miércoles,17 agosto 2022
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Gobierno y estadísticos se enfrentan por la reforma del INE: un nuevo Estatuto complementará la Ley de la Función Estadística Pública

Cese-dimisión del presidente del INE tras cuestionar el Gobierno datos oficiales como IPC (10,2% anual este junio) o PIB (revisión a la baja)

Al confirmarse las noticias aparecidas en diversos medios sobre la intención del Gobierno de cesar a su presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE) desde 2018, Juan Manuel Rodríguez Poo, quien finalmente este lunes por la noche dimitió, la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado (AESE) atribuyó el caso a que el Ejecutivo cuestione las cifras del INE tan relevantes como el IPC o el PIB. Advirtió que el cese 'podría ser interpretado por la sociedad como un ataque a la independencia del Instituto', cuya metodología y prácticas están aliadas con Eurostat a un alto nivel, pues es elevado el crédito del que goza en estos momentos la estadística oficial de España.

Una semana antes de estimar que la inflación en junio se aceleró al 10,2%, la mayor desde 1985, el Instituto Nacional de Estadística (INE) revisó a la baja el PIB del primer trimestre del 0,3% al 0,2%, lo que desencadenó el cese-dimisión. Recogemos a continuación las versiones de los estadísticos y del Ministerio de Economía. 

Asociación de Estadísticos Superiores del Estado (AESE): ‘Desde hace más de 30 años, ningún Presidente del INE fue cesado sin mediar un cambio de Gobierno’

1. Desde la aprobación de la vigente Ley 12/1989 de la Función Estadística Pública, hace más de 30 años, ningún Presidente del INE fue cesado sin mediar un cambio de Gobierno.

2. En diferentes ocasiones a lo largo de los años, se han producido debates públicos sobre diversos aspectos de algunas estadísticas del INE (su metodología, las cifras publicadas, etc.). Por supuesto, estos debates son perfectamente legítimos y sirven para contrastar los diversos enfoques posibles para la medición de un hecho social o económico. Lo que supone una novedad sin precedentes, es que desde el propio Gobierno y, en particular desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se cuestionen las cifras de Estadísticas del INE tan relevantes como el IPC o el PIB, anunciándose hace meses desde el propio Ministerio la creación de una estadística no oficial (dado que no está incluida en el Plan Estadístico Nacional) denominada «Indicador Diario de Actividad» para contraponerla al propio PIB.

3. La metodología de las Estadísticas del INE es rigurosa, pública, está avalada por la Oficina de Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT) y permite la integración y comparabilidad de las cifras en el ámbito europeo.

4. El Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas está formado por dieciséis principios cuya aplicación es garantía de independencia profesional, rigor técnico, fiabilidad y confidencialidad estadística. En las revisiones que regularmente se realizan sobre el cumplimiento del citado Código en los distintos países (las denominadas Peer Review), se destaca, entre otros aspectos positivos, el alto nivel de credibilidad del INE entre sus usuarios.

5. En las circunstancias descritas, un eventual cese del Presidente del INE podría ser interpretado por la sociedad como un ataque a la independencia del Instituto, motivado por el hecho de que las cifras publicadas por el INE de algunas estadísticas relevantes como las anteriormente citadas, no están en sintonía con las previsiones económicas del Gobierno. Esto pondría en riesgo el elevado crédito del que goza en estos momentos la estadística oficial de España, tanto antes nuestros socios de la Unión Europea como ante los propios usuarios.

6. Desde la aprobación de la citada Ley de Estadística de 1989, la AESE ha solicitado reiterada e infructuosamente que se fije por ley el mandato temporal del Presidente del INE. Y ello con el fin de preservar su neutralidad operativa y para que esté al abrigo de las eventuales presiones de los intereses políticos, sociales y económicos. Este tipo de salvedad es recomendada tanto por el ya citado Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas como por lo establecido en el Reglamento 759/2015 de la Unión Europea y del Consejo de 29 de abril de 2015. En España, este tipo de fijación de mandatos temporales no es novedoso ya que está establecido para el nombramiento de los máximos responsables de organismos del Estado que deben preservar su independencia funcional en el ejercicio de sus competencias (Banco de España, AIREF, Comisiones Nacionales, Agencia de Protección de Datos, Defensor del Pueblo, etc.).

Gobierno: ‘Las reformas facilitarán la utilización de nuevas fuentes de información basadas en registros administrativos y Big Data, mejorando la calidad de las estadísticas y reduciendo la carga de respuesta para las empresas y ciudadanos informanteS’

Según anunció este martes el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el anuncio de dimisión de Juan Rodríguez Poo como presidente del INE abre un proceso de sustitución para este puesto que se espera cerrar en las próximas semanas.

