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Educación defiende las acreditaciones de ANECA como si no conociera las extensas críticas

El polémico programa de evaluaciones de ANECA

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez, se mostró convencido este martes ante el Senado de que los nuevos criterios de acreditación de profesores universitarios acordados por la Agencia de Evaluación (ANECA) harán mejores y más transparentes las evaluaciones, y a la postre habrá más candidatos acreditados. Respondía así a la pregunta de la senadora del PSOE Rosa López sobre las quejas suscitadas entre sindicatos y profesores, que el ministro pareció no conocer.
Redacción 28 de noviembre de 2017 Enviar a un amigo
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CCOO denunció hace varias semanas la paralización de la ANECA desde enero de 2016 para los procesos de acreditación para acceso a los cuerpos docentes universitarios (programa ACADEMIA). Pedía que se derogue el RD 415/2015, se habilite el anterior sistema de acreditación (RD 1312/2007) transitoriamente y se negocie un nuevo sistema de acreditación que sea transparente, permita la autoevaluación de los candidatos y que valore los méritos académicos objetivamente.  
 
CCOO reclamaba desde hace tiempo un verdadero proceso negociador, rechando las formas de proceder de los responsables del Ministerio y de la ANECA. Defiende un procedimiento de acreditación transparente, autoevaluable y que valore, sin arbitrariedades, los méritos académicos de unos profesionales universitarios que, con la excusa de la crisis, están realizando un trabajo encomiable en una situación cada vez más difícil. Otros detalles pueden ampliarse en Comisiones Informa, de la Federacion Estatal de Enseñanza de CCOO.

Al hacerse eco de estas y otras quejas contra ANECA y su sistema de acreditaciones, la senadora socialista destacó el malestar de quienes consideran que se ha producido "un endurecimiento que hace ahora casi imposible ocupar un puesto de profesor titular o catedrático en una universidad española". A juicio del PSOE, el Gobierno quiere "desfuncionarizar la Universidad" para "precarizarla más si cabe y dejarla en manos de un cuerpo docente menos estable y peor retribuido.

Según Méndez de Vigo, los nuevos criterios de acreditación "que han decidido 19 comisiones de catedráticos de la ANECa, y no el Gobierno", serán para mejor y habrá más transparencia en el proceso de selección. "Estoy seguro de que darán mayor certeza a los solicitantes y contribuirán a dar mayor calidad a nuestro profesorado", aventuró. 

El ministro insistió en que no se endurecen los criterios y destacó que el sindicato CCOO "ha valorado muy positivamente" en un comunicado el nuevo modelo de acreditación.

Sin embargo, la valoración de CCOO sobre el documento definitivo de criterios de acreditación publicado el 17 de noviembre), presentado dos días antes de la reunión, “es muy negativa puesto que, como ya señalamos en cada una de las reuniones mantenidas por área, los requisitos para la acreditación a los cuerpos docentes universitarios están ligados a connotaciones subjetivas y discrecionales, no son fácilmente autoevaluables por el solicitante y, lo más importante, han sufrido un significativo endurecimiento no justificado, de modo que en diversas áreas las exigencias máximas del anterior sistema se han transformado en requerimientos mínimos en el actual modelo”, dice la valoración del sindicato, que prosigue así:

“En ningún momento se nos ha respondido por parte de la Administración a la cuestión de "por qué el Gobierno decidió cambiar el sistema de acreditación". Los representantes de la ANECA han indicado que se ha intentado realizar un trabajo de homogeneización y clarificación de criterios entre las diferentes áreas y se han incorporado algunas de las modificaciones propuestas por las organizaciones sindicales, pero observamos que ninguna de las más relevantes. La valoración de CCOO es que, si bien parece que se ha realizado un esfuerzo en cuanto a que los epígrafes para los distintos méritos se asemejen en las distintas áreas, sin embargo sus requisitos y niveles de exigencia son tan dispares y desiguales que sólo ayudarán a amplificar la percepción de desigualdad de exigencia académica para ser profesor universitario dependiendo del área donde se desarrolle la actividad académica de la persona solicitante, una elevada frustración porque algunos de los méritos son prácticamente imposibles de alcanzar en algunas áreas y una puerta de entrada de compensación de deficiencias, sobre todo de méritos de investigación para la acreditación a catedrático de universidad, mediante méritos de gestión basados en periodos de permanencia en determinados cargos unipersonales.

Todo el proceso se ha ido gestando y ha visto la luz sin que en ningún momento desde 2011 se hayan sentado las bases de lo que debe ser un profesor universitario, ni se haya establecido un modelo de carrera profesional académica, porque no ha habido ninguna voluntad de negociar por parte de los gobiernos del PP, en el marco correspondiente de la mesa sectorial de universidad, el Estatuto del Personal Docente e Investigador de las Universidades públicas españolas (contemplado en la LOM-LOU 4/2007).

