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POLÍTICAS
Sólo 2 líneas a Cataluña y 2 de sus 49 folios a fiscalidad

Derogar LOMCE y reforma laboral, y controlar becas y fraudes, objetivos del Gobierno PSOE-Podemos

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, tras la firma del acuerdo.

Cambio digital y climático y justicia social, ante todo en contratación laboral (que resumimos) y educación-sanidad-pensiones y consumidores (lo reproducimos textualmente) son los objetivos del Gobierno de la España que avanza ante la que bloquea, según la presentación este lunes hecha por el candidato a presidente Pedro Sánchez y a vicepresidente primero Pablo Iglesias en el Congreso.El programa anuncia derogar LOMCE y reforma laboral.Sólo dedica 2 de 49 páginas a lo fiscal;las damos literales
Redacción / actualizada 31 de diciembre 2019 a las 19,45 31 de diciembre de 2019 Enviar a un amigo
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Sánchez, lidel del PSOE, e Iglesias, por Unidas Podemos, presentaron este lunes por la tarde el acuerdo programático  entre ambas formaciones para el primer Gobierno de coalición de la actual democracia española, que en lo  económico prevé subir el IRPF dos puntos para las rentas de más de 130.000 euros, y cuatro puntos para las de más de 300.000 euros. Además, el tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales a partir de 140.000 euros. Estas pagarán hasta el 27%, frente al 23% Se comprometen también a elevar el salario mínimo hasta 1.200 euros durante la legislatura, entre las numerosas medidas anunciadas, gran parte de ellas pendientes de aprobar los Presupuestos del Estado para 2020 u otras normas a consensuar con expertos o representaciones sociales. La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) protestó enérgicamente por el trato a los medios en la presentación, donde solo se admitió la presencia de gráficos, dejándose fuera a los redactores encargados de elaborar la información y evitando así responder a sus preguntas

Sin embargo, este programa apenas dedica dos de sus 49 páginas a concretar sus imprescindibles instrumentos fiscales y presupuestarios (reproducimos también el texto íntegro de este apartado al final), cuyo impacto recaudatorio no estima. Además de las indicadas subidas de IRPF, se anuncian nuevamente el impuesto a grandes digitales o Google Tax y el Impuesto sobre las transacciones financieras y una Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. También se reformará el impuesto sobre sociedades (IS) garantizando una tributación mínima del 15% , que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Y se limitarán las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciendo en un 5% las exenciones matriz-filial. El Sindicato de Técnicos de Hacienda
considera (Gestha) opina que el aumento de recaudación anual con las medidas fiscales inmediatas sería de varios cientos de millones y algunas fuentes atribuyen al Gobierno la estimación de que elevaría la recaudación unos 5.000 millones, aunque el aumento de gasto anunciado podria rondar los 30.000 millones de euros.    

Es más detallado, por el contrario, en asuntos de cambio climático, sectores económicos, nuevos derechos y memoria democrática, cultura y deportes, despoblación, y especialmente en políticas feministas, donde reitera y detalla objetivos como los de atraer y retener el talento de las mujeres, con un paquete de medidas para potenciar la contratación sin sesgos, y la creación de entornos de trabajo diversos; medidas para evitar la discriminación por los periodos de maternidad de las investigadoras, e incluso fiscalidad con perspectiva de género: “abordar la desactivación de lo que se denomina “tasa rosa”, es decir, el incremento de precio de un mismo producto cuando se trata de una “versión femenina”, y también “la fiscalidad con perspectiva de género”.

Breves palabras de Iglesias y Sánchez 

"Abordaremos el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual", en esta frase  resume el programa de Gobierno las soluciones acordadas con el objetivo de sacar mayoria en el debate de investidura que ahora se prevé para los días 4,5 y 7 de enero, una vez confirmada la abstención de los 13 diputados de ERC, la mayor de las 9 fuerzas nacionalistas y regionalistas que permitirian la investidura y eventualmente la aprobación de los Presupuestos del Estado 2020.   

Se trata de "un acuerdo histórico que inaugura una nueva etapa para nuestro país. Presentamos un programa de Gobierno para defender y ampliar los derechos sociales y los servicios públicos, hacer políticas feministas y preservar el medio ambiente", según Pablo Iglesias

Progresar todos, todas, juntos, sin dejar a nadie atrás, por una España mejor, más justa, más solidaria, trabajando en el Parlamento con dos únicas vías que existen: una es el diálogo y la otra es el acuerdo, estos fueron los objetivos subrayados por el presidente en funciones Pedro Sánchez, para quien “los gobiernos de coalición son parte de esta nueva normalidad”, dijo el líder del PSOE, además de abogar por regenerar la vida política con la voluntad y la determinación de forjar una mayoría, de que el Parlamento permita empezar a caminar y de que las demás fuerzas se sumen al diálogo y no a la confrontación. 

-Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, para cuya redacción se podrá constituir un grupo de trabajo para su redacción, integrado por expertos y expertas 

-Derogar la reforma laboral y recuper los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012, recuperar el papel de los convenios colectivos, suprimiendo el despido por absentismo causado por bajas y la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales. Habrá límites a subcontratar a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, a modificar las condiciones del contrato por parte de la empresa y al descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.

