viernes,1 julio 2022
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Críticas a los "expertos" de Wert

Disgusto ante la reforma de la calidad y eficiencia universitarias

Redacción
La primera semana desde que se publicó han sido numerosas las críticas al Informe de los expertos del Ministro Wert para Propuestas para la Reforma y Mejora de la Calidad y Eficiencia del Sistema Universitario Español, entegado el pasado dia 13 de febrero.

 

 

A ellas se ha sumado la Coordinadora de Universidades Públicas de Madrid (Cucuma), para la que tales reformas “caminan en la dirección de la Estrategia Universidad 2015: supeditación de la universidad a la empresa, desaparición de la autonomía y democracia interna en la universidad (rector elegido por consejo social y pérdida de importancia de los órganos colegiados)”.

Igualmente, La Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest) expresó este martes su rechazo hacia el informe del comité de expertos designados por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, por considerarlo “un ataque a la universidad pública”. En nota de prensa, la Faest criticó que la mayoría de las recomendaciones de esos “supuestos expertos” suponen “un ataque porque buscan acabar con la democracia interna y la autonomía universitaria, dando mayor peso a las comunidades autónomas”. Según su presidente, Fidel González, “solo hay dos puntos del informe con los que estamos de acuerdo en su totalidad: el aumento de becas y el incremento del presupuesto en universidad e investigación”. De seguir el camino que indican estos expertos, la reforma “nos devolverá a la universidad pública del pasado, ya que acabará con su democracia interna”, agregó. Finalmente, la federación estudiantil aseguró que durante la Feria Aula se recogieron más de 2.000 firmas contra los recortes en Educación.

El  texto íntegro del informe de los “expertos” nombrados por el Ministro Wert para realizar un análisis de la situación de la universidad y las posibles reformas propone aplicar un nuevo sistema de gobierno de los campus para intentar hacerlo más ágil y eficaz, una doble vía de acceso al profesorado permanente de los campus públicos (uno para ser titulares y catedráticos funcionarios, y otro para ser titulares y catedráticos contratados indefinidos, lo que permitiría “proporcionar una transición hacia una "desfuncionarización” de los profesores e investigadores de los campus públicos, por lo que aconsejan que las figuras no funcionarias no pasen del actual 49% que fija la ley.

Así, según EL PAIS, un rector casi plenipotenciario sería elegido cada cinco años (de entre académicos candidatos de cualquier parte del mundo) por un Consejo de la Universidad en el que entrarían a participar las comunidades autónomas. Pero entre los propios lectores hay gran polémica, y algunos opinan que “sería lo mejor que le ha pasado a la universidad española en los últimos 30 años”, pues esa polémica elección lo que busca es desligar el cargo de grupos de presión dentro de la universidad y de procesos electorales ya politizados por adhesiones ideológicas. Sin embargo, algun otro periódico ha resaltado que los expertos de Wert proponen politizar la elección de rectores (Granada Hoy).

Frente a la clave de la “desfuncionarización” , otros medios han titulado que los expertos piden dos horas semanales de educación emprendedora en las escuelas (Cinco Días), que el grupo de expertos pide más becas y alerta del riesgo de subir las tasas universitarias (La Voz Digital). En este aspecto, también se ha comentado que el comité de expertos universitarios recomienda lo contrario de lo qye hace el ministro con las becas (Cadena Ser). Y el predecesor de Wert en el cargo (Ángel Gabilondo) que "Ningún ministro solo va a cambiar la universidad (Diariocrítico.com).

Tambien hay quien señala que  Educación no pone en marcha ni una sola recomendación del informe PISA , ni siquiera otras recomendaciones de la OCDE, mientras el exdirector general de la Unesco y actual presidente de la Fundación para una Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza, ha asegurado que los "aspectos positivos" que percibe en el informe elaborado por la comisión de expertos nombrada por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, sobre propuestas de reforma del sistema universitario español "no justifican una ley de reforma".

Así se ha pronunciado el que también fuera ministro de Educación con UCD en su conferencia ´Principios esenciales e irrenunciables de la educación superior´ dentro del foro de debate ´Factor Universitario. La educación pública a debate´ que organiza la Universidad de Sevilla (US). Por su parte, el también exrector de la Universidad de Granada ha asegurado que la universidad en España "tiene que mejorar en algunos aspectos", pero que "quizás no sea necesaria una ley en su conjunto". Asimismo, ha advertido de que "hay que tener mucho cuidado para que los principios irrenunciables de la educación superior no se vayan quedando atrás".

Entre las universidades que han publicado valoraciones al efecto figuran el Comunicado del Rector Universidad de Sevilla, así como el Rector de la UPV, que  ve "luces y sombras" en el informe, de cuyo contenido los medios han resaltado tambien lo que sigue:

Titulares y catedráticos contratados. El informe propone que haya profesores titulares y catedráticos de universidad funcionarios o contratados. Los primeros seguirán accediendo con un proceso de concurso parecido al actual (primero se acredita y luego concursa por una plaza que convoca la universidad) y los segundos serán contratados directamente por la universidad entre los doctores que se presenten mediante un proceso que decidirá cada campus. Recomiendan una especie de vía de formación de contrato por cinco años que puede convertirse, si todo funciona, en ese contrato indefinido, una especie de vía de formación y contratación como la que existe en EEUU (tenure track).

