domingo,5 diciembre 2021
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Génova encargó miles de tuit pro reforma laboral y educativa

Condenada por comisiones ilegales la extinta CDC, Púnica salta del PP de Madrid al nacional

Redacción
Junto a la condena a CDC por cobrar comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública a la constructora Ferrovia​​​​​​​l, se ha conocido que, en plena reforma laboral, subida de impuestos y aumento de tasas universitarias, el Partido Popular nacional contrató en marzo de 2012 los servicios del presunto conseguidor de la trama Púnica, acusado de prestar servicios de imagen pagados por empresas privadas, aunque en este caso hay una factura de 21.240 euros al PP.

Según El Independiente,  la Guardia Civil concluye que “tras la prestación de servicios durante la campaña de 2011 para el PP regional de Madrid, Alejandro de Pedro comercializó sus servicios al PP Nacional para el posicionamiento online por Genova 13 de contenidos favorables a la campaña de reformas del gobierno en un proyecto de corto plazo, valorado en 5.000 €, que tras su realización no tuvo continuidad aparentemente”.

Imputado por una de decena delitos distintos, el conseguidor de la Púnica hizo sus primeros negocios de la mano del PP valenciano y de Francisco Granados. El  experto en reputación on line tejió una red de contactos que le permitieron ganar como clientes a Telefónica, Indra, el Real Madrid o Mediaset. Quienes le trataron dudan de sus supuestas habilidades para el marketing en Internet y atribuyen su éxito a las amistades políticas y empresariales.

Aunque la propuesta de trabajo de experto se recibió en 2011, “no es hasta abril de 2012 cuando existe constancia de la materialización de trabajos de reputación online para el PP Nacional mediante un proyecto piloto relativo a la difusión de noticias favorables a la política de reformas puesta en marcha por el Gobierno”. Estaba presupuestado en 5.000 euros y contemplaban dos acciones a corto plazo: en primer lugar, potenciar las acciones enmarcadas dentro del contenido publicado en la página web www.laverdaddelasreformas.es; y, en segundo término, acciones de dinamización de contenidos en la red social Twitter. Se trataba de lanzar 5000 tuits a través de 350 perfiles falsos creados por la empresa EICO, perteneciente a De Pedro, para contrarrestar los comentarios perjudiciales para la imagen de los populares.

De Pedro llegó a elaborar un proyecto piloto en torno a la mejora del posicionamiento online de las reformas aplicadas por el Gobierno de Rajoy

Asimismo, en su informe, los agentes de la Guardia Civil ponen de manifiesto que el enlace entre el presunto conseguidor de Púnica y la dirección nacional del partido fueron dos personas: José Manuel Moreno, director de Sistemas de Información del PP –imputado en el caso de los discos duros- y Cristina Mena González, responsable de contenidos y webs del área de comunicación del partido. Por ejemplo, el 22 de mayo a las 18:45 horas, De Pedro y Mena cruzan una cadena de mails con el objeto de contrarrestar en internet noticias desfavorables vinculadas con la huelga educativa.

Veinticuatro horas más tarde, el 23 de mayo de 2012 a las 19:03 horas, desde la cuenta de Cristina Mena se expone que le manda al conseguidor un documento con tweets sobre la reforma laboral. Un día después, la empleada del PP envía otro correo a Alejandro de Pedro, indicando que “están a tope y están dando mucha caña al tema educación por la protesta de los rectores, que le pasa varias noticias”.

El 28 de mayo, De Pedro envío a otro mail a Mena donde le remite un informe final de actuación. El adjunto a dicha comunicación muestra un informe de actuación sobre “La verdad de las reformas”. “El informe remitido describe las acciones acometidas desde EICO en el marco de este proyecto piloto consistentes a grandes rasgos en la generación y difusión de noticias favorables al cliente en diarios controlados por EICO, en la viralización en redes sociales de dichas noticias o en la generación y difusión de mensajes en la red social Twitter mediante la red de perfiles falsos creada por EICO”, recalca la UCO.