-Subidas del Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea, tras los acuerdos que proponga una Comisión asesora de expertos y representantes de sindicatos y empresarios según el IPC, la productividad, la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura

-Contratación, impulsar también el diálogo social para revisar contratos formativos y aprobar y desarrollar el Estatuto del Becario para finalidades exclusivamente formativas, con mejora de retribuciones y limites al encadenamiento de periodos de prácticas y un porcentaje máximo de becarios y becarias en las empresas; Recuperar derechos laborales en los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo; Simplificar y reordenar el menú de contratos con más principio de causalidad en la temporal y sanciones aplicables al uso fraudulento para que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso; reducir la dualidad y favorecer el contrato fijo discontinuo para actividades cíclicas y estacionales; Reforzar el control de la contratación a tiempo parcial, más en la distribución irregular del tiempo de trabajo, y en las causas del despido hacer más precisas las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, reforzando ITSS y control de los despidos colectivos.

-Lucha contra el fraude laboral mediante nuevas tecnologías, Big Data y más control y sanciones en tres áreas: 1)abuso de la contratación temporal concatenada, 2) uso fraudulento del contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas y 3) falsos autónomos, falsos cooperativistas y falsos becarios, con especial atención a los ingresos procedentes de un único cliente o empleador.

-Políticas activas de empleo y sistema de desempleo mejores en coordinación con las comunidades autónomas y simplificando la protección por desempleo, con una política de rentas progresista y un modelo sostenible a partir de la evaluación de políticas por la AIReF. “Garantizaremos una atención individualizada, profesional e integral a los desempleados y desempleadas, dirigida a su rápida reincorporación al mercado de trabajo”, en especial de jóvenes, parados de larga duración y supuestos de exclusión social.” Mejoraremos el sistema de protección por desempleo mediante una reordenación y simplificación que refuerce la protección“.

-Economía Social. Plan Nacional de Emprendimiento Social con foco en aspectos clave como diversidad e inclusividad. Apoyo a las empresas de economía social. Actualizar la legislación de prevención de riesgos laborales, catálogo de enfermedades profesionales, procedimiento de notificación del accidente de trabajo y prevención de nuevos riesgos asociados a las TIC, los psicosociales y de determinadas sustancias químicas dañinas para la salud, así como la creciente digitalización y robotización y las nuevas formas de organización del trabajo. Asimismo, se incorporará la perspectiva de impacto de género en la prevención de riesgos laborales.

-Conciliación de la vida laboral, familiar y personal y corresponsabilidad en el tiempo de trabajo promoviendo un pacto social y político por racionalizar horarios, con una Ley de usos del tiempo, ocio y cuidados. Derecho a la desconexión  y protección efectiva en casos de embarazo y lactancia. Ratificar la Carta Social Europea revisada y el Protocolo adicional a la Carta Social Europea y el Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso.

-Empleadas del hogar. Culminar la plena integración en el Régimen General de la Seguridad Social en la legislatura, ratificar el Convenio número 189 (2011) de OIT. 

-Programa de Retorno de personas emigradas   con especial énfasis en jóvenes e investigadores e investigadoras (Retorno del Talento)

-Incentivar la titularidad compartida de explotaciones agrarias con aplicación efectiva de la Ley 35/2011, mejorando la posición de las mujeres.

-Plan Estratégico de Formación Profesional Dual, incorporando a las empresas con fórmulas flexibles y creando consorcios con la participación de los agentes sociales y la comunidad educativa. Ley de Ordenación de la FP con regulación específica de la FP Dual y que incorpore en todos los títulos un módulo de digitalización adaptada a cada sector productivo. Potenciaremos laformación del profesorado en la FP y su estabilidad dentro del sistema educativo.

-Reformas del Catálogo de Cualificaciones Profesionales para adaptar las titulaciones a las necesidades laborales de la economía del siglo XXI. Actualizar los contenidos de los títulos actuales (ciberseguridad, robótica colaborativa y avanzada, Big Data y análisis de datos, Fabricación 2D y 3D, realidad ampliada y realidad virtual y conectividad, entre otros), sin olvidar oficios tradicionales de alta cualificación. Agilizar los procesos de Evaluación y Acreditación de Competenciasprofesional adquiridas por la experiencia.

-Empleo público. Desarrollar el Estatuto Básico: mejora para el acceso al empleo público, agilización de los procesos, carrera profesional, evaluación del desempeño y clasificación profesional. Fomentar la promoción profesional vertical y horizontal. Aprobar Plan de Formación y capacitación de los empleados públicos. Revisar el contrato de interinidad en las Administraciones Públicas, evitando su uso abusivo. Implementaremos la perspectiva de género. Servicios de rescate, extinción de incendios y salvamento con una Ley del sector de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) que fije criterios básicos para coordinar los servicios en todo el Estado y los derechos laborales homologando escalas, categorías y distintivos y que la categoría sea, como mínimo, C1 en todo el Estado; Ley de bomberos forestales y planes generales, territoriales, especiales y de autoprotección. Estatuto Básico de Bomberos Forestales, mejorar la estabilidad y condiciones de empleo en servicios aéreos de rescate y salvamento marítimo, fortaleciendo la estabilidad de su plantilla, su carácter civil y su función exclusiva de salvamento. Y equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil. 


Palabras de Iglesias y Sanchez a partir de los  4,30 minutos 

DERECHOS SOCIALES, REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA, CIENCIA E INNOVACIÓN (Texto íntegro)

Trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción. Proteger los servicios públicos, especialmente la educación –incluyendo el impulso a las escuelas infantiles de cero a tres años–, la sanidad pública y la atención a la dependencia. Blindaje de las pensiones de nuestros mayores: asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida. La vivienda como derecho y no como mera mercancía. Apostar por la ciencia como motor de innovación económica y dignificar las condiciones de trabajo del sector. Recuperar talento emigrado. Controlar la extensión de las casas de apuestas.

