La ley, la primera elaborada por el Parlament para regular la enseñanza superior desde la restauración de la Generalitat hace 23 años, contó con los votos favorables de CiU y ERC, que pactaron los puntos claves de la ley, la abstención de PSC y Partido Popular y el voto contrario de ICV, que sin embargo apoyó los artículos que hacen referencia a la financiación.
Los rectores de las 11 universidades catalanas, que asistieron desde la tribuna de invitados del Parlament al trámite de aprobación de la Ley, cuyo resultado consideraron «globalmente positivo», dado que prevé un aumento presupuestario.
La nueva norma garantiza un incremento del 30% del presupuesto dedicado a las universidades públicas, que se irá aplicando de forma gradual entre el año 2003 y 2010.
El aumento del 30% se hará descontando la inflación y la Generalitat acordará con las universidades una planificación financiera plurianual para conseguir el objetivo de aumentar el presupuesto en la proporción fijada.
A pesar de que la Ley Orgánica de Universidades (LOU) estableció la supresión del examen de selectividad para acceder a la universidad, la norma aprobada implanta un sistema similar al actual, ya que habla de un examen de acceso coordinado entre todas las universidades públicas.
El Govern y las universidades están de acuerdo en utilizar la reválida al final del bachillerato, que ha creado la Ley de Calidad de la Educación, como prueba para seleccionar a los estudiantes que pueden ir a la universidad.
La nueva ley crea la figura del profesor contratado como alternativa a la del profesor funcionario y regula tres categorías de docentes permanentes y cinco temporales.
El texto establece que la Generalitat contratará, en los próximos 12 años, a 1.200 profesores de universidad (400 catedráticos y 800 profesores agregados). En concreto, se efectuarán unos 100 contratos al año, que la Generalitat cofinanciará en un 50%.
El diputado del PSC-CPC Miquel Barceló justificó la abstención a la ley porque «no da respuesta a las necesidades de la Universidad» y advirtió de que, si su formación gana las elecciones autonómicas del próximo otoño, reformará la ley para crear un modelo de financiación claro y transparente con incentivos económicos a las universidades que demuestren su calidad y eficiencia.
El diputado del PP Francesc Vendrell afirmó que su partido «no está en contra de la ley porque es una buena norma», pero añadió que optó por la abstención porque el Govern ha impuesto un debate parlamentario «con prisas y miedos» al relegar al PP para buscar un acuerdo con Esquerra.
Joan Boada, portavoz de ICV, expresó su rechazo a la ley por «reglamentista, intervencionista y por abrir la financiación de las universidades privadas».
El conseller de Universitats, Andreu Mas-Colell, se mostró «muy satisfecho» por la aprobación de la ley y criticó a los grupos del PSC, PP e ICV por no haber apoyado la ley basándose «sólo en motivos coyunturales».
El diputado de Esquerra Carles Bonet, por su parte, afirmó que el hecho de que su formación hubiera apoyado la ley, «no borra el pecado original de CiU de votar favorablemente la LOU».
Tras la aprobación de la ley, Joan Tugores, rector de la Universitat de Barcelona y presidente de la Asociación Catalana de Universidades Públicas, afirmó que la ley aprobada «es globalmente muy positiva, aunque siempre es mejorable» y elogió, especialmente, la previsión presupuestaria, porque «nos da cierto margen de tranquilidad».
