En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso el pasado 11 de julio, la ministra Delgado avanzó que la recuperación de la jurisdicción universal es uno de los proyectos prioritarios del departamento en esta nueva etapa porque es una herramienta que contribuye a evitar indeseables espacios de impunidad, un instrumento imprescindible en la persecución de crímenes transfronterizos y nucleares de la delincuencia organizada internacional y, sobre todo, una eficaz herramienta en la defensa de las víctimas de crímenes contra la Humanidad.
El consejo asesor que conjstituyó el Ministerio de Justicia española está integrado por la ministra como presidenta, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, en calidad de vicepresidente, y los siguientes juristas:
- José Ricardo de Prada, juez de la Audiencia Nacional dedes 1990 –miembro del tribunal del caso Gürtel– y que ha formado parte de los Tribunales Penales Internacionales de Naciones Unidas (como el Mecanismo Residual para Tribunales Internacionales).
- Manuel Ollé Sesé, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Groupe d'Action Judiciaire de la Federación Internacional de Derechos Humanos.
- Manuel Miguel Vergara Céspedes, profesor de Derecho Penal en el Instituto de Empresa, asesor de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIGBAR) y colaborador del Tribunal Penal Internacional.
- Hernán Hormazábal Malarée, catedrático de Derecho Penal y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH).
En la primera reunión celebrada hoy, la ministra Delgado les ha pedido ya un primer informe sobre la materia que permita contribuir con una propuesta cualificada al debate parlamentario abierto en el Congreso, que tramita una proposición de reforma de la LOPJ que en opinión del ministerio debería tener en cuenta la realidad social actual y la más moderna jurisprudencia sobre jurisdicción universal en consonancia con los tratados internacionales suscritos por España.
Ministerio de Justicia
En materia de jurisdicción universal hay ya muchos avances en el marco del Derecho Internacional, pero el ministerio quiere dar un paso más porque este instrumento jurídico, fundamental en la defensa y protección de los derechos humanos, puede ofrecer eficaces resultados en otros campos como la persecución de la criminalidad internacional organizada o los delitos contra el medio ambiente, entre otros supuestos.
Incorporar la sociedad civil
Con la creación de un consejo asesor para la recuperación de la jurisdicción universal, la ministra Delgado cumple otro objetivo colateral, como es la incorporación de la sociedad civil, a través de expertos en la materia, al trabajo de gestación de determinadas iniciativas legislativas. El propósito es abrir la entrada en ese proceso prelegislativo a expertos que colaboren en la mejora de la legislación vigente, porque esa mejora sirve para conseguir un futuro más justo.
Con esa pretensión, el consejo asesor puesto en marcha este martes también estudiará en el futuro otros proyectos normativos o decisiones relevantes del ministerio que admitan una lectura desde la perspectiva de la jurisdicción universal, así como podrá proponer cualquier otra reforma de detalle que con ese objetivo considere justificada.
La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, exigió ayer la destitución de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por su posición en la defensa del juez Pablo Llarena, un asunto por el que este partido pedirá su reprobación en el Congreso y en el Senado. En una rueda de prensa conjunta con su homólogo en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó, ambos anunciaron que de forma inmediata se presentará, primero en el Senado y después en el Congreso, una interpelación a la titular de Justicia, para que explique por qué, según señalaron, no defendió en un principio de forma clara a Llarena de la demanda planteada por Carles Puigdemont y otros exconsejeros huidos de la Justicia española. Esa interpelación irá seguida de una moción en la que se reprobará a la ministra, cuyo cese pedirán.
La postura del PP, según recuerdan los diarios, se produjo después de que el lunes, durante la primera parada de su gira Iberoamericana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalase desde Chile que "la defensa de Llarena no es una cuestión privada, sino de Estado", algo que, según los populares, contradice lo indicado previamente por el Ministerio de Justicia y por la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo.
Versiones en la prensa y descalificaciones de la ministra
Entre las reacciones de la prensa, cabe destacar los siguientes titulares: La ampliación de la justicia universal permitirá reabrir casos de crímenes impunes (EL PAÍS 17)Justicia 'ficha' al juez de Gürtel y al hombre de Garzón(EL MUNDO 4)Delgado ficha al entorno de Garzón para reformar la Justicia universal. La ministra recluta a cuatro juristas vinculados al juez inhabilitado (ABC 2, 14, 15)Un juez de la Gürtel y un defensor de un condenado por Alsasua, en el consejo para la justicia universal(LA RAZÓN 16)
EL PAÍS publica que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo ayer, desde Bolivia, tener "absoluta confianza" en Dolores Delgado. El diario, que cita fuentes de La Moncloa que lo acompañan durante su gira iberoamericana, informa de que Sánchez calificó a Delgado como una "fantástica ministra de Justicia".
Fuentes del Gobierno que citan las agencias consideraron ayer que el anuncio del PP es "papel mojado" y demuestra que su líder, Pablo Casado, está entrando en competición con ciudadanos en una "liguilla de derechas".
En relación con este asunto, ABC titula: "Sánchez desautoriza a la ministra y asume la defensa de Llarena". En una línea semejante, LA RAZÓN subraya que "el PP reprobará a la ministra de Justicia tras desautorizarla Sánchez". Según EL MUNDO, "Sánchez arropa a Delgado solo tras pedir su cese el PP".
Por otro lado, la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, acusó al PP de utilizar "todos los medios a su alcance" para generar más "crispación" en Cataluña, tras exigir el cese de la ministra de Justicia en relación a la defensa de Llarena, Según Belarra, el Gobierno estaba siguiendo "el camino correcto" al no asumir inicialmente la defensa del magistrado en Bélgica, ya que "no se puede defender a un juez por un acto privado", explicó.
Por otra parte, el lehendakai,Íñigo Urkullu, dijo ayer que "no entendería" una "actuación de apoyo del Gobierno" al juez Pablo Llarena ante la demanda civil presentada en Bélgica, tras lo que añadió que la misma responde a unas declaraciones "privadas".
