Según los denunciantes, el proyecto Sener-Conacyt 160015, que durante 4 años desarrollaron la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por medio de un equipo instalado en el Instituto de Investigaciones de Materiales (IIM), y la empresa Dowell Schulumberger, se convirtió en un compendio de irregularidades, en algunos casos con posibles consecuencias penales, provocadas y solapadas por las altas autoridades de la Universidad: desde la dirección del IIM hasta los rectorados de José Narro Robles y Enrique Graue Wiechers, pasando por los abogados generales y la Contraloría de la Universidad.
La investigación científica, enfocada en el análisis y predicción de las propiedades y calidades de mezclas de crudos mexicanos, y en el desarrollo de la tecnología para lograrlo, habría desembocado en una historia de falsificación de firmas; de desaparición y desvío de recursos millonarios; de represalias contra académicos e investigadores que denunciaron la corrupción; de sabotaje del estudio y acoso contra los alumnos adscritos a él; de destrucción y abandono de equipos y laboratorio… todo por parte de funcionarios administrativos encabezados presuntamente por la directora del Instituto, Ana María Martínez Vázquez.
“La Universidad debería ser un ejemplo de transparencia en manejo de recursos públicos. Y si hay regularidades, éstas deben ser investigadas; no hay justificaciones para no hacerlo”, señala el doctor Alfonso Bouzas, investigador el Instituto de Investigaciones Económicas y exconsejero universitario.
El artículo completo sobre estas denuncias puede encontrarse en la página voltairenet
Perdida de medio millón de empleos por la corrupción
Mientras se difunde esta noticia, el presidente Enrique Peña Nieto publica este jueves en El País una tribuna asegurando que "La creación de un sistema federal de vigilancia y prevención del delito supondrá un cambio de paradigma" en México, donde según el Instituto para la Competitividad cada año los actos de corrupción en el país cuestan hasta un 10% del PIB, el 5% de la Inversión Extranjera Directa que recibe el país, y causan la pérdida de 480.000 empleos. Pero añade que durante los últimos tres años el Estado Mexicano en su conjunto ha sentado las bases para combatir la corrupción a fondo. Destacan como nuevos pilares institucionales la creación del Sistema Nacional de Transparencia y, a partir de esta semana, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Este organismo convoca a todos los órganos e instituciones encargados de combatir la corrupción para trabajar de forma coordinada.
También facilitará una mayor coordinación entre las autoridades federales y locales, para vigilar la correcta utilización de los recursos públicos. Además, las entidades federativas deberán integrar sus propios sistemas locales, a partir de lo establecido por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Con ello, se garantiza que el SNA opere de manera estandarizada en todo el territorio nacional.
El presidente dice que el nuevo sistema promoverá la prevención, la investigación y, en su caso, la sanción de los casos de corrupción. Contará con mecanismos de prevención, como códigos de ética, protocolos de actuación y selección rigurosa de los integrantes de los órganos internos de control de cada dependencia federal. Asimismo, incluirá instrumentos obligatorios de rendición de cuentas para los servidores públicos.