2.1.- Educación.

2.1.1.- Derogación de la LOMCE. Aprobaremos una Ley Básica de Educación, que derogue la LOMCE y sus consecuencias negativas, que blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo e incorpore los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa en estos años, eliminando la segregación escolar, y permitiendo la personalización de caminos formativos a las necesidades de los alumnos y alumnas. Alinearemos la Formación Profesional con el resto del sistema, reforzaremos la formación en valores y el desarrollo de capacidades transversales (soft skills) así como los mecanismos de autonomía y gobernanza de las escuelas. La nueva Ley de Educación garantizará desde sus principios rectores la inclusión y la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo.

2.1.2.- Promoveremos la coeducación en todo el sistema educativo, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos. Igualmente se asegurará que todos los centros privados concertados informan al alumnado y familias de que las aportaciones son voluntarias y nunca condicionan la prestación del servicio educativo.

2.1.3.- Elaboraremos un Plan contra el fracaso escolar y el abandono escolar prematuro.

2.1.4.- Se pondrá en marcha un Plan de Mejora de la Convivencia para la Prevención del Acoso (bullying) y la Violencia en los Centros Educativos junto con las comunidades autónomas.

2.1.5.- Garantizaremos la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria: libros, material escolar y comedor durante todas las etapas para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

 2.1.6.- Se potenciará la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo, conforme a un enfoque de derechos, de igualdad y libertad.

2.1.7.- La asignatura de religión será de carácter voluntario para los estudiantes, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos. 

2.1.8.- La educación y la formación, las instituciones educativas y sus actores se insertarán activamente en la agenda de digitalización que promoverá el Gobierno.Para 10 ello vamos a desarrollar en estos próximos años una Estrategia de Digitalización en Educación y Formación Profesional ambiciosa.

2.1.9.- Prestaremos una especial atención al profesorado y a su carrera docente, reforzando la formación inicial, el sistema de acceso a la carrera y promoviendo estabilidad docente y la evaluación del desempeño de manera acordada con los representantes del sector. Garantizaremos al personal docente interino las mismas condiciones laborales que al resto del personal docente, haciendo un esfuerzo continuado por reducir la tasa de interinidad. También se impulsará, de acuerdo con las comunidades autónomas, la prohibición de un esquema de contratación que permita contratar cada curso y despedir en verano.

 2.1.10.- Incrementaremos los recursos públicos destinados a la educación y becas. hasta situar la inversión educativa en España en un 5% del PIB en el año 2025. Se apoyará a las comunidades autónomas para que progresivamente se produzca una reducción de las ratios en todos los niveles educativos.

2.1.11.- Universalización del acceso a la Educación Infantil 0-3 años a través de la red pública en condiciones de equidad. Elaboraremos, conjuntamente con las comunidades autónomas y en el seno de la Conferencia Sectorial, un plan de extensión de la Educación Infantil, con una red pública e integrada de recursos que garantice una oferta suficiente de plazas públicas para todos los niños y niñas menores de 3 años. Esta es una medida que no solo contribuye a reducir la desigualdad y a mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, sino que constituye un potente factor para combatir el fracaso escolar, impulsando el desarrollo personal desde las primeras etapas de la vida.

Universidades.

2.1.12.- Impulsaremos la simplificación de los procedimientos de acreditación de nuevos títulos académicos, respetando la autonomía universitaria y competencias autonómicas en la materia y fortaleciendo los mecanismos de coordinación entre los organismos involucrados en la verificación.

2.1.13.- Pondremos en marcha un pacto por la universidad con el máximo consenso de los agentes políticos y sociales, que garantice una financiación adecuada y recursos suficientes para modernizar la universidad, ampliar su capacidad de atraer y retener talento, garantizar su acceso en condiciones de igualdad en todos los niveles de formación y adaptarla a las nuevas realidades y necesidades, y garantiza la efectividad de los derechos del personal docente, fomentando su estabilización, investigador y de administración y servicios a través de una nueva Ley Orgánica de Universidades.

2.1.14.- Nueva política de las becas y tasas universitarias.

 Revisaremos el sistema de becas, garantizando que se consideren un derecho subjetivo según la situación de las rentas familiares, simplificándolo y haciéndolo más ágil, asegurando que la convocatoria se resuelva antes del comienzo de curso y se adelanten los ingresos. Al mismo tiempo se aumentará la financiación de becas y ayudas al estudio con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, asegurando que el aumento va destinado a becas concedidas por razones socioeconómicas.

 Trabajaremos por asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación universitaria y para dar certidumbre sobre la cuantía de la beca en el momento de la matriculación, haciendo el sistema más transparente. Además, reforzaremos los instrumentos de financiación para acceso a la universidad, facilitaremos la movilidad y la residencia del alumnado del medio rural en el acceso a los estudios universitarios.

 Promoveremos, en el marco de la Conferencia Sectorial, la reducción de las tasas universitarias a los niveles previos a la crisis.

 2.1.15.- Avanzaremos en la reducción de la precariedad y en la progresiva estabilización del profesorado universitario.

2.1.16.- Estudiaremos las posibilidades de incorporación o vinculación de las enseñanzas artísticas superiores a la educación universitaria en coordinación con la comunidad educativa y artística. Regularemos sus estructuras de funcionamiento, categoría, independencia, autonomía, tipología, denominación de los títulos ofrecidos, estatuto del estudiantado, y estatuto, nivel del cuerpo y régimen retributivo del profesorado, al tiempo que se respeta su idiosincrasia.