Los agentes explican que pese a que aquellos trabajos llegaron a materializarse “no se ha hallado entre la documentación disponible factura u otro documento justificativo del pago de los mismos aunque como se ha señalado consta en la documentación tributaria de EICO la facturación en el año 2012 de la cantidad de 21.240 € al Partido Popular, desconociéndose en este momento si corresponden a estos u otros trabajos”. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, ya tiene encima de la mesa el presente documento de la UCO.

Condena a CDC por cobrar comisiones a Ferrovial

La Audiencia de Barcelona condenó este lunes a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a pagar 6,6 millones de euros por el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública a la constructora Ferrovial. El extesorero de la formación Daniel Osàcar fue condenado a cuatro años y cinco meses de prisión. Además, la sentencia del caso Palau incluye también penas de cárcel para Fèlix Millet, nueve años y ocho meses; Jordi Montull, siete años y seis meses, y a Gemma Montull, cuatro años y seis meses.

Según el tribunal, el dinero se lo repartían Convergència, por una parte, y los responsables de la institución cultural, Fèlix Millet y Jordi Montull, por otra. En concreto, la Audiencia cree probado que el "entramado delictivo" estableció un sistema por el que las cuentas del Palau de la Música servían de "puente" para que Ferrovial pagara comisiones ilegales de hasta el 4%, que CDC se repartía con los exresponsables de la entidad en una proporción del 2,5% y el 1,5%. El tribunal sostiene que, a cambio de estas comisiones, los extesoreros de CDC Daniel Osàcar y Carles Torrent, que murió en 2005, utilizaban su posición política, "por si solos o con el apoyo de otros altos responsables del partido no identificados", para lograr que los órganos que decidían en materia de obra pública autonómicos o locales "generasen un flujo constante" de adjudicaciones a la constructora.

Tras conocer la sentencia, el PDeCAT expresó su respeto por la decisión judicial, pero subrayó que es una "formación nueva", nacida en 2016 con un compromiso de "transparencia", e insistió en que CDC ya ha "asumido las responsabilidades políticas" sobre este caso. Por su parte, el expresidente de la Generalitat y hasta hace unos días presidente del PDeCAT, Artur Mas, dijo que no esperaba una sentencia tan "dura" y recalcó que Convergència ya pagó, con su disolución, "un precio muy alto" por las irregularidades investigadas.

Por su parte, Ferrovial reiteró su "convencimiento" de que las adjudicaciones de obras se hicieron de manera regular y aseguró que la empresa era "ajena al destino final de los fondos entregados al Palau de la Música mediante contratos de patrocinio".

Desde ERC, su portavoz, Sergi Sabrià, pidió que "quien tenga que asumir responsabilidades que las asuma", y advirtió de que Esquerra no mirará "hacia el otro lado" en asuntos de corrupción. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dijo que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull deben "considerar apartarse de la función pública". El PSC apuntó que Mas y Puigdemont son "responsables" del expolio y "deben dar explicaciones" y devolver el dinero.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, subrayó que la condena a CDC demuestra que "la Justicia funciona en toda España, para todos, con independencia de las circunstancia políticas, económicas y sociales". El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, denunció que algunos partidos confunden "patria con patrimonio". Para el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, la sentencia confirma que Convergència era una "organización delictiva" cuyo fin era "saquear a los catalanes" en beneficio propio, y cargó contra Puigdemont por no levantar "el dedo" para denunciarlo.

La sentencia que condena a CDC acapara las primeras de todos los diariosEL PAÍS destaca en portada que "el partido de Puigdemont y Mas cobró comisiones ilegales". En páginas interiores, apunta que "la condena a Convergència complica los planes del separatismo", y, en concreto, "dificulta aún más la investidura de Carles Puigdemont". EL MUNDO dice que "el caso Palau acorrala al PDeCAT", y "marca la elección del nuevo Parlament esta semana". ABC subraya en su primera que "las mordidas sepultan al partido que ha roto Cataluña en dos". EL PERIÓDICO considera que la sentencia es "el epitafio de CDC", y LA VANGUARDIA señala que "confirma la existencia del 3%". LA RAZÓN abre con el siguiente titular: "Convergència nos roba".

 

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