El ministerio, que prepara los mecanismos necesarios para que millones de potenciales reclamaciones puedan ser atendidas conforme a la ley, apuesta por el sistema extrajudicial de resolución de conflictos.

Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, Garzón ha informado de que la mayor parte de las reclamaciones sobre bienes y servicios no se ha producido todavía. "Es previsible que empiecen a producirse masivamente en las próximas fechas, coincidiendo con la fase de la desescalada", ha considerado el ministro.

Ante este escenario, Garzón ha explicado una estrategia de desescalada con tres ejes: coordinación máxima con las comunidades autónomas, trabajo conjunto con organizaciones de consumidores y usuarios, e impulso a los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos.

Coordinación con las Comunidades Autónomas

Durante su comparecencia, Garzón ha desarrollado los ejes de coordinación con las comunidades autónomas, que pasan por fortalecer e impulsar el Sistema Arbitral de Consumo y reforzar la coordinación que ya se lleva a cabo en la vigilancia de mercado y reclamaciones. Asimismo, Garzón ha explicado que las administraciones han acordado reorientar el actual plan anual de inspección 2020 para adaptarlo e incorporar una línea específica para el control de productos básicos y mascarillas higiénicas.

El ministerio y las comunidades también han afianzado la coordinación ante las reclamaciones y las denuncias sobre abusos y fraudes que prevén que llegarán a las consejerías autonómicas de consumo. Además, se crearán mesas sectoriales específicas conjuntas con las asociaciones de consumidores y agentes de los sectores afectados.

Consumo insta a atender las necesidades nutricionales de niños y niñas en situación de vulnerabilidad

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha pedido a todas las administraciones que mantengan altos criterios de calidad nutricional para las comidas que se proporcionen a niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad.La petición del ministro cuelga de las medidas aprobadas por el Gobierno de España que establecen una dotación extraordinaria a las Comunidades Autónomas para cubrir las necesidades nutricionales de niños y niñas con bajos niveles de renta, a través de menús escolares a domicilio o de recogida de alimentos en negocios establecidos.

Durante su intervención en el Congreso de los Diputados, Garzón ha señalado, evitando referencias a las declaraciones de la presidenta de Madrid Isabel Diaz Ayuso antes de cancelar su polémico contrato de abastecimiento de pizzas a los niños pobres durante la pandemia, que el Ministerio de Consumo "no le dice a nadie lo que tiene que comer", y ha afirmado que su tarea -también durante el estado de alarma- debe ser la de ofrecer información a la ciudadanía sobre consumo saludable y buenos hábitos.

En ese sentido, Garzón ha puesto en valor que desde el Ministerio de Consumo se hayan puesto en marcha campañas de concienciación que han tenido como objetivo contribuir al sostenimiento de hábitos de consumo saludables durante el periodo de confinamiento. Un trabajo "muy celebrado" por los nutricionistas, ha asegurado el ministro.

El ministerio se ha centrado, durante este periodo, en cuestiones referidas a alimentación, pero también en acciones de sensibilización y educación sobre consumo responsable. Desde un punto de vista económico y medioambiental, Consumo ha insistido en cuestiones como evitar la compra de productos excesivamente envasados en plástico o apostar por el comercio de proximidad.

Las campañas puestas en marcha por el ministerio han tenido una importante difusión a través de los medios de comunicación social con los que el Gobierno cuenta, pero también con la colaboración de la amplia mayoría de los medios de comunicación públicos y privados, que han contribuido en la difusión de estas recomendaciones.

Este trabajo, ha señalado Garzón, contrasta con el de la Comunidad de Madrid, que no aplicó los criterios nutricionales contemplados en los pliegos para comedores escolares y, por tanto, debe cambiar esos menús y buscar alternativas adecuadas que cubran las necesidades nutricionales de niños y niñas en situación de vulnerabilidad acrecentadas por el COVID-19, según las conclusiones de un informe de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), elaborado a petición del Ministerio de Consumo.

Garzón se ha basado en este informe para calificar de "lamentable" el nivel de salubridad los menús escolares de la Comunidad de Madrid y ha advertido del impacto considerable que se puede producir por la insuficiente calidad nutricional de la oferta elegida a base de menús de comida rápida.