CRUE publica una guía de protección de datos universitarios que elude su cesión al Banco Santander

La guia no cita en ninguna de sus 80 páginas al Banco Santander ni el escándalo suscitado hace un año por la noticia de que los rectores ceden la universidad al Santander para que monopolice datos e ingresos y pagos de dinero público y privado, difundida tras lanzar la CRUE una app académica, sin concurso público y dando al Banco Santander una vía exclusiva para ofrecer sus servicios financieros a la comunidad universitaria, lo que ya tiene al monopolizar ingresos y pagos públicos y priovados de la mayoría de las universidades. Herramienta que permitiría al banco de los Botin, con la autorización del usuario, conseguir datos personales y académicos de alumnos y profesores para "elaborar perfiles" y ofrecer servicios financieros individualizados. La CRUE colaboró nuevamente días pasados con el Banco Santander según destaca en su web con la preserntación del Informe CYD 2018, según el cual la universidad española "responde con solvencia a las demandas de la sociedad, las transformaciones económicas y sociales fruto del cambio tecnológico proponen retos y desafíos que precisan de más recursos y de una reforma del marco legal al que está sometida".

"La Guía que se presenta consta de 13 apartados y pretende dar respuesta a las cuestiones planteadas a través de la buena práctica de cada caso concreto. El texto, contemplado como un documento abierto, podrá ser objeto de actualización y de ampliación por el Grupo de trabajo de Protección de Datos –de reciente creación– con la finalidad de adaptarlo a las necesidades de las universidades, que irán surgiendo conforme se vaya aplicando la nueva legislación en protección de datos. Quiero agradecer su colaboración a todas aquellas universidades que respondieron el cuestionario (54 universidades en total: 38 públicas y 16 privadas, de las 76 asociadas a Crue)", indica en su presentación José Antonio Mayoral Presidente de Crue-Secretarías Generales Rector de la Universidad de Zaragoza, quien hace extensible su agradecimiento a la Agencia Española de Protección de Datos y su directora, Mar España, al Grupo de Trabajo de Crue Universidades Españolas que ha elaborado el documento, al altruismo de Francisca Fuentes, de la Universidad de Cádiz, y responsable del proyecto; al coordinador del proyecto,Francisco Manuel Barrera, de la Universidad de Granada; a María Ángeles Piedra, de la Universidad de Almería; a Juana María Zapata, de la Universidad Politécnica de Cartagena; y a Gloria Rodríguez, de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Muchas gracias a todos los que han hecho posible este documento.

Participantes en la presentación de la Guia.

Dice esta presentación que la publicación de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en diciembre de 2013; el Reglamento General de Protección de Datos, de plena aplicación desde mayo de 2018, así como la de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el pasado mes de diciembre, hicieron necesario la posibilidad de contar con una Guía de buenas prácticas que recogiera las principales cuestiones recibidas en las Universidades sobre temas de transparencia y protección de datos.

El proceso de elaboración de la Guía se inició en septiembre de 2017, pues cuatro años después de publicarse la citada Ley "en la mayoría de las ocasiones no resulta fácil determinar cuándo prevalece el derecho de acceso y cuándo el de protección de datos de carácter personal, generándose dudas e incertidumbre en las respuestas a las solicitudes de acceso a la información", asegura en ña introducción Francisca Fuentes Rodríguez Presidenta del Grupo de Trabajo de Gabinetes Jurídicos de Crue-Secretarías Generales (julio 2017 – abril 2019) y Secretaria General de la Universidad de Cádiz (2012-2019)

En este escenario, en julio de 2017, Crue-Secretarías Generales encarga al Grupo de Trabajo de Gabinetes Jurídicos la elaboración de una Guía de buenas prácticas en materia de transparencia y protección de datos con el objetivo de ayudar a las universidades a la hora de responder a las solicitudes de acceso a la información pública recibidas. Para llevar a cabo esta tarea se constituyó un grupo de trabajo que ha desarrollado una intensa labor en la que se han implicado los Gabinetes Jurídicos de todas las universidades españolas y que es de justicia exponer, aunque sea de manera muy breve

A partir de la Ley de 2013 se hace necesario atender a las obligaciones previstas tanto de publicidad activa como de derecho de los ciudadanos de acceso a la información pública, entendida ésta como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” (artículo 13). Este derecho de acceso, definido de una forma tan amplia, se va a ver limitado, sin embargo, en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. Entre ellos, y de forma relevante, se encuentra el derecho a la protección de los datos personales, por lo que la Ley aclara la relación entre ambos derechos estableciendo determinados mecanismos de equilibrio. Así, si en la medida en que la información afecte directamente a la organización o actividad pública del órgano prevalecerá el acceso, mientras que, por otro, para el acceso a los datos que la normativa califica como especialmente protegidos se requerirá, con carácter general, el consentimiento de su titular. Finalmente, señala la norma que cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, para conceder el acceso habrá que hacer una ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, estableciendo determinados criterios para llevar a cabo dicha ponderación (artículo 15).