una controversia exagerada alimentada de manera artificial, ya que lo que ha dicho se trata solamente de disquisiciones teóricas.

Celaá ha insistido en que hay treinta sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que avalan que el artículo 27 solo hace referencia al derecho de todos a la educación, a la libertad de creación de centros y a la libertad de cátedra. Y esa afirmación llama poderosamente la atención porque, a la vista de los textos de múltiples sentencias, el derecho de elección de centro queda perfectamente incluido en el precepto constitucional de libertad de enseñanza.

Múltiples ejemplos

Veamos solo algunos ejemplos para no ser exhaustivos. La sentencia 5/1981 del TC, sobre la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares, a la que la ministra aludió como respaldo a su posición, no dice de manera expresa que el derecho de elección dentro derive de la Constitución, pero señala que «el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por el art. 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente que enuncia el art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aunque también es obvio que la elección de centro docente sea un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral».

Hay, no obstante, sentencias mucho más explícitas del TC. Como la 74/2018, sobre el caso de un colegio cántabro al que se denegó la renovación del concierto por impartir enseñanza segregada por sexos. 

Dice la sentencia que «la libertad de enseñanza (art. 27.1 CE) comprende a su vez la doble facultad de los padres de elegir el centro docente de sus hijos, que podrá ser de titularidad pública o privada, y de elegir la formación religiosa o moral que se ajuste a sus propias convicciones; facultad ésta última a la que se refiere específicamente el artículo 27.3 CE» [SSTC 10/2014, de 27 de enero, FJ 3; 5/1981, FJ 7, y 133/2010, de 2 de diciembre, FJ 5 b); ATC 382/1996, de 18 de diciembre, FJ 4]. Una y otra facultad, siendo distinguibles, están evidentemente relacionadas: “Es obvio que la elección de centro docente sea un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral”(STC 5/1981, FJ 8)». 

La sentencia 10/2014 del TC, sobre la escolarización forzosa de un alumno en un centro de educación especial, afirma, «en lo que respecta a la determinación por los padres del tipo de educación que habrán de recibir sus hijos, este Tribunal Constitucional ha afirmado que “este derecho constitucional se limita, de acuerdo con nuestra doctrina, al reconocimiento prima facie de una libertad de los padres para elegir centro docente (ATC 382/1996, de 18 de diciembre, FJ 4) y al derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, art. 27.3 CE” [STC 133/2010, de 2 de diciembre, FJ 5 b)]».

Y continua la citada sentencia, «no hay dificultad alguna en admitir que el derecho de todos a la educación, en cuanto derecho de libertad (STC 86/1985, fundamento jurídico 3), comprende la facultad de elegir el centro docente, incluyendo la de escoger un centro distinto de los creados por los poderes públicos» (ATC 382/1996, de 18 de diciembre, FJ 4)».

Pluralismo educativo

Concreción que se repite en la sentencia 133/2010, sobre el deber legal de escolarización en centros oficiales: «En lo que respecta a la determinación por los padres del tipo de educación que habrán de recibir sus hijos, ese derecho constitucional se limita, de acuerdo con nuestra doctrina, al reconocimiento prima facie de una libertad de los padres para elegir centro docente (ATC 382/1996, de 18 de diciembre, FJ 4) y al derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 CE)».

Especulaban fuentes del congreso de Escuelas Católicas sobre que las palabras de la ministra eran un guiño a su socio de gobierno, Unidas Podemos, firme partidario de la enseñanza pública y única. Sobre este punto, conviene traer a colación un párrafo de la sentencia 74/2018, antes mencionada, cuando al referirse a las ayudas públicas a la enseñanza manifiesta que «sobre los poderes públicos pesa, en efecto, el “deber positivo de garantizar la efectividad del derecho fundamental” a la educación (STC 129/1989, FJ 5), es decir, el pluralismo educativo, sin que en ningún caso pueda afectarse el contenido esencial del derecho del titular a la dirección de su centro docente (STC 77/1985, FJ 20)».

Sea como fuere la intención de la ministra al organizar este revuelo, lo que queda manifiestamente claro es que ha hecho el ridículo al negar, y sobre todo al insistir en ello, que el derecho de elección de centro docente no está avalado por el artículo 27 de la Constitución Española.


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