El ministro Català dijo sobre el magistrado del voto particular: "Cuando todos saben que tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo General del Poder Judicial no actúe". En un inmediato comunicado conjunto, las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales existentes en España consideraron "una temeridad" que el ministro de Justicia siembre dudas sobre la capacidad de un juez y criticaron su "intromisión".
"Hoy es por el juicio de La Manada, pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del ministro o de su Gobierno. Este es el verdadero peligro: la utilización de las resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería ser su labor como miembro de un poder del Estado, esto es, respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones", señala el comunicado.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llamó a la "moderación, prudencia y mesura" y a la "responsabilidad institucional" para "evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/juezas y magistrados/as que integran el Poder Judicial".
Catalá respondió a las críticas alegando que su obligación es "alertar" de las anomalías en el funcionamiento de la Justicia para que el CGPJ y los propios jueces actúen. "Es mi obligación pedir al Consejo que actúe porque yo no voy a participar en juegos de hipocresía y los datos sobre ese magistrado los tienen ellos; yo no tengo detalles pero sí sé lo que me han contado con mucha preocupación sus compañeros", dijo. Y añadió: "Yo no debo ser ciego, sordo y mudo". "El respeto absoluto que tengo a la independencia judicial no quiere decir que yo no pueda hablar sobre el funcionamiento de la Justicia", agregó.
Según reflejan los diarios, la Audiencia Provincial de Navarra envió recientemente varios informes al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad foral para que instase al CGPJ a inspeccionar la Sección Segunda, a la que pertenece el magistrado Ricardo González por el retraso en la redacción de sentencias y por sus resoluciones "anómalas". Según el CGPJ no se han solicitado "seguimientos e inspecciones en relación con la actividad profesional del magistrado" y no existen expedientes disciplinarios contra el juez en los últimos cuatro años. LA RAZÓNseñala que la Audiencia navarra pidió al Poder Judicial la incapacitación del juez.
El PSOE apoya a Catalá, C’s lo critica y Podemos exige su dimisión
Los partidos también reaccionaron a las palabras del ministro de Justicia. El PSOE apoyó a Catalá e instó al CGPJ a actuar por el contenido del voto particular de Ricardo González. Margarita Robles consideró que "el necesario apoyo que el CGPJ ha de prestar a los jueces no puede hacerse en detrimento ni menoscabo de ninguna víctima de delito, y mucho más cuando se trata de mujeres objeto de salvajes agresiones". A su juicio, "cuando el CGPJ ve un retraso evidente y claro como el que se estaba produciendo tenía que haber hecho algún tipo de actuación o de seguimiento" al tratarse de una causa con presos preventivos. También el secretario de organización, José Luis Ábalos, expresó: "No podemos estar más que de acuerdo porque si el ministro habla así se le supone mucho más conocimiento de la causa".
El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, consideró que Catalá "demuestra su poco respeto por la separación de poderes" y recordó que "no es la primera vez que lo hace", por lo que pidió al ministro que "cese en este tipo de declaraciones y se ponga a trabajar" en las reformas legales pertinentes para que se delimite bien el delito de violación. "Lo que no se puede es señalar a los jueces y decir lo que tiene que hacer el CGPJ", añadió.
La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, exigió la "dimisión inmediata" de Catalá por "inmiscuirse una vez más en el Poder Judicial".
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, calificó de "absolutamente escandaloso" el voto particular del juez y señaló que se debe "replantear la supervisión de los jueces y de sus sentencias".
La noticia y las críticas generalizadas al Ejecutivo en los diarios
Todos los diarios reflejan la "indignación" del mundo judicial por las declaraciones de Catalá. "El ataque de Catalá al magistrado discrepante subleva a jueces y fiscales", titula EL PAÍS, que en portada dice: "La justicia se rebela contra las intromisiones de Catalá". EL MUNDO destaca: "Todo el Poder Judicial se lanza contra el ministro de Justicia". ABC titula: "Catalá indigna a la judicatura". LA RAZÓN dice: "Jueces y fiscales piden la dimisión de Catalá por cuestionar al CGPJ". Según LA VANGUARDIA "las críticas de Catalá a un juez de La Manadasoliviantan a la judicatura". EL PERIÓDICO titula en portada: "Guerra entre el Gobierno y la justicia por La Manada".
Injerencia inadmisible (EL PAÍS): "Es de celebrar que se extienda la tolerancia cero" ante agresiones como la que sufrió la víctima a manos de La Manada y "también que la sentencia abra el debate sobre la tipificación de los delitos contra la libertad sexual y la definición de los grados y carácter de la violencia e intimidación ejercidos. Pero la forma en que el Gobierno se ha aferrado a este caso para intentar exhibir iniciativa, para levantar la bandera del endurecimiento inmediato del Código Penal y para descalificar al juez discrepante es populista, oportunista e indigna de una democracia de la que forma parte fundamental la separación de poderes. Las asociaciones de jueces y fiscales tienen toda la razón al criticar al ministro de Justicia, Rafael Catalá". "Si el ministro tenía conocimiento de alguna circunstancia que debiera haber provocado su inhabilitación, tendría que haberla comunicado a la autoridad correspondiente y no insinuarla ante los medios. Catalá ha caído en la frivolidad, en la irresponsabilidad y en la burla a la separación de poderes". "El Gobierno es responsable de gobernar para que las leyes que los jueces aplican respondan al sentido de la justicia que les hemos de exigir. Lo demás sobra".
