En abril de 2013, dedicamos un dossier al tema de la “Desigualdad y ruptura de la cohesión social”. Buena parte de los problemas sociales tienen su origen en la desigualdad, en el injusto reparto de los recursos. La crisis y las políticas que con su pretexto se están aplicando agravan año a año la situación. Por ello, hemos de volver sobre el tema, reflexionar sobre las nuevas formas de exclusión que estamos observando y profundizar en algunas medidas paliativas que se debaten.
Iniciamos este número precisamente donde dejamos aquel dossier, con una reflexión a cargo de quien lo coordinó, Víctor Renes, que coloca en el primer párrafo de su texto una frase que en el fondo está presente en buena parte de los artículos siguientes: “mayor volumen de necesidades – menos recursos para atenderlas”. El autor señala que el proceso de deterioro social es especialmente grave por su intensidad, por su carácter transversal (pues afecta a sectores sociales hasta ahora tradicionalmente a salvo de los efectos de la crisis) y porque deja de ser un fenómeno coyuntural o cíclico para pasar a ser estructural, con tendencia a quedarse un largo tiempo. Agravado todo ello por el menor papel amortiguador del menguante Estado de Bienestar, no es de extrañar el deterioro importante que se observa en la cohesión social. El mensaje de que “no hay más remedio ni otra salida” implica de hecho el abandono de la cohesión social como objetivo de las políticas aplicadas.
Marcos de Castro repasa cómo el deterioro descrito está afectando a derechos básicos de ciudadanía, en buena medida ligados al concepto del Estado de Bienestar. Educación, sanidad, vivienda, dependencia… son pilares que se tambalean. Se analizan detalles, aspectos, respuestas, situaciones, para tomar conciencia de cómo ese deterioro está afectando a la vida ciudadana de una forma muy real y directa.
Como muy bien señala, la exclusión de los derechos básicos no es tanto la consecuencia de una crisis económica insoslayable cuanto la forma de enfocar los problemas derivados de esa crisis… La crisis ha sido la excusa para el despojo de los derechos sociales y el deterioro de la equidad social.
Esta perspectiva es obvia para sus propios agentes. De hecho, en año electoral asistimos a un hipócrita proceso de retractación aparente, en el que el Gobierno aparece promoviendo grandes avances sociales… que no recuperan ni la décima parte del retroceso que ellos mismos propiciaron.
Beatriz Fernández Olit y Marta de la Cuesta reflexionan sobre otra exclusión que comienza a estar presente en nuestra sociedad. Las cajas de ahorros eran un instrumento eficaz para permitir el acceso de muchas familias y pequeñas empresas al mundo del crédito, a la financiación de modestos proyectos de consumo e inversión.
El artículo llama la atención sobre el hecho de que la crisis de las cajas empezó mucho antes que en los años de la precrisis, fruto de la aplicación de premisas neoliberales que prometieron la mejora a través de su implicación en el negocio bancario tradicional y la competencia de mercado. Las consecuencias son conocidas: desaparición de la mayor parte de las cajas y concentración de servicios bancarios, con disminución de las posibilidades para elegir o cambiar de banco, servicios deshumanizados, estandarizados y, sobre todo, la generación de una masa estructural de personas financieramente excluidas que ha conllevado el crecimiento exponencial de usureros (aunque en España, todavía, a niveles menores que en otros países europeos). Los préstamos, cuando no proceden de la familia o amigos, son difícilmente accesibles (la banca no presta, y menos a personas con pocas garantías) o implican un coste altísimo.
También en este campo, la tendencia va hacia un modelo doble de servicios bancarios: la banca low-cost, con sucursales más saturadas, atención menos personalizada y canalización de la operativa básica a través de terminales tecnológicas, para aquellos clientes menos rentables; y la banca de valor añadido, de atención personalizada y diversificación de la oferta de productos y servicios para los clientes con mayor capacidad de ahorro e inversión, los más rentables.
Luis Ayala analiza, desde su acreditado conocimiento del tema, las políticas de rentas mínimas y garantía de ingresos. Como muy bien señala, la última red en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. La lucha contra estas lacras sociales debe empezar en sus causas. Pero, conociendo las dificultades y la lentitud de avances eficaces por esa vía, resulta fundamental garantizar una eficaz red de seguridad para dar cobertura a las situaciones de necesidad.
