Una de las grandes asignaturas pendientes de las políticas laborales en España es lograr un análisis eficaz y en tiempo real de sus resultados que, además, cuente con la transparencia suficiente para permitir a los expertos e investigadores analizar su eficacia al margen del propio Sistema Nacional de Empleo gestionado por el Gobierno y las Comunidades Autónomas.
Los analistas e investigadores, en su mayoría del ámbito universitario, coinciden en la dificultad de acceder a un análisis pormenorizado de los datos que manejan el Servicio Público de Empleo Estatal y la Seguridad Social para su trabajo.
Por ejemplo, los microdatos de Seguridad Social que recogen datos de contratos y salarios siguen siendo inaccesibles para los investigadores por la excusa de la protección de datos, cuando es una cuestión que otros organismos como el INE ya han resuelto hace años.
Esto se complica en un momento en el que, además, el Big Data y la Inteligencia Artificial se revelan como herramientas clave para el análisis que van mucho más allá de las estadísticas convencionales de paro registrado, afiliación o la Encuesta de Población Activa (EPA).
Este asunto es crítico porque las políticas activas de empleo de los próximos años se financiarán en buena parte con los fondos europeos de reconstrucción postpandemia, y Bruselas exige una evaluación lo más completa y rigurosa posible.
Como contamos en Ibercampus, esto llevó a los expertos consultados por el Gobierno para la subida del SMI a pedir un plan para implementar una digitalización transparente de los mecanismos que utiliza el Gobierno para tomar sus decisiones en materia laboral.
La respuesta de Díaz
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, habló hace unos días en el Senado de promover una «política eficiente de gestión del dato, disponiendo el Big Data y la Inteligencia Artificial al servicio del empleo».
Pero es la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 que aprobará este mes el Gobierno tras el trámite de audiencia e información pública –que finaliza el 12 de julio– la que concreta este compromiso basado en la calidad y ética de los datos.
Cuando el Gobierno habla de «impulsar proyectos de ética» en el uso de los datos, lo hace tanto en el ámbito del intercambio de datos «respetando la protección de datos» como en el uso de la inteligencia artificial o analítica avanzada para la toma de decisiones.
Así, la Estrategia apuesta por implantar procesos de intercambio en tiempo real de datos e información clave tanto entre los diferentes Servicios Públicos de Empleo y administraciones como las de la Seguridad o educativas, como con las entidades colaboradoras «y otras posibles alianzas estratégicas»..
Aunque el Gobierno no habla específicamente de plataformas y portales de búsqueda de empleo, hay que recordar que España es una «rareza» respecto a otros países europeos que ya avanzan en esta vía a través de proyectos de colaboración público-privada.
