Un nuevo informe desde Bruselas cuenta una historia paralela: cómo en algunos lugares, como la Comunitat Valenciana o el el Ayuntamiento de Madrid, se han creado agencias exclusivas para acabar con el fraude y la corrupción.
El informe de la Comisión Europea trata los desequilibrios macroeconómicos y cómo España trabaja para lidiar con ellos. Dentro de estos factores que afectan a la economía está la corrupción, protagonista en muchas ocasiones de las noticias políticas. Según la comisión, los “indicadores de lucha contra la corrupción se han mantenido relativamente estables” pero, indican, con “amplias variaciones” entre las Comunidades Autónomas.
Según el ‘Indice de Corrupción” del informe de Competitividad Mundial de 2018, también recogido por la Comisión, España tiene una puntuación de “57 sobre 100“, pero esto es el resultado de una media entre las diferentes regiones, y es uno de los países de la UE con variaciones más grandes.
Desde la UE señalan que España “aún no cuenta con una estrategia nacional para evitar la corrupción”, pero señala que “se han creado planes de prevención y agencias de lucha contra la corrupción en algunas Comunidades Autónomas y municipios”.
Para el director de la Agencia Valenciana de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, Joan Llinares, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunitat Valenciana cumplen “las exigencias de las recomendaciones europeas y la propia Convención Internacional contra la Corrupción” de Naciones Unidas.
La Ley 11/2016, que dio vida a la Agencia, se puso en marcha tras la llegada del Govern del Botànic en 2015, tras un contexto de corrupción que salpicaba a gran parte del ámbito público, desde la Generalitat y el Ayuntamiento de València hasta la malversación en la construcción de colegios públicos. Según se indica en la misma Ley, “muchas de las causas de la corrupción” se encuentran por “no haber creado mecanismos reales de participación ciudadana en el control eficaz de las instituciones”.
Para Llinares, parte del reconocimiento de la agencia recae en esa “participación ciudadana”. “Según la ley de creación, la Agencia tiene potestad para proteger a quienes denuncien la corrupción“, detalla el Director. Es una acción que, además, “se ve reforzada” por la capacidad “sancionadora”: desde los 200€ de las infracciones leves a los 400.000€ de las muy graves.
Según la Comisión Europea, la “lucha por la corrupción” influye de forma crítica en las decisiones sobre la inversión en cada región, y señala, precisamente, la necesidad de proteger a los denunciantes: “Castigar debidamente la corrupción, proteger a quienes denuncian y eliminar obstáculos para poder enjuiciar”, señala como elementos más importantes. Tras 4 años, la opacidad del PP ha pasado a una Agencia contra el fraude y la corrupción y una Oficina de Transparencia. Los mismos que negaban información ahora deben comparecer en comisiones de investigación.
La Junta Electoral ha obligado a Ciudadanos a retirar la lona gigante que había colocado en Valencia para denunciar los "enchufes" de PSPV-PSOE y Compromís en el caso sobre su supuesta financiación irregular.Durante el primer trimestre de este año, los jueces españoles dictaron auto de juicio oral o procedimiento contra 85 personas por delitos de corrupción. De ellos, casi la mitad de los encausados (40) fueron en la Comunidad Valenciana. Una cifra que supera con creces la de otras autonomías como Andalucía (la segunda región con 22 encausados), Madrid (11) y Baleares (6). Por contra, hay hasta 10 autonomías que mantienen un expediente impoluto con cero imputados en los tres primeros meses de 2018.
Compromís troleo durante la campaña el lema del PP con la web valorseguro.org, que refresca sus casos de corrupción y se burla de Casado. La misma web presenta a Mónica Oltra y a Joan Baldoví como "agentes antifraude" y el lema "si ves un crímen, repórtalo"
La mitad de los acusados en España por corrupción son de la Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana – El Mundo. 19 jun. 2018 · No será fácil levantar la hipoteca reputacional de la Comunidad Valenciana. La estadística que ayer presentó el Consejo General del Poder Judicial es demoledora. Durante el primer.
Las citas a la corrupción de la Comunidad Valenciana en los dos debates televisivos de los líderes nacionales fueron seguidos con especial interés local: En el debate de RTVE la Comunidad Valenciana gozó de un protagonismo fugaz, de apenas unos segundos. Fue por parte de Albert Rivera, el candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno, para repetir las teorías de los candidatos autonómicos de Toni Cantó (Cs) e Isabel Bonig (PP) sobre un supuesto “peligro” de supervivencia del castellano. Ayer, en Atresmedia, la Comunitat se abrió paso unos segundos más; se habló del problema de la infrafinanciación y de la corrupción del PP valenciano.
“Es muy humillante para muchos españoles. El problema territorial no solamente es Catalunya”, aseveraba Pablo Iglesias en una intervención. Fue en el bloque de ‘Política Territorial’ que, para encaminarlo, desde Atresmedia ya le alargaron el nombre a ‘Política Territorial / Cataluña’. El independentismo catalán copó la mayor parte del bloque, con un presidente socialista recordando que no ha pactado con ellos, y un Pablo Casado (PP) y Rivera que anunciaban una especie de ‘catástrofe’ en Catalunya y España si el presidente socialista revalida.
Iglesías señaló que “hay muchos valencianos que tienen un problema de financiación” a los que, asegura, les “ofende” que “solamente se hable de Catalunya cuando se habla del problema territorial”. Tras esto, el candidato de Unides Podem recordó otros de los problemas más sonados, como el tren extremeño, la situación de las isleños de Balears y Canarias, y el problema de la despoblación rural.
Este último apunte también afecta a la Comunitat: el 66% de los municipios de Castelló están en riesgo de desaparecer debido a la ‘España Vacía’.
Tras la intervención de Iglesias sobre el problema territorial, el presidente Pedro Sánchez se quiso sumar a sus reivindicaciones: “Creo que el problema territorial no es solamente Catalunya, aunque sí es cierto que tenemos ahí el epicentro”. Para él es también, “evidentemente”, un problema la financiación autonómica de la Comunitat, además de todos los puntos detallados por Iglesias.
Antes de este gran bloque, sin embargo, Sánchez ya había mencionado a la Comunitat Valenciana, para recordar a Casado el pasado corrupto del PP y a Rivera el de su principal socio. “En la Comunitat hay 3 expresidentes procesados, imputados o involucrados con la corrupción. ¡13 consejeros!“, exclamó. Se refiere a los expresidentes Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps. Ha señalado, además, que uno de estos Consellers está investigado “por haber robado dinero de ayuda a la cooperación para niños enfermos de VIH en Haití”. Es el caso del exconseller Rafael Blasco, que coincidió parte su cartera con la actual candidata del PP a la Generalitat, Isabel Bonig.
Sánchez pretendía con esta intervención, sobre todo, recalcar a Rivera el pasado del PP para señalar que, pese a ello, hace “un cordón sanitario al Partido Socialista” pero no a los populares o a la ultraderecha de Vox: “En Valencia lo que había era un Parque Temático de la Corrupción