Tra la aprobación en el Parlamento de una modificación de la Ley de la Función Estadística Pública, en las próximas el Consejo de Ministros sacará un nuevo Estatuto para el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estas reformas, impulsadas por el ahora cesante desde su nombramiento en octubre de 2018, facilitarán la utilización de nuevas fuentes de información basadas en registros administrativos y Big Data, mejorando la calidad de las estadísticas y reduciendo la carga de respuesta para las empresas y ciudadanos informantes.

Están plenamente alineadas con el Código de Buenas Prácticas de las estadísticas europeas y las iniciativas de adaptación de los sistemas estadísticos europeos a la mayor disponibilidad de datos que permite la economía digital y a las nuevas exigencias de calidad de los ciudadanos, dijo el Ministerio,  añadiendo: Se enmarcan en los objetivos establecidos en el Plan Estadístico Plurianual 2021-2024, que se ha venido desarrollando desde su aprobación y que establece como líneas estratégicas la utilización Big Data y otras fuentes básicas de información; la implantación de un nuevo modelo de producción adaptado al actual ecosistema de datos; la puesta en marcha de nuevas estadísticas y la mejora de las ya existentes y la adaptación de la normativa y refuerzo de la cooperación institucional e internacional.

El desarrollo del Plan mantendrá y reforzará los estándares de privacidad, confidencialidad y buen uso de los datos de acuerdo con los principios del Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas.

La nueva Ley de la Función Estadística Pública permitirá avanzar hacia un sistema en el que se incorporen de forma regular los registros administrativos para la elaboración de estadísticas. Esta modificación está en línea con la reforma del Reglamento europeo de estadística, cuyo proceso de reforma se acaba de iniciar. Se trata de que la administración haga uso de los datos que ya posee para fines administrativos (fiscales o de seguridad social, por ejemplo) para elaborar las estadísticas para fines estatales.La incorporación a las estadísticas de registros administrativos tendrá un impacto positivo en la calidad de las mismas y reforzará su fiabilidad y eficiencia al disponer de un mayor volumen de datos. Asimismo, permitirá un ahorro de costes, tanto para los suministradores de información, al reducirse la carga administrativa y su tratamiento, como para las instituciones que reducirán el coste de recogida de la información.

El INE ya cuenta con experiencia en el uso de registros administrativos en algunas de sus estadísticas que está siendo muy positivo y está permitiendo generar importantes ahorros en horas de trabajo y en costes económicos. El mejor ejemplo en este sentido es la utilización de registros en el Censo de Población y Viviendas, que ha supuesto un ahorro de 78 millones de euros y un ahorro en carga de trabajo a los informantes de 483.333 horas.

Asimismo, la aprobación de la reforma de la Ley de la Función Estadística Pública permitirá hacer uso de los datos estadísticos anonimizados a los investigadores y se permitirá dicho acceso para el seguimiento de la ejecución de políticas públicas.

Asimismo, está prevista la aprobación de un nuevo estatuto de estructura y funcionamiento del INE, el actual data de 2001, para reforzar sus capacidades y adaptarlas a las nuevas necesidades y modelos de trabajo y hacerlo en un entorno de máxima eficiencia y calidad, de acuerdo con los criterios exigidos por el Código de Buenas Prácticas de las estadísticas oficiales.

Con estos objetivos la nueva estructura aglutina todos los productos estadísticos en dos direcciones generales: la dirección general de Estadísticas Económicas y la dirección general de Estadísticas de la Población, de forma que en cada una de ellas se armonizarán métodos y procedimientos adaptándolos a los diferentes requisitos que el estudio de cada ámbito exige, garantizando la eficiencia en el tratamiento y la consistencia en los resultados.

En segundo lugar, las diferentes fases del proceso de elaboración de las estadísticas se concentrarán en la dirección general de Planificación Estadística y Procesos, con el fin de armonizar los tratamientos estadísticos y facilitar una infraestructura común que permita un desarrollo más estandarizado, eficiente y de calidad de todos los productos y servicios estadísticos.

En tercer lugar, se crea la subdirección general de Formación e Impulso a la Investigación con el fin de reforzar la colaboración con el mundo de la investigación, de gran valor para la modernización de la estadística pública, y maximizar el valor añadido de la reutilización de datos.

A los cambios previstos en la Ley de la Función Estadística Pública y en el nuevo estatuto se une la creación de la Unidad de Grandes Empresas, aprobada por Orden Ministerial el pasado 27 de abril, como respuesta a un requerimiento de Eurostat a los estados miembros. La creación de esta unidad permitirá obtener datos coherentes procedentes de los grupos multinacionales para la elaboración de estadísticas, mejorará la calidad de las mismas y permitirá profundizar la información sobre las actividades de Inversión Directa Extranjera.

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