2.1.17.- Se flexibilizará el calendario de retorno de la deuda de los parques científicos de las universidades de todo el Estado para permitir su sostenibilidad financiera.

2.2.- Sanidad.

2.2.1.- Procederemos a la eliminación progresiva de los copagos introducidos en 2012 a lo largo de la legislatura, empezando por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad. Estableceremos garantías para que no puedan introducirse otros nuevos que no atiendan a la situación socioeconómica de las personas, incluidos los copagos por el transporte sanitario no urgente, por los productos ortoprotésicos y por los dietéticos, a través de la derogación de los artículos que habilitan estos copagos en el RD-Ley 16/2012.

2.2.2.- Introduciremos progresivamente la Atención a la Salud Bucodental de la población en cartera de servicios del SNS. Se elaborará un plan de Salud Bucodental que establezca las prestaciones a cargo del SNS.

2.2.3.- Avanzaremos en el blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa. Para ello:

 Se revisará la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el conjunto de los mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del sistema.

  Se impulsará la recién creada Comisión, integrada por expertos y expertas del ámbito sanitario, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales, que analizará la situación y definirá las líneas y estrategias para revisar dicha Ley en el plazo de 6 meses.

2.2.4.- En el marco del Consejo Interterritorial de Salud, incrementaremos los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud, alcanzando una inversión en servicios públicos propia de otros Estados de la zona euro durante la legislatura, hasta lograr el 7% del PIB en 2023.

2.2.5.- Impulsaremos la renovación de la tecnología sanitaria para que el Sistema Nacional de Salud sea referente en innovación tecnológica poniendo a disposición de la ciudadanía los mejores instrumentos diagnósticos y de tratamiento y, más importante aún, porque su inclusión es el único modo de garantizar que la innovación beneficie a toda la ciudadanía de forma equitativa. Dado el desafío financiero que la incorporación tecnológica significa, el SNS apostará por tecnologías coste-efectivas, seguras y cuya eficacia haya sido previamente evaluada.

2.2.6.- Apostaremos por la digitalización sanitaria, lo que contribuirá de forma decidida a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud evitando duplicidades en la realización de pruebas diagnósticas, así como a consolidar un nuevo modelo productivo basado en el conocimiento y la investigación. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son fundamentales para que los sistemas sanitarios respondan a los retos relativos al envejecimiento, la mayor prevalencia de las enfermedades crónicas, el aumento de las expectativas de la población y el cambio del patrón de morbilidad que supone la conversión de procesos agudos de elevada mortalidad en procesos crónicos complejos.

2.2.7.- Orientaremos las políticas relativas a la industria farmacéutica hacia el cuidado de la salud de la población, priorizando la eficiencia y la transparencia en la fijación de precios.

2.2.8.- Impulsaremos y adoptaremos las modificaciones normativas, legales y reglamentarias necesarias para garantizar la efectividad del derecho a la protección a la salud a través del acceso universal al Sistema Nacional de Salud. El RD-Ley 7/2018, sobre el acceso universal al SNS, se tramitará como una ley, que derogue definitivamente el RD-Ley 16/2012 y que, junto al reglamento que la desarrolle, garantice en todo caso los siguientes extremos:

 Trabajar conjuntamente entre la Administración Central y las comunidades autónomas, que son quienes ejercen mayoritariamente las competencias en materia de sanidad, para garantizar homogeneidad en el procedimiento de forma que la asistencia sanitaria será gratuita durante el periodo que existe entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria. Esto es, que no exista un periodo de carencia en el que una persona pueda quedarse sin recibir asistencia sanitaria debido a un problema burocrático o a que se pueda producir una interpretación dispar por parte de una administración

Extender este derecho a las personas ascendientes que llegan desde países extracomunitarios, reagrupadas por sus hijas e hijos con nacionalidad española.

 Garantizar la recuperación de la cobertura sanitaria gratuita en nuestro país a los ciudadanos y ciudadanas españoles que residen fuera de España y que no tienen derecho a la asistencia sanitaria reconocido por los países de acogida, o bien ese derecho no es exportable cuando se encuentren en territorio español.

Cualesquieraotroscambiosnecesariosparagarantizarelaccesouniversalalaatención sanitaria como un derecho subjetivo de todas las personas.

2.2.9.- Avanzar en la implementación del Marco Estratégico de Actualización de la Atención Primaria diseñado durante la última legislatura con el concurso de las comunidades autónomas y las sociedades médicas y científicas y de pacientes. Entre las medidas a corto plazo se incluirán actuaciones para resolver el déficit de planificación en materia de profesionales, especialmente por lo que se refiere al ámbito rural.

2.2.10.- Desarrollaremos un sistema de atención temprana que implique el reconocimiento y garantía de un derecho subjetivo a la atención temprana integral, universal, gratuita y pública y sin discriminaciones en virtud del lugar de residencia.

2.2.11.- Integraremos las necesidades de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal, garantizando el acceso a diagnóstico y tratamiento de todas las personas, independientemente de dónde vivan y la patología con la que convivan.

2.2.12.- Actualizaremos la Estrategia de Salud Mental, con el objetivo de construir un verdadero sistema de atención, con un enfoque de género y derechos humanos, que atienda a los y las pacientes crónicos.

Prestaremos especial atención, en colaboración con las comunidades autónomas, al diseño y desarrollo de una estrategia de prevención de la conducta suicida, que incluya un protocolo especial de actuación y que prevea la puesta en marcha de un teléfono de atención público, entre otras medidas.

