viernes,3 diciembre 2021
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ADICAE defiende un cambio profundo en el enfoque de las políticas públicas de vivienda

El «área tensionada»; la clave fundamental de la Ley de Vivienda que retrasará su aplicación al menos año y medio

El tope, un 30%. Invertir más de este porcentaje en el alquiler o la hipoteca más los suministros básicos de la vivienda se considera factor de riesgo. Y sobre ese criterio, la Ley de Vivienda defiende la definición de "áreas tensionadas", espacios urbanos sobre los que se aplicarán determinados descuentos, incentivos y planes públicos para facilitar el acceso a techo para los consumidores. El problema, cómo se definen esas áreas tensionadas, cuáles son los criterios reales de cálculo que determinen aquellos espacios en los que resulta más complicado acceder a vivienda en condiciones asumibles para la mayoría de las familias.

Porque, en realidad, lo que pasa es que ese 30% es superado por prácticamente todas las familias en toda España. Según el INE, entre los años 2016 y 2020 el gasto en ‘vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles’ ha aumentado más de un 10%, pasando de 8.705 euros a 9.621 por hogar. Por vez primera, supera el tercio del total del presupuesto medio de los consumidores. Y ese porcentaje es mayor a medida que el ingreso familiar decrece, de tal manera que en hogares por debajo de los 1.500 euros al mes el porcentaje destinado a la casa se acerca al 45%.

Por eso ADICAE aguarda con máximo interés el Anteproyecto de Ley de Vivienda. Una iniciativa que requerirá de un debate que incorpore a los consumidores para que la norma afronte, además de la denominada “emergencia habitacional”, los graves déficits de fondo del acceso a la vivienda en España. La regulación proyectada mantiene además íntima conexión con el inminente Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, por lo que ADICAE trasladará propuestas relativas a ambos textos, en la perspectiva de reformar y reforzar las actuales políticas de acceso a la vivienda.

ADICAE considera que el planteamiento del Anteproyecto debe ser global para responder a los retos que la falta de políticas eficaces de acceso a la vivienda ha originado. La perspectiva a aplicar en la regulación de aspectos de urgencia como el precio de los alquileres debe ser completa, abordando todos los elementos que permitan implementar medidas que permanezcan a largo plazo.

En este sentido, la definición de «área tensionada» conocida hasta el momento se barema en función de porcentaje de gasto en vivienda de los hogares, pero el ajuste fino de los cálculos determinará su alcance: ADICAE defiende que los índices de referencia deben atender de manera más precisa a la situación económica real de la mayoría de los hogares, y deben ponderar el estado del inmueble y su habitabilidad. «De igual forma la futura Ley de Vivienda deberá además ser especialmente precisa a la hora de vigilar en qué condiciones se produce la adquisición de viviendas, y cómo evoluciona el sector que vehicula mayoritariamente la compra, el sector financiero».

Por eso, «si no hay protección de los consumidores, si seguimos como hasta ahora y como en la anterior crisis frente a unos sectores económicos de enorme fuerza, nos volveremos a encontrar frente a una crisis no resuelta cuyas consecuencias volverán a cargarse sobre la espalda de los consumidores», defiende el presidente de ADICAE, Manuel Pardos. ADICAE reafirma su propuesta para un pacto de Estado que ponga el acceso a la vivienda y a los suministros básicos en el centro de las políticas públicas, desde una perspectiva integral y global que dé voz a las reivindicaciones de los consumidores. Hacia allí debe caminar la tramitación parlamentaria de la nueva ley, dice la asociación.

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