La piratería digital en España continúa mostrando índices muy elevados. Aunque en 2017 cayó un 6% con respecto al año anterior, el valor de los contenidos ilícitos a los que se accedió fue de 21.899 millones de euros, lo que representa un lucro cesante de 1.857 millones, según se extrae del último Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales publicado por el despacho especializado en propiedad industrial e intelectual Elzaburu.
Su erradicación permitiría aumentar el 37% del empleo en la industria de contenidos, creando 20.375 nuevos puestos de trabajos directos y unos 150.000 indirectos, según ha apuntado su responsable del área de Piratería, Juan José Caselles.
El valor de los contenidos ilícitos a los que se accedió en 2017 en España fue de 21.899 millones de euros, según los datos facilitados por la firma Elzaburu.
Especialmente “escandalosos” fueron los resultados de 2015, año en el que “el 87,48% de todos los contenidos que se consumieron era ilegal”. Con estas cifras se concluye que el Estado deja de recibir 547 millones de euros entre IVA, IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social.
Las películas siguen siendo el contenido más pirateado (con un 33%), seguidas de las series (30%), libros (24%), música (22%), videojuegos(11%) y fútbol (10%), según el mismo informe.
De las 618 solicitudes totales que han sido presentadas por los titulares de derechos (53 de ellas desde el 1 de enero de 2018), la Sección Segunda de la ha tramitado, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, 152 procedimientos, lo que supone una reducción en tiempos de tramitación (plazos dedicados a la identificación del titular de las webs presuntamente vulneradoras y plazos de instrucción de los procedimientos tramitados) de más del 70% con respecto a 2017. En este sentido, la Sección Segunda cuenta con una media de 120 días en tiempos de tramitación.
Páginas y dominios bloqueados
De los más de 150 procedimientos tramitados en 2018, 12 han sido objeto de solicitud de autorización judicial para ejecutar el bloqueo del dominio web infractor, consiguiéndose 9 autorizaciones judiciales para dicho bloqueo, afectando finalmente a más de 25 páginas web infractoras. A este dato, se deben sumar las 22 resoluciones judiciales dictadas por la Audiencia Nacional autorizando el bloqueo, en territorio español, de 54 nombres de dominio objeto de actuaciones de la Sección Segunda de la CPI.
Por otra parte, del total de procedimientos tramitados en 2018, 60 han dado lugar al archivo de actuaciones (bien por retirada de contenidos previos al inicio del expediente, bien por retirada de contenidos una vez que la Sección Segunda notifica el inicio del procedimiento de restablecimiento de la legalidad). Este dato supone que en el 39,47% de los casos, los responsables de web infractoras retiran los contenidos voluntariamente al saber que están siendo investigados por la Sección Segunda.
Desde la creación de la Sección Segunda, el número global de webs afectadas por las acciones de la CPI asciende a 466, y de esas 466 webs afectadas/requeridas, todas menos 32 han retirado los contenidos ilícitos tras la resolución definitiva; esto supone que el 93,13% de las webs requeridas han retirado los contenidos infractores. Dentro de estas cifras se incluyen 114 casos de ceses completos de actividad desde 2011.
Cabe destacar que la labor de Sección Segunda ha permitido reducir en este último año en España la audiencia de páginas pirata: en 2017 había 19 webs pirata entre las 250 más visitadas de nuestro país, y en 2018 son sólo 13 páginas pirata en esa lista.
Políticas ejemplares
En 2018, el ministerio de Cultura y Deporte ha impuesto la primera sanción económica a una web pirata por infringir la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), una sanción que ha conllevado el pago de una multa de 375.000 euros y el cierre por un año de la web infractora.
Los avances que España está logrando en el terreno de la defensa de los derechos de propiedad intelectual en Internet son cada vez reconocidos y respaldados en todo el mundo. Dos ejemplos son el Informe anual Special 301 Report del Departamento de Comercio estadounidense, dado a conocer el pasado 28 de abril de 2018, o el informe 'The roots of innovation' de la US Chamber of Commerce, en los que se destaca la política española en materia de propiedad intelectual.
