El mecanismo extrajudicial pactado por Gobierno, PSOE y Ciudadanos han llegado a un acuerdo para que los consumidores afectados por cláusulas suelo reclamen a su entidad lo pagado de más en su hipoteca por las cláusulas suelo introducidas ilegalmente por la banca ha recidibo numerosas críticas de las organizaciones más representativas de los consumidores. ADICAE dijo que "deja muchos flancos abiertos a los intereses de la banca". OCU lo consideró "insuficiente" y "perjudicial" porque convierte a la banca en "juez y parte".
Uno de los vacíos del acuerdo es que deja abiertas las vías para que la banca se libre de devolver a los clientes que al hacerse público el carácter masivo de las reclamaciones ofrecieron a sus clientes un contrato sustitutorio de las cláusulas suelo a cambio de que renunciaran a reclamar judicialmente. Y ello pese a que esta extensa practica ya ha sido también considerada también abusiva por a Auduencia de Zatagoza.
Este borrador ha sido en general bien recibido en la banca, a diferencia del primer proyecto de código de buenas prácticas, salvo la disposición de que el sector tendrá que calcular todo lo cobrado teóricamente de más por estas cláusulas, aunque la entidad las considere legales y aunque no ofrezca su devolución al cliente. Esto otorga a los clientes, según los valedores del decreto-ley, un arma para demandar a las entidades.
El sistema será aprobado como real decreto-ley este viernes en el Consejo de Ministros y obligará a los bancos a avisar, en un periodo de tres meses, a todos los clientes con cláusulas suelo de la apertura del proceso y de la posibilidad de exigir la devolución, que deberá ser calculada por la propia banca. Asimismo, se da 15 días de plazo para que el afectado dé una contestación al banco de si está de acuerdo o no con la cantidad que le ofrece.
El acuerdo recoge los principales puntos de los borradores anteriores: obliga al banco a entablar una negociación bilateral sin la mediación externa obligatoria en principio barajada y tiene un plazo máximo de tres meses , dentro de los que se producirá el reintegro si hay acuerdo.
Este procedimiento será gratuito y concederá flexibilidad a las entidades para hacer ofertas al cliente, que no solo podrán ser la devolución en efectivo de lo cobrado de más. Si el cliente no está de acuerdo con la compensación prevista, podrá ir a los tribunales.
Otra novedad es que el procedimiento será voluntario para el consumidor, que no tendrá que pasar obligatoriamente por él antes de ir a la vía judicial. Pero los diputados del PSOE Pedro Saura y Margarita Robles han explicado en rueda de prensa que los tribunales de Madrid están tardando por término un año y medio en resolver este tipo de asuntos, por lo que les puede compensar aceptar una oferta inferior en tres meses que esperar todo este tiempo para recuperar todo lo pagado de más, y con el riesgo de que el juez no les dé la razón.
La entidad no podrá ser condenada a pagar las costas si el cliente rechaza la oferta y el juez le ofrece lo mismo o menos que le daba el banco, pero si el juzgado le concede más dinero el banco sí pagara esas costas. La compensación deberá ser en metálico como primera opción, aunque el banco podrá ofrecer otros productos o condiciones de la hipoteca. Según el borrador del decreto, si la entidad considera que la devolución no es procedente comunicará las razones en que se motiva su decisión y se dará por concluido el proceso extrajudicial.
Aunque los clientes que recuperen el dinero deberán regularizar su situación con la Agencia Tributaria si en su día se aplicaron la deducción por vivienda en su declaración de IRPF, no deberán tributar ni por las cantidades recuperadas ni por los intereses de demora que les pague el banco. Se trata, según ABC, de una concesión del Gobierno al PSOE. El diario apunta que los socialistas también han forzado la creación de un órgano de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones, integrado por representantes de los consumidores y la abogacía que elaborará un informe semestral.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, mostró su satisfacción por el texto y aseguró que el Gobierno "ha establecido un mecanismo gratuito que evite a los clientes ir a los juzgados", aunque "siempre podrán utilizar la tutela judicial". El diputado socialista Pedro Saura dijo que la negociación ha sido "muy dura". "Muchos temas que ahora están en el decreto antes no aparecían", añadió.
Resumen del pacto político
La la luz subirá al menos 100 euros al año por hogar
En cuanto a las eléctricas, sector junto a la banca, telecos y seguros con cientos de miles de reclamaciones anuales de los consumidores, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, apuntó ayer que con los precios actuales de la electricidad es "innegable" que el recibo de la luz podría encarecerse unos 100 euros al año. En declaraciones a la cadena Cope, Nadal explicó que España está marcando máximos en los precios de la electricidad por varios factores, como es el frío, la falta de lluvias y de viento, la subida "artificial" del precio del petróleo derivada del acuerdo alcanzado el pasado 30 de noviembre por la OPEP y otros países productores y la paralización de una cuarta parte del parque nuclear en Francia. El ministro precisó que al Gobierno "no le gusta nada que suban los precios de la energía porque implica menos crecimiento económico y menos creación de empleo".
El precio de la electricidad ayer marcó máximos en el mercado alcanzando un precio medio de 78,83 euros por megavatio/hora. El coste más alto se registró entre las 19 y las 21 horas al alcanzar los 92,60 euros. El precio previsto para hoy es de 85,79 euros de media, con un máximo de 95,11 euros sobre las ocho de la tarde.
El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Marín Quemada, apuntó que el organismo sigue los movimientos del mercado para diferenciar los que pueden derivarse de circunstancias atmosféricas o del parón nuclear en Francia, "de cualquier otro fenómeno o comportamiento de alguno de los agentes que están en ese mercado".