La oferta de Ciudadanos coincidió con la decisión judicial sobre la presunta falsificación del máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos de citar como investigada a la expresidenta madrileña el próximo 26 de junio por los delitos de falsificación de documento público y cohecho. La juez decidio tras escuchar a las profesoras cuyas firmas aparecían en el acta que acreditaba que Cifuentes había presentado un Trabajo de Fin de Máster(TFM), a quien se modificó su situación procesal de testigo a investigada por un delito de prevaricación administrativa por haber calificado a alumnos que no habían participado en el máster, mientras el exresponsable de Negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica aseguraba a la Fiscalía que fue presionado por el Gobierno de Cifuentes para "manipular" valoraciones con el objetivo de incriminar a Ignacio González.
"El nuevo proyecto de ley para la reforma universitaria presentado por Ciudadanos camina en la dirección adecuada". "No se entiende que todos los partidos denuncien las deficiencias de la universidad y luego no se pongan de acuerdo para solventarlas", dice EL MUNDO en el único editorial de valoración del proyecto de ciudadanos publicado hasta ahora por la prensa impresa, tras resaltar medidas audaces como la financiación basada en resultados, de modo que quienes lo hagan mejor reciban más dinero, incentivo meritocrático que ha funcionado muy bien en otros países; elegir frente a la endogamia a los miembros de los tribunales por sorteo, así como eliminar el clientelismo que actualmente rige en los consejos sociales, verdaderas puertas giratorias de la política. Y para instaurar la necesaria transparencia, aboga por sistemas de detección de plagio, por la obligatoriedad de publicar las tesis y los Trabajos de Fin de Máster y por la competencia de la Alta Inspección del Estado para vigilar los procesos internos, fiscalizados asimismo por un consejo de transparencia formado por personal ajeno a la universidad que reciba denuncias y proteja la identidad del denunciante.
Este proyecto de Ley por la Transparencia y Regeneración de la Universidad Pública Española fue presentado en el Congreso ante rectores, concejales y militantes por el líder de la formación naranja, Albert Rivera; el responsable de Economía, Luis Garicano; la portavoz de Educación, Marta Martín, y el portavoz en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado. Todos ellos coincidieron en que las irregularidades detectadas en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid con Cifuentes no se hubieran producido de existir una ley como la que defienden y que se registrará en los próximos días.
Ciudadanos propone, entre otras cosas, que la convocatoria de plazas docentes sean públicas o que sean accesible de forma "online" los trabajos de fin de carrera, de máster y de doctorado (estos últimos ya lo son pero la formación naranja cree que nadie lo comprueba).
Rivera quiere lograr una mayor rendición de cuentas, más protección de las personas que denuncien alguna irregularidad (en el caso de Cifuentes el profesor denunciante acudió a la prensa) y más transparencia en los trabajos académicos.Respecto a ese punto, Rivera ha comentado que "de quien se oponga habrá que sospechar de sus trabajos académicos".
Ciudadanos espera contar con el apoyo del resto de grupos parlamentarios y conseguir "a corto plazo y con pocos recursos" que se restablezca la confianza en la universidad publica, según Rivera.
Por su parte, Aguado ha recordado que la polémica del máster de Cifuentes "ha generado una crisis de las más importantes en la Comunidad de Madrid", y ha asegurado que debajo de esta crisis política hay "una crisis de credibilidad".
Y ha abogado por "ser valientes" -se lo ha pedido al PP y al PSOE- para superar "la enfermedad" que afecta a la universidad pública.
Sobre la URJC, Aguado ha señalado que sus 42.000 alumnos anuales "no son un número, sino 42.000 sueños que quieren que la universidad sea el trampolín para su futuro".
"Debemos llegar hasta el final y poner reformas encima de la mesa" sin "escudarnos en la autonomía universitaria", ha añadido.
Marta Martín, que lleva más de veinte años ligada a la Universidad de Alicante, ha reconocido que lo que ha pasado con el máster Cifuentes "no es lo normal" en las facultades, pero ha dicho que tras estos "fallos muy gordos" hacen falta más controles internos y externos de las universidades.
Además de las medidas anunciadas por Rivera, Martín ha especificado que se debe dotar a los Consejos Sociales de las universidades (conectan estas con la sociedad) de más objetividad fijando que sus miembros se elijan por mérito y capacidad y que sean independientes, "sin mochila política".
También se propone que se incluya la web donde se cuelguen los trabajos académicos un software antiplagio para que sea más difícil copiar y aumente la calidad académica y mejore la transferencia de conocimientos.
Garicano ha criticado que en las universidades pueda ocurrir que los candidatos a docentes sean los que escogen a los tribunales y ha comentado que Ciudadanos quiere que sea pública la convocatoria de plazas, con dos fechas al año, y que la mayoría de los tribunales estén formados con investigadores.
En cuanto a la financiación adicional a las universidades, Garicano ha instado a que esté ligada a la calidad en la investigación y la docencia
