La constitución de este grupo de trabajo, que cuenta con la oposición de la asociación estatal de gerentes sociales, es fruto de un mandato de la Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado 17 de enero. Está compuesto por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, las Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias.
En esta primera reunión, se ha anunciado que la tarjeta social será universal. Englobará las prestaciones económicas a cargo de las Administraciones Públicas o provenientes de fondos públicos que perciba un ciudadano y permitirá identificar las situaciones que mejoren el diseño de las políticas sociales
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Por lo tanto, estarán incluidas en el sistema de Tarjeta Social todas las prestaciones económicas gestionadas por órganos y organismos de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Los trabajos previos han concluido que una parte importante de esas prestaciones están ya en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas creado por el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
La tarjeta social permitirá así incorporar nuevas prestaciones e información y mejorar los mecanismos de diagnóstico para el diseño y desarrollo de políticas públicas para los ciudadanos. Por otro lado, la tarjeta social amplía los mecanismos de participación, a través de un sistema abierto que permita sumar programas también del tercer sector y entidades públicas y privadas a través de la responsabilidad social corporativa.
Esta tarjeta ofrecerá a las Administraciones Públicas encargadas de diseñar las políticas sociales una base de datos y una herramienta de análisis estadístico que les va a permitir detectar con precisión las situaciones de vulnerabilidad. Esto permitirá mejorar la coordinación entre las políticas de empleo y las políticas sociales y evitará situaciones de desprotección.
Fátima Báñez afirmó que los trabajos que han comenzado sientan las bases para mejorar en la coordinación de las políticas sociales entre las distintas administraciones. "Juntos, con la tarjeta social, las Administraciones podemos consolidar una salida social de la crisis", aseguró.
Críticas de los gestores de servicios
El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, considera que la creación de una 'Tarjeta Social' como "llave de acceso a un registro de prestaciones sociales públicas", pactada por las comunidades autónomas y el Gobierno durante la Conferencia de Presidentes, es "un retorno al Padrón de Beneficencia" como el que aún estaba vigente en los primeros años de la Democracia, las listas de los ayuntamientos donde debían inscribirse las familias "pobres de solemnidad" para poder acceder a asistencia sanitaria o ayuda alimentaria. Este sistema tuvo su origen en el siglo XIX, con la Ley General de Beneficencia y sus desarrollos normativos, que por primera vez, consideraban una resposabilidad pública atajar la indigencia y la miseria.
"En los años 80 como trabajador social tuve todavía oportunidad de rellenar esas cartillas en las que se declaraban pobres de solemnidad a esas personas", recuerda Ramírez, para explicar que si bien en la Constitución Española se sustituyó el término "beneficencia" por el de "asistencia social", el uso del Padrón Municipal de Beneficencia siguió unos años más. Servía para que las personas en situación de pobreza pudieran acreditar su condición en circunstancias como tener exención de tasas en un documento público o matricular a los niños en un colegio.
En su opinión, volver a este modelo expidiendo una "tarjeta social" a los perceptores de prestaciones públicas, lo que implica enlistarles, "además de ser estigmatizante y un gasto inútil, no tiene sentido" ya que "no aporta ninguna mejora": En la actualidad, con el DNI se puede acceder en tiempo real a toda la información sobre las ayudas y prestaciones que recibe cualquier ciudadano.
Considera además que "es un insulto" que se argumente la creación de este sistema desde el punto de vista de la lucha contra el fraude. "El mayor fraude que se produce en este país está en las grandes empresas, las grandes sociedades y las fortunas, que generan el 70% del total", recuerda José Manuel Ramírez.
"Cuando nosotros estamos dando ayudas económicas de urgencia social o el llamado salario social –prosigue el experto–, estamos dando desde los ayuntamientos cantidades muy pequeñas, no más de 200 o 300 euros, con un procedimiento administrativo, por lo que el control y la coordinación se realizan de manera cotidiana y eficaz", señala, para incidir en que "es falso que se produzca un abuso".
