miércoles,19 enero 2022
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Al día siguiente de acreditarse la caja B del PP desde 1990

Detenidos los directores del Servicio Andaluz de Empleo al entrar en vigor la reforma formativa

Redacción
La Guardia Civil ha detenido esta mañana a una veintena de altos cargos del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, incluidos los directores en las ocho provincias. Esta macrooperación contra el fraude en los cursos de formación, denominada Barrado, ha sido ordenada por la juez Mercedes Alaya y ejecutada el mismo día que entra en vigor la reforma del sistema. También 24 horas después de conocerse los resultados electorales y de que el juez Ruz acreditara la caja B del PP desde 1990.

La operación esta siendo llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que además de dar a conocer la detención de los ocho delegados provinciales del SAE arrestó al menos a cuatro directores generales del Gobierno andaluz, entre otros responsables. Entre los detenidos se encuentra el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, imputado también en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.

La operación Barrado de la juez Mercedes Alaya afecta por lo que se sabe a los responsables políticos de los cursos de formación por no haber controlado su gestión ni haber pedido responsabilidades ni cuentas de ellos a las empresas a las que se le adjudicaron. Se pone en marcha justo el mismo día en que entra en vigor el Decreto-Ley de reforma de la formación, aprobado por el Gobierno el pasado viernes para apartar a sindicatos y patronal de la gestación de tan millonarios recursos, por lo que carece de su respaldo. Podrán articularse el «cheque formación» y la teleformación, dice su texto. En un máximo de 6 meses el Ejecutivo y los titulares de Empleo y Seguridad Social y Hacienda y Administraciones dictarán las disposiciones precisas para su desarrollo y ejecució

Más de 1.000 empresas recibieron dinero de la Junta de Andalucía entre 2002 y 2012 para impartir formación a parados de la comunidad autónoma. Desde que se iniciaron las investigaciones Interior ha dado a conocer paulatinamente el fraude, mientras se han producido sucesivas oleadas de detenidos por la formación en Andalucía. Recientemente la policía hizo otra macrorredada sobre los cursos, aunque solo afectaba a los dueños de las empresas que montaron los cursos. Alaya está actuando ahora contra los responsables políticos.

El golpe está siendo dirigido por Mercedes Alaya en el mismo día en que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decidirá el destino de la juez.

La juez ya advirtió en un auto de enero que había detectado en el transcurso de la investigación distintas "bolsas de fraude" que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe). En ese escrito ya advirtió de la existencia de "empresas que tenían acceso a un volumen importante de subvenciones" y de "personas relacionadas con determinados cargos de la Administración".

Sobre los responsables de las direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la juez se amparó en los informes de la Intervención General, que identificaban irregularidades de "especial importancia". En ese momento declaró el secreto de las actuaciones ente el "riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba".

Los agentes están practicando diversos registros, entre ellos en la empresa Ciomijas, centro andaluz de formación integral de las industrias del ocio, ubicado en Málaga.

Corrupción contra corrupción

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dio ayer por concluida la investigación sobre los papeles de Bárcenas con un auto en el que da por acreditada una caja B en el PP, al que considera responsable civil subsidiario, y propone que se juzgue a seis personas, entre ellas los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y al exgerente Cristóbal Páez.

En el auto el juez explica que el PP llevó desde 1990 a 2008 una caja paralela que se servía de diversas "fuentes de financiación ajenas al circuito legal" y operaba con varios sistemas de cuentas al margen de la contabilidad oficial, las cuales funcionaban "a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B". Estas contabilidades estaban, según el juez, a cargo del gerente y del tesorero nacional y no se declaraban a la Hacienda Pública.

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