2.2.13.- Mejoraremos las condiciones del personal sanitario agilizando el proceso para garantizar el cumplimiento del II Acuerdo en materia de sanidad e impulsando un programa de retorno de los y las profesionales que han tenido que salir a trabajar en sistemas sanitarios fuera de España.

2.2.14.- Aumentaremos los recursos para dotar el Fondo de Cohesión Sanitaria.

2.3.- Servicios Sociales.

2.3.1.- Garantizaremos una cartera mínima de servicios comunes de gestión descentralizada que potencie la intervención comunitaria través del impulso de una Ley Marco estatal de Servicios Sociales consensuada con las comunidades autónomas. Se tratará de un catálogo de servicios mínimos y comunes de gestión descentralizada, que se coordinarán con otras políticas públicas para proporcionar una atención integral en todas las comunidades autónomas.

2.3.2.- Mejoraremos la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia para reducir las listas de espera. Impulsaremos la reducción drástica de las listas de espera en todo el territorio nacional con el objetivo de conseguir una disminución a largo de la legislatura de al menos un 75%. Esta inversión, que revierte los recortes llevados a cabo por el Gobierno del Partido Popular en 2012, permitirá además adaptar los servicios a los nuevos avances tecnológicos que, como la tele-asistencia avanzada, contribuirán a alargar más tiempo la vida autónoma de las personas.

 2.3.3.- Mejoraremos las cuantías en el nivel mínimo y en el acordado de Dependencia.

Se realizará un esfuerzo gradual para mejorar la financiación del nivel mínimo y se recupera el nivel acordado derogado por el Partido Popular. La financiación debe de ser de carácter finalista, a través de la recuperación de los convenios de acuerdos financieros entre Estado y comunidades autónomas que se derogaron en 2012.

Se realizará un estudio de las incompatibilidades entre las prestaciones del Sistema de Dependencia, para eliminar aquellas que no hayan demostrado su utilidad.

2.3.4.- Aprobaremos la Estrategia frente a la Soledad no Deseada.

2.3.5.- Elaboraremos un Programa de acreditación de calidad de Residencias de Mayores, en coordinación con las comunidades autónomas, que permita garantizar una atención digna a nuestros mayores.

2.4.- Pensiones, Inclusión y Seguridad Social.

2.4.1.- Garantía de pensiones dignas a través de la suficiencia y revalorización del sistema público de pensiones.

 Plantearemos a todas las fuerzas políticas y a los agentes sociales un nuevo Pacto de Toledo, que garantice la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones.

 Actualizaremos las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente, y aumentaremos el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas.

 Impulsaremos la reducción de la brecha de género en las pensiones y la revisión de las pensiones de viudedad, garantizando la igualdad de trato en los casos de parejas sin vínculo matrimonial.

Revisaremoselsistemadecoberturadelagunasydeterminacióndelabasereguladora para evitar perjuicios a las personas con carreras profesionales irregulares y el complemento por maternidad para hacerlo más equitativo y evitar la perpetuación de roles de género.

2.4.1.1.- Reformaremos el Sistema de Seguridad Social, en el marco del diálogo social, y del Pacto de Toledo, con máxima transparencia, para garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo.

Se estudiarán y desarrollarán medidas para, entre otras, garantizar el aumento de los ingresos de forma estructural, descargando a la Seguridad Social de gastos impropios, asegurando la sostenibilidad del Sistema.

 Revisaremos las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas, garantizando el mantenimiento de aquéllas que contribuyen a la inserción en el mercado laboral de los colectivos con especial vulnerabilidad.

2.4.1.2.- En el marco de esta reforma, eliminaremos el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de Pensiones de la Seguridad Social previstos en la Ley 23/2013, siempre asegurando la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo.

2.4.1.3.- Reorganización de la Seguridad Social para dotar de mayor eficacia a la gestión con menores costes.

2.4.2.- Desarrollaremos el Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social.Comenzaremos en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo/a a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos.

2.5.- Políticas de apoyo a las familias.

2.5.1.- Impulsaremos ayudas para comedor y material escolar para combatir la pobreza infantil.

2.5.2.- Se implementarán ayudas para la conciliación y la racionalización de horarios, garantizando el derecho a la adaptación de la jornada de trabajo, hasta que los y las menores cumplan doce años.

2.5.3- Protección al 100% de las familias vulnerables en situación de pobreza energética. Se prohibirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de sus titulares, como la pobreza sobrevenida y a las personas que estén padeciendo una situación de vulnerabilidad.

2.5.4.- Subiremos el IPREM y estudiaremos objetivar los mecanismos de actualización. 2.6.- Derechos de la infancia y la adolescencia.

2.6.1.- Se llevará al Parlamento la Ley para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a todas las formas de violencia.

2.6.2.- Se creará un consejo de participación infantil estatal.

2.7.- Derechos de las personas consumidoras.

2.7.1.- Propondremos una modificación de la Ley de seguridad alimentaria para adecuarla a las exigencias contemporáneas de protección a las personas consumidoras y transparencia en su acción.

2.7.2.- Reduciremos el impacto de la comida basura, al establecer obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional, así como una revisión de la fiscalidad de los alimentos ultra procesados o ricos en grasas y azúcares. Además, se impulsará que la compra pública de alimentos para comedores escolares o de hospitales sea un modelo de alimentación de calidad y de cercanía.

