A cambio de una suma de dinero, los interesados no tenían que pasar la prueba obligatoria para poder manejar estos yates y otras embarcaciones más modestas.
Tras las diligencias oportunas, comprobaron que en varias autonomías se estaban produciendo las falsificaciones. Así, se estaban expidiendo una gran cantidad de licencias sin que casi nunca sus responsables figurasen en las bases de datos.
Según explica la Guardia Civil, en algunos casos, los interesados recibían las titulaciones sin necesidad de hacer un examen, mientras que en otros, recibían la plantilla de la prueba y una hoja con las respuestas correctas. Todo ello era posible gracias a las personas que formaban parte de los tribunales examinadores.
La investigación revela que muchas de ellas fueron coaccionadas y amenazadas por los presidentes de las federaciones para que accedieran al fraude y poder así conservar su empleo.
En la operación se han visto afectadas las consejerías de Agricultura y Pesca de Andalucía, Cataluña, Valencia, Murcia, País Vasco, Galicia y Asturias, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Sin embargo, el Principado ha declarado que todas las titulaciones asturianas fueron expedidas correctamente. Según la Dirección General de Pesca, "tan sólo colaboró con alguna información o dato requeridos por la Guardia Civil pero, en ningún momento, está afectada por irregularidades".
La Guardia Civil ha puesto en marcha una nueva campaña de control e inspección de embarcaciones deportivas que se prolongará hasta el 15 de septiembre. Con ella se pretende mejorar la seguridad de los usuarios de este tipo de lanchas y de los bañistas.
