sábado,16 octubre 2021
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Crisis económica española

Transitar por Eurolandia
La crisis económica internacional que comenzó a aflorar a mediados de 2007 y se hizo explícita en 2008, está teniendo unas consecuencias muy graves para la mayoría de los países. Uno de los que en mayor grado la padece, es España.

 

 

Esta nueva crisis es el resultado de la liberalización financiera, sin límites y sin control que comenzó a gestarse cuando Nixon declaró unilateralmente, en 1971, la no conversión del dólar en oro. La liberalización –entiéndase la financiera principalmente- se impuso como doctrina oficial y práctica económica en la era de Reagan-Thatcher.

 

Como es sabido, desde finales del siglo anterior, debido a los bajos tipos de interés, los bancos estadounidenses comenzaron a conceder hipotecas sin medida –sin valorar el riesgo de los tomadores- cuyos créditos superaban con creces el valor del bien hipotecado. Dichos créditos hipotecarios debidamente empaquetados (en grupos con distinto grado de riesgo) se titulizaron y los bancos los vendieron a los hedge funds (fondos de cobertura de riesgos o también de inversión libre) que se caracterizan por la ausencia de regulación y de supervisión por parte de la autoridad monetaria y que son administrados por bancos de inversión, gestoras de fondos (incluidos los de pensiones), etc. Su objetivo básico es la especulación en el mercado bursátil utilizando prácticas inimaginables.

 

A través de estas técnicas los bancos de de Estados Unidos han llenado el mundo de basura financiera, principalmente a su propio mercado y al de la Unión Europea, incluida España.

 

En el caso de España, a la crisis financiera internacional se ha superpuesto la que ha ido generando la economía española como consecuencia de la burbuja inmobiliaria que comenzó a formarse a mediados de los años noventa. En nuestro caso, de forma similar a lo sucedido en Estados Unidos, los bajos tipos de interés que han existido desde mediados de los noventa del pasado siglo en adelante incentivaron a la banca privada y a las cajas de ahorros a dar créditos hipotecarios sobrevalorados a todo peticionarios (las subprimes a la española). A ello se añadió la política liberal del PP que propició la Ley 6/1998 de 13 de abril, sobre régimen del suelo, en cuya exposición de motivos se decía que con el fin de facilitar su oferta todo “…el suelo que todavía no ha sido incorporado al proceso urbano en el que no concurran razones para su preservación pueda considerarse como susceptible de ser urbanizado”.

 

En clima tan favorable, los especuladores del sector, con el beneplácito de las autoridades políticas (particularmente las autonómicas y locales que son las que tienen las competencias en urbanismo), desarrollaron la denominada cultura del pelotazo –el negocio de la vivienda- que tan felices y ricos hicieron a los españoles durante unos años.

 

En este afán desmedido por el negocio fácil, las familias y las empresas se endeudaron sin medida. Se incrementó el consumo nacional –a costa del ahorro que comenzó a caer de manera drástica- y la inversión (en torno al 58% de la misma destinada a la construcción, con crecimientos anuales que se situaron en torno al 12% en 2006 y 2007). Como consecuencia de ese derroche, España incrementó sus necesidades de financiación que fueron cubiertas por el ahorro externo (principalmente procedente de Alemania y Francia, que explican su honda preocupación actual por la deriva española): entre 2002 y 2008 las necesidades de financiación llegaron a alcanzar el 9,6% del PIB en 2007 y el 9% 2008, porcentaje que equivale, en términos absolutos, a unos 100 mil millones de euros.

 

Según las Cuentas Financieras del Banco de España, en 2008 el endeudamiento español con el resto del mundo ascendía a 2.887.881 millones de euros, lo que equivalía al 263,7% del PIB (cada uno de los 45 millones de españoles debíamos a no residentes una media de unos 64.000 euros). Por sectores prestarios, el reparto del endeudamiento externo –en miles de millones de euros y en % del PIB- era así: administraciones públicas 506,4 (46,2%); empresas 1.467,4 (134%) y familias e instituciones privadas sin fines de lucro 914,1 (83,5%).

 

Por consiguiente, el endeudamiento español en términos relativos es de los mayores del mundo. Con todo, el problema real reside en el endeudamiento del sector privado, de las familias y, sobre todo, de las sociedades no financieras, cuyo incremento en la morosidad ha provocado la práctica bancarrota de las cajas de ahorro y está llevando a la insolvencia a algunos bancos. El endeudamiento público, incluidas todas las administraciones, de la estatal a la local pasando por la autonómica, no obstante su considerable deterioro en 2009, no es peor que el de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Japón e incluso Alemania (todos ellos superan a España y algunos lo doblan). Lo que ocurre es que la mayoría de estos países son los acreedores de España y donde se ubican las agencias de calificación y los medios de comunicación que conforman la opinión mundial.

 

Lo que realmente ha alarmado a la Eurozona y a los mercados financieros internacionales, ha sido la ineptitud del gobierno español que, en lugar de afrontar de raíz el problema explicándolo y tomando las medidas apropiadas, ha continuado ignorando la crisis y derrochando sin limites hasta situar el déficit del presupuesto de la administración pública en el 11,2% del PIB en 2009, el del exterior en un 9% también del PIB y la tasa de paro en más del 20% de la población activa. España, lo mismo que en 1959, de nuevo amenaza insolvencia internacional y ante la misma se claudica: no existe más alternativa que rectificar. Son las reglas inexorables del juego internacional y de la Eurozona. Lo demás es pura demagogia.

 

 

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