“Desfuncionarización”. Esa nueva doble vía podría “proporcionar una transición hacia una "desfuncionarización” del profesorado universitario, dice el texto, sin pasarse del 49% que marca la ley. Ya hay un 49% de profesorado no funcionario en las universidades públicas (como permite la ley), pero la inmensa mayoría con contratos temporales y dentro de figuras concretas como asociados (la inmensa mayoría) o ayudantes… La idea es que la presencia de estas figuras fueran dando paso a los titulares y catedráticos contratados y que se dejara de usar la vía falsa de los asociados para hacer contrataciones: en realidad esa vía es para profesionales de prestigio que compaginan docencia y trabajo.

El Consejo de la Universidad. Con 21-25 miembros como máximo que serán renovados cada cinco años, elegirá al rector (ahora lo hace el claustro o lo vota toda la comunidad universitaria), controlará su gestión y la de los decanos y directores de centros y aprobará los presupuestos. El 50% de los miembros los elegirá el Claustro de la universidad (los profesores, alumnos y personal de administración), otro 25% la comunidad autónoma entre personas de reconocido prestigio profesional o académico, y el 25% deberán acordarse entre unos y otros entre personas de especial prestigio internacional. Mientras el informe pone como salvaguarda que ninguno de los miembros haya tenido un cargo político, empresarial o sindical en los cuatro años anteriores a su nombramiento, para los firmantes de la adenda eso no es garantía. Que los miembros elegidos por las comunidades autónomas sean el 25% “no deja de ser un peligro cierto de injerencia”, que puede ser “causa y origen de una institución dotada de poder político, que entra en lo posible que busque formar mayoría con los ideológicamente afines [del claustro] para controlar la designación” del tercer grupo.

El rector. Será elegido durante cinco años (ahora son cuatro), estará abierto a académicos de cualquier universidad (ahora tiene que ser de la propia) tanto españoles como extranjeros que deberán demostrar su excelencia (si son españoles, con tres sexenios de investigación). “Tendrá plenas funciones ejecutivas” y nombrará a su equipo (vicerrectores, etcétera), a los decanos y directores de centros, facultades y escuelas. Con la organización actual la elección de los representantes de los distintos sectores se hace por votación en cada centro y el claustro y todos ellos tienen una fuerte representación en el consejo de gobierno, el actual “órgano de gobierno” de la universidad, según la ley. Una de las principales críticas al actual sistema es su falta de agilidad y de poder real del equipo rectoral, ya que cada pequeña decisión pasa por demasiados manos; el miedo, por otro lado, es que en busca de la eficacia se pierda democracia.

El Claustro. Con un máximo de 60 o 70 miembros (ahora son hasta 300), un 80% de profesores y un 20% de alumnos y personal de administración, pasaría a ser “órgano consultivo”. En general, se recomienda que todos los órganos (juntas de facultad, etcétera) “tengan un número reducido”.

Más financiación y en base a resultados. Los expertos recomiendan vincular entre el 20-25% de los presupuestos de las universidades públicas a los resultados de investigación y docencia. Esto requiere mucha más información y transparencia, dentro de un proceso que tenga en cuenta ranking internacionales, resultados de investigación o empleabilidad de los titulados (proponen hacer público una clasificación de campus según este último dato). También reclaman, en todo caso, más dinero público para las universidades (ponerse como objetivo alcanzar el 3% del PIB de inversión en educación superior, ahora es menos del 2%), más becas y ayudas al estudio porque el sistema actual es “muy deficiente”. Lo que incluye las becas de movilidad, en un contexto en el que el gobierno ha reducido un 75% su aportación a Erasmus y ha eliminado las Séneca. También quieren que haya más proyectos competitivos y proponen recuperar, con algunos cambios y más financiación, la iniciativa de Campus de Excelencia eliminada por el actual Gobierno.

Reordenación de la oferta y especialización. La oferta de títulos es excesiva y hay que contenerla, dice el texto. Por eso, proponen establecer a escala nacional un número mínimo de alumnos (que puede ser flexible en función de la zona y el área de conocimiento) por debajo del cual habría que eliminar una titulación de una campus concreto y que comunidades y universidades reflexionen sobre la posible reducción de los campus, facultades, departamentos… En este sentido, en otros puntos los sabios vuelven a insistir en la especialización de las universidades: no todas pueden ser punteras en investigación ni en todos los ámbitos.

Acceso al funcionariado. Ahora los profesores deben pasar un proceso de acreditación (a base de documentación) por el cual la Agencia de calidad de las Universidades (ANECA) pone un sello previo de que alguien tiene los méritos suficientes para ser titular o catedrático de universidad. El nuevo informe propone volver a un sistema muy parecido al anterior, que se abandonó por ser muy caro y porque no evitaba la endogamia: se convocará un número limitado de plazas de acreditación de acuerdo con las necesidades de profesores de las universidades: y si se presentan muchas más aspirantes, se resolverá con distintos procesos de exámenes.

Lucha contra la endogamia. Se recomienda que no universidad no pueda contratar a un doctor formado dentro de sus muros (a no ser que se haya formado también en otras instituciones) y que haya complementos salariales ligados a la productividad conjunta de todo un grupo o de todo un departamento.

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