No obstante, la reforma que llevarán a cabo no supondrá grandes cambios para la actual fórmula. Así, el control de los cursos de formación seguirá en manos de la Fundación Tripartita los sindicatos y las organizaciones empresariales.
No obstante, lo que sí impulsa esta remodelación de la norma es la formación directa en las empresas, la libre concurrencia y la transparencia en el control del dinero y actividades programadas. Como novedad, se les da a los sindicatos “un papel protagonista en la fase de planificación y diseño del sistema, aprovechando la relevancia que tienen sus conocimientos y experiencia por su cercanía a la realidad productiva, especialmente en el ámbito sectorial ".
La esta participación en la planificación y el diseño se llevará a cabo "sin perjuicio de su posible participación, a través de entidades de formación acreditadas y registradas, como ejecutores de la formación y perceptores de fondos en condiciones de competencia abierta a todos los prestadores de formación que cumplan con los requisitos establecidos de acreditación y registro".
Esto invalida el objetivo inicial de que los agentes sociales "dejen de desempeñar un doble papel en el sistema", el de gestión y ejecución. Este es el precio a pagar para conseguir un consenso en la reforma y conseguir la paz social y la colaboración de empresarios y sindicatos.
También se aumentarán los fondos para la formación directa en las empresas y que estas lo paguen. Se realizará mediante el sistema de compensación de cuotas. Así, se produce un aumento del 20% en este aspecto, ya que pasa del 60 al 80%. Además, se potencia que las empresas se impliquen en la elección de los cursos que consideren necesarios para la formación de los empleados.
Estas nuevas medidas deben "la vía para dar respuesta a las necesidades inmediatas relacionadas con adaptaciones en procesos productivos y en la organización del trabajo", según explica en el borrador de la normal.
El 20% de los fondos será asunto de Tripartita para dar cobertura a las necesidades que no atiende la programación empresarial. Aquí es donde entran las comunidades autónomas, "manteniendo la participación de las organizaciones sindicales y empresariales e incorporando a profesionales de reconocido prestigio que puedan aportar su labor".
Aquí es donde se halla la polémica entre los negociadores. Las empresas explican que los fondos para la formación deben ser solo para los trabajadores en activo. Sin embargo, los sindicatos defienden que también se debe dar cobertura a los desempleados.
La intención del Ministerio de Empleo es que el acuerdo sobre el nuevo sistema de la formación para el empleo esté cerrado a finales de mayo, con objeto de cumplir el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el Debate sobre el Estado de la Nación del pasado mes de febrero.