2.7.3.- Se mejorarán los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos y el conjunto de la normativa sancionadora de consumo de carácter estatal para que las sanciones sean proporcionales al perjuicio causado a las personas consumidoras.

2.7.4.- Se potenciará la Comisión de Cooperación de Consumo en el seno de la Conferencia Sectorial del Consumo para mejorar la cooperación, la comunicación y la información entre la Administración General del Estado y la de las comunidades autónomas, en aquellas materias que afecten a la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

2.8.- Compromiso de Estado con la ciencia y la inversión en I+D+i.

2.8.1.- Aumentaremos la inversión pública en I+D+i civil por encima del incremento del límite de gasto no financiero del Estado y avanzaremos hacia los objetivos comunitarios de inversión total pública y privada. Las cuantías para Ciencia en I+D+i en 2020 se incrementarán en el ámbito civil. Se aumentará el peso de las partidas destinadas a inversión directa respecto al peso relativo de los créditos.

2.8.2.- Facilitaremos la contratación de personal en los centros de investigación públicos en las convocatorias para la contratación de doctores e investigadores, aumentando las partidas dedicadas a contratos predoctorales y postdoctorales, mejorando la carrera docente en el sistema universitario español, y reduciendo la temporalidad del profesorado e investigadores.

2.8.3.- Aumentaremos las becas predoctorales y los contratos postdoctorales en el próximo año, incrementando los contratos de investigadores de forma progresiva y en etapas imprescindibles para el sistema de ciencia.

2.8.4.- Continuaremos en la equiparación de derechos del personal investigador predoctoral.

2.8.5.- Aprobaremos el Estatuto del Personal Docente Investigador, ligado a la nueva Ley de Universidades, con un modelo profesional, transparente y basado en el mérito y la capacidad.

 2.8.6.- Continuaremos con la estabilización a través de la Oferta Pública de Empleo.

2.8.7.- Desarrollo de la Ley de Ciencia 14/2011, con el refuerzo de la transferencia de conocimientos y simplificación del trabajo de los investigadores en los Organismos Públicos de Investigación, el funcionamiento de las oficinas de transferencia de resultados de investigación (OTRIS), el impulso a la investigación aplicada, y complementando la evaluación del desempeño con un sexenio de transferencia de conocimiento que incorpore la aplicación de las investigaciones, las patentes o la participación en proyectos de cooperación. Se revisarán las reglas financieras aplicables a la actividad investigadora.

2.8.8.- Aumentaremos los recursos destinados a proyectos de investigación y los orientaremos con carácter plurianual al objeto de poder facilitar el aprovechamiento del talento y la continuidad del personal contratado a cargo de los mismos.

2.9.- Vivienda.

2.9.1.- Impulsaremos la política de Vivienda con un incremento en la dotación de recursos. El derecho a acceder a una vivienda digna se ha puesto en cuestión en la práctica en nuestro país en los últimos años, especialmente a raíz de la crisis, y a una mala planificación política en materia de vivienda, dando lugar a una situación en la que muchas personas se vieron desahuciadas de sus viviendas. Ahora estamos empezando a asistir de nuevo a un incremento paulatino de los precios de alquiler, singularmente en determinadas zonas del país, lo que pone de manifiesto la necesidad de abordar medidas que permitan que los ciudadanos y ciudadanas que en ellas residan tengan acceso en condiciones razonables a una vivienda digna. Para combatir esta situación se propone ampliar progresivamente el presupuesto actual en materia de Vivienda.

2.9.2.- Pondremos en marcha un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, complementario al Plan Estatal de Vivienda, que incluya financiación específica para la vivienda destinada al alquiler, incluyendo a pequeños propietarios que rehabiliten sus pisos y los pongan en alquiler a precios asequibles. El Plan tendrá una duración de cuatro años. El objetivo será la rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética, la reducción de la factura de la luz y la accesibilidad. Incluirá el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes, y la iluminación de bajo consumo.

El plan responderá́ a criterios de eficiencia energética y accesibilidad e incluirá́ ayudas destinadas prioritariamente a edificios ubicados en zonas menos pobladas y de colectivos vulnerables. Las empresas también se beneficiarán de este plan de rehabilitación a través de programas de apoyo financiero para la adopción de tecnologías más eficientes.

2.9.3.- Frenaremos las subidas abusivas del alquiler. Para ello:

 Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado. Se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica. Se tomarán en cuenta los avances de aquellas comunidades autónomas que tengan definido un sistema Referencia de Precios del Alquiler, agilizando los mecanismos que hagan posible su puesta en marcha.

 Los ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho a una vivienda.

 El objetivo de los índices de referencia mencionado en los párrafos anteriores es que los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler.

2.9.4.- Se impulsarán medidas para asegurar el realojo inmediato en determinadas condiciones de las personas inquilinas que no puedan hacer frente a la renta por carecer de recursos económicos o por situaciones de vulnerabilidad.

2.9.5.- Se fomentará el alquiler social para las personas que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional. Se estudiarán obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda.

Se establecerá un informe obligatorio a los servicios de bienestar social en caso de desahucio para que las administraciones puedan ayudar a las familias afectadas con el fin de garantizar una alternativa habitacional.

2.9.6.- Alquiler turístico. El incremento de los precios de alquiler y la limitación de oferta para uso residencial es especialmente grave en algunas ciudades como consecuencia del uso turístico de los alojamientos. Para abordar esta cuestión se impulsarán reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio.

2.9.7.- Uso social de la vivienda y parque público.