Este incremento desproporcionado en los niveles de exigencia se ha producido en el contexto de la crisis financiera y económica que ha conllevado los más graves recortes sufridos por toda la sociedad en las últimas décadas. Los recortes se iniciaron en 2010, pero fueron magnificados desde la aprobación del Real Decreto Ley 14 de 2012 de racionalización del gasto público, que ha tenido un gran impacto sobre la universidad al afectar a toda la comunidad universitaria:

→ En cuanto al personal de las universidades, se ha producido un elevado acrecentamiento en la precarización de las plantillas de personal vinculada a la política de las tasas de reposición, una pérdida notoria de derechos laborales y una importante disminución de los salarios con la política de mayor exigencia, dedicación y compromiso con menor remuneración, que ha alcanzado la máxima expresión en las figuras de profesorado más frágiles.

→ Respecto a los estudiantes y las familias, porque han visto cómo han aumentado de modo desproporcionado las tasas de las enseñanzas oficiales de las universidades públicas en numerosas comunidades autónomas desde el año 2012, tanto para estudios de Grado como de Máster Oficial y Doctorado. Esta política de subida de precios fue acompañada en el mismo curso académico por la modificación de los requisitos para ser beneficiario de una beca de la convocatoria anual de Becas de Carácter General y de Movilidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, donde de modo perverso se han conjugado tres factores: la elevación de los requisitos académicos para ser beneficiario, la disminución de la cuantía percibida por cada becario y el retraso en su percepción y la transformación de los umbrales económicos, que ha perjudicado a los umbrales de renta inferiores.

→ Desde el punto de vista de la universidades como estructuras, porque se ha producido una disminución importante de la autonomía universitaria acrecentada por el estrangulamiento de su financiación, con una caída media del 20% de sus presupuestos y una importante contracción de financiación de la investigación debido al reajuste de las convocatorias de los Planes Nacional y Regionales de I+D+i que ha conllevado una disminución de la financiación de los grupos de investigación, tanto en número de proyectos financiados como en cuantía de los mismos, acompañada de la ampliación de la duración de los mismos y la drástica reducción de concesión de contratos de personal investigador en formación vinculados a proyectos.

Los ( únicos) aspectos que CCOO valora de modo positivo de la reunión mantenida, respecto a las propuestas realizadas por las organizaciones sindicales, son los compromisos adquiridos por la Secretaría General de Universidades en cuanto a los siguientes aspectos:

→ Emisión de una certificación de acreditación positiva o negativa sin menciones (A, B, C..). En caso de que haya una respuesta negativa a la solicitud de acreditación, ésta será motivada y razonada.

Creación de una comisión de reclamaciones por cada una de las cinco grandes áreas, con miembros diferentes a los que integran las distintas comisiones para resolver recursos si el solicitante así lo estima, antes de acudir a la vía judicial.

Establecimiento de una comisión de seguimiento integrada por las organizaciones sindicales y CRUE para analizar los resultados, las posibles desviaciones en el modelo establecido y proponer medidas correctoras.

Iniciar la negociación de las modificaciones de los criterios de acreditación en otoño del año 2018, con el horizonte de publicación de un nuevo real decreto de acreditación. En la reunión reclamamos que se estableciese en el marco de negociación adecuado.

CCOO entiende que los legítimos derechos de progresión académica del profesorado universitario se ven grave e injustamente perjudicados por el cambio de sistema de acreditación y que los solicitantes que están esperando la resolución desde el año 2016 están viviendo situaciones dramáticas con pérdidas irreparables de oportunidades de desarrollo profesional y que, en determinadas circunstancias, alcanzan la categoría de catastróficas porque pueden suponer la pérdida de puestos de trabajo en personal docente e investigador con contratos de duración determinada.

Desde CCOO consideramos que la ANECA no es una institución independiente de las políticas gubernamentales. Por tanto, CCOO considera que el RD415/2015 profundiza en el modelo de universidad neoliberal que se caracteriza por la diversidad y amplia desigualdad entre los distintos tipos de personal docente e investigador que las integran.

Por todo lo expuesto, CCOO reitera la exigencia de establecer un verdadero proceso negociador, rechaza las formas de proceder de los responsables del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la ANECA y defiende un procedimiento de acreditación transparente, autoevaluable y que valore objetivamente y de modo mesurado los méritos académicos de unos profesionales universitarios que están realizando un trabajo encomiable en una situación cada vez más difícil“, concluye la valoración sindical que el ministro dice entender como positiva.


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