No han funcionado los mecanismos de control de las posibles decisiones oportunistas de los directivos de las grandes empresas. Éstos han actuado en muchas ocasiones en beneficio propio, en contra de los intereses de los propietarios (shareholders) y causando perjuicio a los demás grupos de interés (stakeholders) -no son solo consumidores que pueden pagar precios abusivos, también los trabajadores con empleos cada vez más precarios que no reciben formación, y los proveedores, muchas veces empresarios, autónomos y pymes que, no pueden negociar en igualdad de oportunidades-.
Los directivos de las grandes empresas han tenido demasiadas veces comportamientos cortoplacistas ineficientes que han dado lugar a resultados insostenibles para las empresas y para la economía del país. Comportamientos como la asunción de riesgos excesivos en el sector inmobiliario y en proyectos empresariales que no generaban valor económico. Además de otras decisiones de los directivos que han buscado su propio interés y no el incremento del valor de las entidades que dirigían, como la aprobación de retribuciones, “bonus”, planes de “stock options” y planes de pensiones para ellos mismos, que son obscenos tanto por su misma existencia como por sus desaforadas cuantías. Y mientras la precariedad laboral ha ido creciendo, la desigualdad salarial ha ido aumentando, la cohesión social se ha ido debilitando y se ha ido agravando el deterioro medioambiental del planeta. Con el resultado de que estamos asistiendo no sólo a una crisis financiera y económica sino también a una crisis social y ética.
Ante estos problemas de agencia, que surgen tanto de la relación tradicional entre directivos y accionistas como de la nueva y más importante entre las empresas y la sociedad, es necesario que funcionen mecanismos para proteger a los inversores del riesgo de abuso de los directivos una vez pierden el control sobre los recursos financieros que invierten, y proteger, a la vez, los intereses de los demás grupos de interés presentes en las empresas, al fomentar la sostenibilidad de sus actividades.
Democratizar la economía
El principal objetivo es lograr la necesaria democratización de la economía, acabar con el “capitalismo de amiguetes”, mejorando los mecanismos, internos y externos, de gobierno corporativo a través de una mejor regulación y un papel del Estado más activo en la supervisión y el control. Para hacer efectivo que el capitalismo se base en la libre competencia y en la igualdad de oportunidades para todas las empresas.
Las normas y las recomendaciones actuales no han proporcionado el control necesario para reforzar las buenas prácticas empresariales. Sin menospreciar el valor de las recomendaciones y del modelo de “cumplir o explicar” previsto en el Código Unificado de buen gobierno de las sociedades cotizadas, surge la necesidad de nuevas normas en materia de gobierno de las empresas que permitan mejorar la eficacia y responsabilidad en la gestión de las sociedades españolas. En nuestro entorno internacional comparado se están produciendo estos cambios, y en consecuencia si no se implementan en nuestro país las grandes empresas españolas perderán competitividad relativa frente al exterior.
Para lograr esta democratización de la economía será preciso también modificar los organismos reguladores para garantizar que la mayor competencia en los mercados de bienes y servicios funcione como mecanismo externo del gobierno corporativo.
Propuestas
La propia OCDE, aunque mantiene que los códigos de buenas prácticas de gobierno corporativo son una alternativa adecuada a la regulación, invita a los gobiernos a que revisen con regularidad su marco normativo y la capacidad supervisora de sus autoridades competentes. En ese sentido, la crisis financiera que se inicia en 2008 ha puesto de manifiesto graves deficiencias en la aplicación de los principios de gobierno corporativo y que es preciso establecer normas de obligado cumplimiento.
Precisamente, siguiendo las recomendaciones de la Comisión de expertos en materia de Gobierno Corporativo (creada por Acuerdo de Consejo de Ministros el 10 de mayo de 2013), el pasado miércoles 3 de diciembre se ha aprobado la Ley 31/2014 por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo (BOE Núm. 293, 4 de diciembre de 2014), que introduce cambios normativos en esta materia.
Supone un avance, aunque son propuestas normativas para ser aplicadas sólo a sociedades cuyas acciones cotizan en un mercado secundario oficial de valores. Resulta conveniente extender la aplicación del conjunto de las normas propuestas al menos a todas las sociedades cuyas acciones estén admitidas a cotización en sistemas multilaterales de negociación debidamente reconocidos.
Las medidas que se deben poner en marcha van en la dirección de:
Mejorar los mecanismos internos de gobierno corporativo.
Mejorar el funcionamiento de los organismos reguladores.
Avanzar hacia un modelo de empresa “multi-stakeholder”, democratizando la empresa y equilibrando el reparto de excedentes en relación con la asunción de riesgos.
Mejorar la transparencia y la calidad de la información.
(El detalle de estas aparece en Economístas frente a la crisis)