 Se establecerá un marco legal que defina los conceptos de “vivienda vacía” y “gran tenedor de vivienda” y ponga a disposición de las comunidades autónomas y los municipios distintas herramientas para su detección y diagnóstico. Asimismo, se definirá una política específica en esta materia, que permita establecer en los distintos supuestos del fenómeno (inhabitabilidad, grandes tenedores, inseguridad para su alquiler, etc.) las medidas más adecuadas: fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo, para movilizar vivienda vacía, en un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonables.

  Se elaborará un Plan de actuación de SAREB para garantizar la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales.

Sedeterminaráelcaráctersocialdelaviviendadeprotecciónpúblicaconunanormativa que garantice su explotación únicamente para alquiler de personas vulnerables, evitando que sean vendidas o explotadas por fondos buitre.

2.9.8.- Movilizaremos suelo público para vivienda en alquiler social o asequible, con instrumentos financieros a través del ICO y el BEI para la promoción de viviendas en alquiler de los principales agentes (promotores públicos y privados, cooperativas y economía social entre otros) y estimularemos la oferta privada en alquiler.

2.9.9.- Reorientación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para impulsar el alquiler asequible y la rehabilitación en coordinación con las comunidades autónomas, con el objetivo de configurar un parque de vivienda social o sujeta a protección, al servicio de las políticas públicas de vivienda.

 Se facilitará una línea de financiación para que las comunidades autónomas que así lo han regulado puedan ejercer los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas.

 Medidas de agilización de trámites de concesión de licencias.

 Medidas en materia de información y transparencia para dar seguimiento a la información sobre oferta de vivienda en alquiler (precios, disponibilidad de vivienda social o situación del parque de viviendas), así como de la demanda (situación socioeconómica de los hogares, registros de demandantes o dinámicas demográficas).

Sesuscribiránconveniosbilateralesconciudadesdondesedansituacionesdemercado tensionado que permitan hacer frente a las necesidades específicas en materia de vivienda. En dichos Convenios se establecerán las obligaciones de las partes firmantes.

2.9.10.- Protección a las personas hipotecadas. Impulsaremos nuevas medidas de carácter normativo que refuercen la protección de las personas hipotecadas, la transparencia de las condiciones de contratación y de sus implicaciones económicas y jurídicas.

El procedimiento de ejecución hipotecaria deberá garantizar todos los medios de defensa y de prueba para la protección del deudor hipotecario, de acuerdo con lo que establece la normativa europea.

Se impulsarán los mecanismos para la reestructuración viable de las deudas hipotecarias sobre la vivienda habitual de los deudores de buena fe en situación de vulnerabilidad.

Se reforzará la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales en caso de ejecución hipotecaria para evitar las situaciones de desamparo y exclusión residencial.

  Para favorecer la promoción y el uso de vivienda de alquiler social, también vamos a movilizar el suelo público que se encuentre disponible.

 2.9.11.- Se potenciará el Observatorio de la vivienda con el objetivo de investigar y analizar la situación de la vivienda en España (parque de alquiler privado, vivienda vacía, necesidades habitacionales, situaciones de riesgos de exclusión residencial, etc.), y que permita una auditoría pública de la oferta y calidad de las viviendas públicas.

2.9.12.- Se aprobará una estrategia que aborde la problemática del sinhogarismo de forma integral desde el enfoque de derechos en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

 2.10.- Prevención de adicciones.

2.10.1.- Regulación urgente de los juegos de azar para prevenir y frenar la ludopatía.

 Aprobaremos una regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea, de ámbito estatal y similar a la de los productos del tabaco.

 Introduciremos medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos de azar en el marco regulador de los juegos de azar y apuesta en línea, con el objetivo de reforzar la autoconciencia y autonomía del jugador de cara a prácticas de consumo saludable y para prevenir, anticipar o identificar la generación de patrones de juego problemático.

 En el marco de la Conferencia Sectorial impulsaremos criterios homogéneos con las comunidades autónomas para evitar que los locales de apuestas puedan abrir antes de las 22.00h y que limiten su proximidad a centros escolares.

 Promoveremos la implicación de los operadores de juegos de azar y apuestas en el desarrollo de acciones de información, prevención, sensibilización y reparación de los posibles efectos indeseables derivados de la actividad de juegos de azar.

Reorientaremoslatasaporlagestiónadministrativadeljuegoquepaganlosoperadores en línea con el fin de destinar un porcentaje a iniciativas preventivas, de sensibilización, de intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos por la actividad del juego. Estableceremos la obligación de que los locales de juego y apuestas abiertos al público cuenten, en su entrada, con un cartel de advertencia sobre los peligros de la ludopatía, con un contenido y proporciones análogas a los que aparecen en las cajetillas de tabaco.

2.11.- Regeneración democrática y transparencia.

2.11.1.- Promoveremos acuerdos parlamentarios de consenso que permitan la elección y renovación de los órganos constitucionales y organismos independientes, como en el caso del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Primaremos en la búsqueda de dichos acuerdos los principios de mérito, capacidad, igualdad, paridad de género y prestigio profesional.

2.11.2.- Elaboraremos un Plan Nacional contra la Corrupción, que estudiará una reforma del Código Penal. También incluirá la ampliación de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinadas a la lucha contra la corrupción y los delitos económicos.

2.11.3.- Aprobaremos una Ley integral contra la corrupción, en la que se incluirá un Estatuto del denunciante. Se incluirán atenuantes en función del delito y las circunstancias de la denuncia.

