Derecho a la Integridad personal y Consentimiento libremente Informado. Recomendaciones de la ONU

Desarrollo del Informe alternativo conjunto Activament/Hierbabuena; Activament había convocado previamente a través de su página web (www.activament.org/es/) a aquellas personas afectadas sobre todo En Primera Persona, pero también a familiares y profesionales, a que enviasen de forma totalmente anónima sus testimonios sobre malas praxis sufridas dentro del sistema sanitario de salud mental. Se recibieron decenas de testimonios distinguiendo en su distribución únicamente por  género y condición (afectado, familiar o profesional).
 
El trabajo colaborativo se desarrolló por tareas asignadas y en mi caso aporté las consideraciones que estimé necesarias y que como Afectad@ En Primera Persona del marco institucional español (regulaciones vigentes y prácticas autorizadas) se referían al artículo 15, 17 y 25 letra d) de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, tratado de derecho internacional de Naciones Unidas ratificado por España por Instrumento publicado en el BOE de 21 de abril de 2008) así como por su Protocolo Facultativo (Instrumento de Ratificación publicado en el BOE de 22 de abril de 2008).
 Estos artículos establecen lo siguiente:

Artículo 17 Protección de la integridad personal .Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás.  
 
Artículo 15 Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido a experimentos médicos o científicos sin su libre consentimiento . 2.Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra índole que sean efectivas para evitar que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.”
 
Artículo 25 Derecho a la salud Los Estados Partes (…) d) Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado(…)”

Gracias a nuestras aportaciones y a las de muchas otras de organizaciones de la sociedad civil como el Cermi,  y muy especialmente de las de Afectados En Primera Persona, como ENUSP, que es la línea que finalmente sigue el Comité éste el 13 de mayo de 2019, publicó sus Observaciones finales resultado del 21º periodo de sesiones (11 de marzo a 5 de abril de 2019). En éstas por un lado recomienda a España;

En el artículo 7, letra a) que “Diseñe y aplique una política centrada en garantizar el pleno respeto de los derechos…, en particular con discapacidad psicosocial, entre otras cosas velando por la aplicación de disposiciones basadas en los derechos humanos en los sistemas de salud mental(…)”
 
 
En el artículo 28 “exhorta al Estado a que cumpla las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14 de la Convención y se guíe por las directrices del Comité sobre el artículo 14 (2015) en los debates regionales sobre la aprobación del proyecto de protocolo adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina, titulado “La protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos mentales con respecto al internamiento y el tratamiento involuntarios”.
 
En el artículo 29 (referido al cumplimiento del artículo 15 de la Convención) al Comité le preocupa que el artículo 9 de la Ley de Autonomía del Paciente y el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permitan el empleo de medios de contención física, mecánica y farmacológica, en particular la medicación forzada, la sobremedicación, la terapia electroconvulsiva y demás tratamientos sin el consentimiento libre e informado del afectado. También le preocupa la información según la cual el Estado parte tergiversa el consentimiento informado, que , en la práctica, resulta un consentimiento forzado. Le preocupa que las personas con discapacidad internadas en instituciones, en especial las personas con discapacidad intelectual, corran el riesgo de ser sometidas a vejaciones o malos tratos. Considera para ello preocupante que no exista un mecanismo independiente de derechos humanos de supervisión”
 

Y por último en el artículo 30: a) Eliminar el uso de medidas de contención relacionadas con la discapacidad en todos los entornos; b) Asegurar que se obtiene el consentimiento libre e informado en todos los procedimientos y todas las etapas del sistema de salud mental; c) Tomar medidas inmediatas para que dejen de infligirse tratos crueles, inhumanos o degradantes a las personas con discapacidad; y d) Contar con la participación activa y en igualdad de condiciones de las organizaciones de personas con discapacidad psicosocial, creando además un mecanismo independiente basado en los derechos humanos que supervise los centros y servicios de salud mental de todas las comunidades autónomas”[1]