El conjunto de prestaciones de garantía de ingresos en España es significativamente amplio y complejo, nunca concebido como un todo, por lo que presenta importantes problemas de articulación que limitan significativamente su eficiencia en la reducción de la desigualdad y la pobreza.
Las reformas recientes han primado los objetivos de ahorro de costes y de reducción de las posibles cadenas de dependencia, imponiendo mayores obligaciones a los beneficiarios. La percepción de una garantía de ingresos aparece a menudo vinculada o condicionada a la realización de actividades para la inserción laboral. Sin embargo, no está claro qué tipo de estrategia de activación funciona mejor, con dudosa eficacia de inserción en todo caso.
Las Comunidades Autónomas han arbitrado programas de rentas mínimas, con coberturas y niveles de gasto muy dispares. Reducir considerablemente la distancia entre las cuantías pagadas y el umbral de pobreza y asegurar unos niveles básicos de protección de las rentas mínimas en todo el territorio son dos grandes retos que destaca el autor.
La renta básica de ciudadanía es, para muchos, la vía más eficiente de superar la mayor parte de las deficiencias que se detectan en los programas vigentes de rentas mínimas y aseguramiento de rentas. Por ello, se dedica un artículo específico a contestar cinco de las preguntas que muchos se hacen en relación con esta propuesta. Las respuestas pretenden aclarar conceptos, mostrar sus ventajas respecto a las alternativas habituales, desmontar muchos de sus presuntos peligros y, sobre todo, mostrar fórmulas de viabilidad financiera sin necesidad de incrementar la presión fiscal. Dado que la renta básica absorbería la mayor parte de las prestaciones asistenciales existentes, parte de las contributivas y muchos de los beneficios fiscales otorgados en el IRPF, se concluye que podría aplicarse una renta básica, sin coste adicional alguno, para más de la mitad de la población… o fórmulas más matizadas y deseables.
El hecho cierto es que parece irse perdiendo el miedo a su posible aplicación. El gobierno de Finlandia ha ratificado la voluntad de implantarla, tal como recogía su programa electoral, y varias ciudades holandesas, Utrecht a la cabeza, van a poner en marcha planes piloto de implantación [1].
El dossier termina cerrando el círculo con la reflexión sobre “mayor volumen de necesidades – menos recursos para atenderlas”. Las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social (TSAS) desarrollan proyectos de intervención con personas, sectores y problemas especialmente vulnerables, son el instrumento más directo de intervención sobre los colectivos con mayor riesgo de exclusión.
Pero el contexto actual en el que el TSAS tiene que desarrollar su acción presenta crecientes dificultades. La situación de recortes sociales de los últimos años ha provocado prácticas administrativas en la gestión de estos servicios que han fomentado su mercantilización y por extensión, su precarización. Se prima la reducción del gasto público frente a la garantía de la calidad en la atención y la orientación al interés general.
Cuando se equipara, como prestadores de servicios para los sistemas de servicios sociales de responsabilidad pública, a la iniciativa privada con ánimo de lucro y al TSAS, se produce una situación injusta y desigual. Las administraciones adjudicadoras han de tener en cuenta la necesidad de garantizar la calidad, la continuidad, la accesibilidad, la asequibilidad, la disponibilidad y la exhaustividad de los servicios, las necesidades específicas de las distintas categorías de usuarios, incluidos los grupos desfavorecidos y vulnerables, la implicación y la responsabilidad de los usuarios y la innovación.
Sin embargo, asistimos a la paradoja de que las personas que necesitan más recursos y más reconocimiento de derechos van a ser atendidas por entidades de acción social con escasos recursos, despreciadas y cada vez más vulnerables.
Ha crecido la desigualdad, ha crecido la pobreza y la exclusión social, pero se debilitan las prestaciones del Estado de Bienestar, los derechos ciudadanos y las entidades especializadas en la atención a los más desfavorecidos. El panorama es tremendamente preocupante. No es de extrañar que la ciudadanía no perciba la mejora macroeconómica de que se nos habla.
Pero hay movimientos sociales, hay propuestas, hay capacidad de cambiar las cosas. A ello quieren contribuir Economistas sin Fronteras y este dossier.