La temeridad de Catalá erosiona al Poder Judicial (EL MUNDO): "Las palabras pronunciadas ayer por Rafael Catalá poniendo en duda la capacidad del magistrado Ricardo González, autor del voto particular del juicio a La Manada, constituyen un insólito ejercicio de irresponsabilidad y una flagrante intromisión en las funciones" del CGPJ. "Todo ello erosiona gravemente la credibilidad del Estado de derecho justo cuando el sistema judicial está siendo objeto de un despiadado e injustificado ataque por parte del independentismo". "Se trata de una reacción impropia de un Gobierno respetuoso con la separación de poderes que, entre otras consecuencias, inflama el descrédito general de la Justicia azuzado en la calle. Catalá está obligado a rectificar sus declaraciones o, en caso contrario, concretar de manera fehaciente el 'problema singular' que achaca al juez señalado". "En el fondo de la temeridad de Catalá (…) subyace de la zozobra instalada en el Gobierno fruto de su inestabilidad parlamentaria, lo que se ha plasmado también en la descoordinación a cuenta de la acusación de malversación del procés y en la renuncia de facto a los eurobonos". "En el caso de la sentencia de La Manada, el colmo es que el Gobierno -con el apoyo del PSOE- no sólo se sume al coro de voces políticas que han zaherido la sentencia, sino que aliente el descrédito del juez discrepante y, con ello, del propio sistema judicial".
Grave error del ministro de Justicia (ABC): El ministro de Justicia, Rafael Catalá, es un político prudente y con iniciativa, que destaca en medio del páramo gubernamental". "Ayer, sin embargo cometió un error. Innecesariamente, el ministro Catalá redirigió la polémica social sobre la sentencia de La Manada a la persona del magistrado discrepante, Ricardo González". "Un ministro de Justicia no debe hacer este tipo de declaraciones, porque, aun cuando fuera cierto lo que ha dicho, no le corresponde adentrarse en el delicado terreno de la independencia judicial y de la potestad disciplinaria de un órgano constitucional ajeno al Gobierno, como es el CGPJ". "Por otro lado, si tan públicos y notorios eran los problemas de este magistrado, no se entiende por qué el Ministerio Fiscal no los puso de manifiesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra para forzar su apartamiento, o por qué no hicieron lo mismo las defensas y las acusaciones particulares y populares. La hoguera pública en la que arde el descrédito de la Justicia tiene ya suficiente leña". "Tengamos cuidado con los verdaderos objetivos antisistema que algunos activistas de la polémica han subido a lomos de las críticas legítimas de muchos ciudadanos de buena fe. Está generándose un movimiento social de etiqueta radical, camuflada de feminismo, que persigue coartar el libre funcionamiento de las instituciones democráticas, incluido el del Poder Judicial".
Un conflicto por resolver (LA VANGUARDIA): La reacción del poder judicial a las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, fueron inmediatas y unánimes. "Jueces y fiscales creen que las declaraciones son una intromisión gubernamental en las resoluciones judiciales. Todo ello pone de manifiesto la existencia de un pulso entre poderes, en este caso entre el ejecutivo y el judicial". "Otra prueba evidente de este choque es la pugna entre el ministro Cristóbal Montoro y el juez Pabla Llarena respecto a la existencia de pruebas que acrediten una supuesta malversación de fondos públicos por la Generalitat para organizar el referéndum del 1-O. Una pugna en la que el perdedor puede salir malparado". "La pugna entre el poder ejecutivo y el judicial es ciertamente preocupante y obliga a una profunda reflexión a todos los actores implicados. El choque institucional entre el Gobierno y los jueces debilita el Estado de derecho y aleja al ciudadano de las instituciones".
Catalá incendia la judicatura (EL PERIÓDICO): “La crisis de confianza entre la judicatura y la ciudadanía por la sentencia de La manada deriva hacia una crisis entre el Gobierno" y el CGPJ. Las declaraciones de Catalá "fueron muy graves, ya que ponen en duda la capacidad" de un magistrado. "Además, debería haber concretado en lugar de lanzar acusaciones tan vagas. Si es cierto lo denunciado, no es aventurado dudar de la validez del juicio; si no lo es, las declaraciones son al menos irresponsable. En cualquier caso, el CGPJ debe velar por el correcto funcionamiento del caso".
El CGPJ debe abrir una investigación(LA RAZÓN):"Unas nada afortunadas manifestaciones públicas de un representante del Gobierno que ha de velar por la independencia del poder judicial y evitar toda colisión con él. Estos no son los términos que cabe esperar del ministro de Justicia". "De la misma manera, tampoco es de recibo que el magistrado Ricardo Javier González se expresara de la manera que lo hizo". En todo caso debe ser el CGPJ "el que debe actuar ante un caso que ha despertado una profunda desazón civil con nuestro tribunales".
