Durante la LIX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que ha presidido Hidalgo, las Comunidades Autónomas han conocido las bases que determinarán la evaluación de las iniciativas de activación que realicen los distintos Servicios Públicos de Empleo y, con ello, la distribución de fondos en 2015.
Según señala el Ministerio de Empleo en un comunicado, durante la reunión se ha definido de manera detallada un total de 26 indicadores que ya se incluían en el Plan Anual de Política de Empleo 2014, que se presentó durante la Conferencia Sectorial de 23 de abril. Al respecto, Engracia Hidalgo ha subrayado el hecho de que "seis meses antes de que se vaya a hacer la evaluación", el departamento que dirige Fátima Báñez ya conoce "las bases detalladas que la van a determinar".
Una pronta definición de los indicadores, según el Ministerio, que supone un avance destacado en la adaptación del calendario de políticas de activación al año natural ya en 2015, de modo que conforme a los criterios aprobados hoy y conocidos ya por las Comunidades Autónomas, será en los primeros meses de ese año cuando se realice la evaluación y se distribuyan los fondos.
Además, comienza la planificación de las medidas para desarrollar el año próximo. Así, se define un ciclo mas racional que favorece la calidad de las políticas de activación, la transparencia, capacidad de anticipación y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Objetivos estratégicos para el PAPE 2015
También se han definido los objetivos estratégicos comunes que deberán orientar las actuaciones de los Servicios Públicos de Empleo en 2015 y, con ello, la planificación de los servicios y programas de políticas de activación para el próximo ejercicio, que se recogerán en el próximo Plan Anual.
La secretaria de Estado ha destacado la existencia de cierta continuidad con los objetivos del ejercicio 2014 y ha explicado que para 2015 serán los de mejorar la empleabilidad de los jóvenes y desarrollar el Plan de Implementación de la Garantía Juvenil, favorecer la empleabilidad de otros colectivos, como los mayores de 45 años parados de larga duración o los beneficiarios del PREPARA.
Asimismo, busca mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo, reforzar la vinculación de políticas activas y pasivas e impulsar el emprendimiento.
El proyecto de orden ministerial conocido este martes contempla que cuando se formalice el contrato de formación y aprendizaje con beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, se eleve la cuantía máxima de las bonificaciones de la actividad formativa, pasando de un máximo del 25% al 50% de la jornada de trabajo durante el primer ano, y del 15% al 25% de la jornada durante el segundo y tercer año. Asimismo, introduce una bonificación adicional para financiar los costes derivados de la obligada tutorización de cada trabajador.
Igualmente, persigue flexibilizar los contratos de formación y aprendizaje para su mejor adaptación a las necesidades de la empresa y de los trabajadores, pasando la formación complementaria a formar parte de la actividad formativa del contrato.
Para ello, dicha formación deberá estar incluida en el fichero de especialidades formativas, siendo, además, objeto de financiación pública mediante las correspondientes bonificaciones.
Por último, en cuanto al subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta, se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. El cambio tiene por objeto permitir la constitución de garantías (avales), hasta ahora no exigibles en las convocatorias de ámbito estatal, cuando así lo prevean las correspondientes convocatorias.
De esta manera, se garantiza una mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los fondos destinados a la formación, mejorando el control que se realiza de estas ayudas y de sus beneficiarios.
Durante la Conferencia Sectorial se han aprobado otra serie de temas como las ayudas a la jubilación previa del sistema de la Seguridad Social para la Comunidad Valenciana por importe de 145.060 euros.
Asturias y Galicia, inconformes
La consejera de Empleo, Industria y Comercio de Canarias, Francisca Luengo, ha pedido al Ministerio de Empleo que adelante el pago de los fondos debido a que el año pasado se hizo en noviembre, lo que supuso, según ha calculado, que fueran atendidos 27.000 desempleados menos en las islas.
Luego ha comentado que la secretaria de Estado de Empleo ha confirmado que su departamento atenderá dicha petición para que el reparto de fondos se lleve a cabo, previsiblemente, en el mes de septiembre.
Además, la consejera canaria ha reclamado al Ministerio de Empleo que no reduzca las partidas presupuestarias sobre empleo para la región, ya que también suspendió el Plan Integral de Empleo (PIE) que tenía Canarias y que se destinaba a paliar tasas de paro que son más elevadas con respecto al resto de las comunidades peninsulares.
La consejera ha considerado que la distribución de fondos debe ser en función del número de desempleados, ya que el baremo actual perjudica a Canarias.
El consejero de Economía y Empleo de Asturias, Graciano Torre, ha asegurado que el ministerio no debía haber aumentado "la parte de ingresos variables del 40 al 60 por ciento" ya que, a su juicio, otorga un "peso excesivo" a objetivos que tienen que cumplir las comunidades para recibir una mayor cuantía en detrimento de otros que si contribuirían a "mejorar" la tasa de empleo.
Ha pedido más información al Ministerio de Hacienda sobre la contratación indefinida de jóvenes menores de 25 años no ocupados y acogidos al plan de garantía juvenil, que supondrá un descuento para las empresas en las cotizaciones que pagan a la Seguridad Social de 300 euros mensuales durante medio año.
La consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales de Extremadura, María Ángeles Muñoz, ha mostrado su satisfacción tras la reunión, ya que el Ministerio ha determinado "los indicadores que van a permitir conocer los criterios de evaluación de cara al posterior reparto" de las partidas para las políticas activas de empleo.
Preguntada por si el Gobierno extremeño ha reclamado un adelanto en la fecha reparto de fondos, ha dicho que la decisión de adelantarlos será del Ministerio de Empleo y que durante la reunión solo se ha "hecho hincapié en que se ha ido pagando -en referencia a las partidas asignadas- todos los años".
Además, Muñoz ha indicado que en la reunión sectorial "se ha modificado la orden que regula la Formación Profesional dual" y que con ello, ha recalcado, "se va a beneficiar los contratos de formación" que "afecten a jóvenes dentro del sistema de garantía juvenil".
