Estas labores externas les reportan en conjunto “entre 5,8 y 18,3 millones de euros al año a la suma de sus salarios oficiales”, informó la organización en un encuentro con la prensa. Un eurodiputado gana 8.020 euros mensuales, que después de impuestos se quedan en unos 6.200.
La base de datos muestra que han sido declaradas 1.210 actividades externas, y que 175 de los eurodiputados tiene ingresos de al menos 500 euros al mes por estas actividades, mientras que otros 12 diputados ganan más de 10.000 euros al mes y un europarlamentario declaró 68 actividades externas diferentes.
Los resultados obtenidos indican “niveles alarmantes en los intereses privados de los eurodiputados”, expresó la organización.
Aunque estas cifras son “muy difíciles de justificar”, pues según explicó el responsable de Integridad de la ONG en Europa, Daniel Freund, los eurodiputados cometen errores o no dan información detallada, precisa y oportuna sobre sus actividades e ingresos al rellenar los formularios de las declaraciones de intenciones.
Como reflejo de falta de claridad, Freund matizó que algunos eurodiputados declaran estas actividades usando términos ambiguos como “consultor”, “freelance”, “gerente” o abreviaturas como “RvC FMO” o “ASDCAM”, que impiden evaluar los posibles conflictos de interés.
Otro problema que destacaron fue que no siempre se traducen dichos formularios a los idiomas oficiales de la UE.
Para la organización esta situación supone una “falta de transparencia” para conocer si existe un conflicto de intereses privados con sus deberes públicos.
“Es importante para los ciudadanos saber exactamente cuáles son los intereses privados de los eurodiputados, expresó el director de la organización en la Unión Europea (UE), Carl Dolan.
Añadió que, si se quiere “restaurar la confianza en Bruselas en la toma de decisiones, el PE tiene que llevar a cabo un seguimiento más exhaustivo de las declaraciones, y presionar para que este tipo de información se complemente de forma correcta y precisa, e incluso sancionar aquellas declaraciones falsas”.
Otra de las medidas que planteó esta ONG para combatir el conflicto de intereses es reducir el rango de ingresos por mes que pueden percibir los eurodiputados en concepto de labores externas, y cambiar la normativa actual que les permite no proporcionar esa información fiscal cuando sus ingresos son superiores a 10.000 euros por mes.
La base de datos permite exponer al público este tipo de información para mostrar las diferencias entre los países, grupos y partidos políticos nacionales, y para detectar los posibles conflictos de interés con sus deberes públicos, explicó, Freund.
Además, clasifica a los eurodiputados en función del número de ocupaciones externas, ser miembros de una mesa u otros mandatos políticos.