2.11.4.- Abordaremos la regulación de los lobbies para hacer transparente su incidencia política, con registro obligatorio y público de sus entrevistas y agendas.

2.11.5.- Regularemos de manera más efectiva las condiciones de incompatibilidad del desempeño profesional de actividades privadas para los servidores públicos, y endureceremos las sanciones por su incumplimiento.

2.11.6.- Aprobaremos una reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y aprobaremos su Reglamento sobre la base de la experiencia acumulada.

2.11.7.- Reformaremos la Constitución para limitar los aforamientos políticos, limitándolos al ejercicio de la función por parte del cargo público.

2.11.8.- Se iniciarán acciones para reforzar la lucha contra los “cárteles” en la contratación pública, para desincentivar los fraudes y compensar el sobrecoste, resarcir los daños provocados y aumentar la transparencia.

2.11.9.- Integración de los principios de buen gobierno y responsabilidad social corporativa en el sector público fundacional y empresarial –organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales-.

2.12.- Justicia eficaz.

2.12.1.- Promoveremos un Pacto de Estado para la Modernización de la Administración de Justicia, que persiga una mayor agilidad en la tramitación de los expedientes judiciales.

2.12.2.- Modernizaremos el sistema de acceso a la carrera judicial. Para ello, nos inspiraremos en los mejores elementos de los sistemas europeos de carrera única judicial y fiscal, previendo mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación socioeconómica de los aspirantes.

2.12.3.- Sustituiremos el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, eliminando el plazo máximo de instrucción por ser una limitación para la lucha contra la corrupción.

2.12.4.- Modificaremos la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal

JUSTICIA FISCAL Y EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO (Texto íntegro):

La evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero. El Gobierno impulsará políticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa gracias a un mejor uso de los recursos públicos, a una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales.

10.1.- Lucha contra el fraude fiscal.

 Aprobaremos la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal y elaboraremos una Estrategia nacional contra el fraude fiscal. Se reforzarán los medios dedicados a la lucha contra el fraude, se actualizará la lista de paraísos fiscales, se potenciará la prevención del fraude mediante la lista de morosos de la AEAT y se prohibirán las amnistías fiscales.

 Ampliaremos el listado de deudores a la Hacienda Pública, se introducirán límites más rigurosos para los pagos en efectivo, se prohibirá el “software” de doble uso y se impulsará la unidad de control de grandes patrimonios.

 Ejerceremos un mayor control sobre las SICAV. Otorgaremos a los órganos de inspección de la Agencia Tributaria la competencia para declarar a efectos exclusivamente tributarios el incumplimiento de los requisitos establecidos para las SICAV en la normativa financiera. Igualmente se establecerán requisitos adicionales para la aplicación por las SICAV del tipo impositivo reducido tendentes a asegurar su carácter de instrumento de inversión colectiva, por ejemplo, estableciendo un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor (incluyendo la participación de personas físicas o jurídicas vinculadas).

10.2.- Aumento de la progresividad del sistema fiscal.

 Impuesto de sociedades.

 Se reformará garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos.

 Se limitarán las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciendo en un 5% las referidas exenciones, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial, como prevé y permite la Directiva matriz-filial.

EstableceremosmejorasenlafiscalidadparalasPYMES,demodoqueaquellas sociedades que facturen menos de un millón de euros pasen de tributar de un tipo de gravamen del 25% al 23%.

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros.

 Se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo.

10.3.- Adaptación del actual sistema tributario a la economía del siglo XXI.

 Aprobaremos el Impuesto sobre determinados servicios digitales con el fin de gravar aquellas operaciones de la Economía digital que actualmente no tributan, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea.

 Aprobaremos el Impuesto sobre las transacciones financieras consistente en gravar las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.

 Apostamos por la nueva fiscalidad verde como mecanismo para desincentivar comportamientos nocivos para el medioambiente, evitando siempre que cualquier modificación recaiga sobre las clases medias y trabajadoras o sobre autónomos y PYMES. Promoveremos a nivel europeo el establecimiento de un mecanismo de compensación del CO2 en frontera para las importaciones.

 En el Impuesto sobre el Valor Añadido: reduciremos el tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios y de los productos de higiene femenina.

10.4.- Liderazgo en la lucha contra la evasión y elusión fiscal internacional.

Promoveremos activamente la lucha contra estos dos fenómenos en los foros internacionales donde España está presente (G20, OCDE).

10.5.- Revisaremos el régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales para recuperar la eficacia tributaria en el fomento de este tipo de empresas.

10.6.- Se reformará el régimen jurídico y fiscal de las SOCIMIS, aplicando un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos.

10.7.- Cumplimiento de los mecanismos de disciplina fiscal para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Desarrollaremos una política fiscal responsable, que garantice la estabilidad presupuestaria y la reducción del déficit y de la deuda pública, en una senda compatible con el crecimiento económico y la creación de empleo, con el refuerzo de las inversiones productivas en los ámbitos de la transición ecológica, la educación, la ciencia, la I+D y la digitalización, y con niveles adecuados de protección social. Reforzaremos la progresividad del sistema impositivo y la suficiencia de los ingresos públicos, reduciendo las diferencias con la media europea.

 10.8.- Estableceremos mecanismos de evaluación de las políticas públicas y de sus resultados y mejoraremos la eficiencia del gasto público, a través del Plan de Acción de la AIReF para la revisión del gasto (spending reviews, beneficios fiscales, gasto hospitalario del Sistema Nacional de Salud, infraestructuras de transporte e incentivos a la contratación).


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