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Le sucede la hija del juez Bacigalupo,socia de otro despacho

El bufete Garrigues, fundador de Transparencia Internacional, diseñó el fraude fiscal de Mourinho

Redacción
El bufete Garrigues propuso a los abogados de Mourinho ocultar a Hacienda la sociedad neozelandesa donde cobraba sus derechos de imagen. Los correos a los que tuvo acceso ´Der Spiegel´ desvelan que el despacho español "analizó la estructura" para defraudar utilizada por el entrenador y coordinó la inspección a la que fue sometido. El bufete asegura a Begoña P. Ramírez de infolibre.es que prestó la "máxima colaboración" a Hacienda

Silvina Bacigalupo es, desde el pasado 28 de enero de 2019, la nueva presidenta de Transparency International España. “Es un motivo de orgullo y especial satisfacción que Transparency International me haya confiado esta labor”, ha señalado Bacigalupo recientemente, en la presentación del Índice de Percepción de la Corrupción 2018.

Silvina Bacigalupo es catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, donde desarrolla su actividad académica. Es especialista en Derecho Penal económico y de la empresa, ámbito en el que tiene una extensa obra publicada.

Ha sido investigadora principal o miembro de equipo de una veintena de proyectos de investigación (I+D+i), relacionados con derecho penal y globalización, responsabilidad penal de las personas jurídicas y administradores, delitos económicos, criminalidad organizada, ética y cultura empresarial, y sobre el marco institucional para luchar contra la corrupción, entre otros temas. Ha realizado varias estancias de investigación en el extranjero, y ha colaborado como consultora experta en Derecho penal económico y de la empresa con los despachos Oliva & Ayala y Hogan Lovells. Es consultora externa en A25–Abogados y Economistas.

La experiencia de Silvina Bacigalupo en el ámbito de la transparencia y la prevención de la corrupción es amplia. Ha participado en el Programa europeo EuroSocial en varios proyectos de promoción de políticas públicas de prevención de la corrupción y transparencia en Perú y Colombia, así como en otros proyectos relacionados con las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.

En el marco de los proyectos de TI-E ha sido, entre 2015 y 2018, investigadora principal del Proyecto Integridad, financiado por Siemens Integrity Initiative, yha coordinado elobjetivo relacionado con buen gobierno corporativo y prevención de la corrupción. Es co-directora del Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno de Transparency International-España, y ha impulsado la creación del Foro de Integridad Corporativa.

Desde 2013 ha formado parte del Comité de Dirección de Transparency International España, y con anterioridad fue miembro del Comité Ejecutivo.

Se pueden consultar más detalles del CV de Silvina Bacigalupo en este enlace.

Antonio Garrigues Walker, es jurista español y presidente de honor del despacho de abogados Garrigues

En 1954 pasó a formar parte de la firma Garrigues fundada por su padre, Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, y su tío, Joaquín Garrigues Díaz-Cañabate. Ostentó el cargo de presidente del despacho desde 1961, cuando contaba con 27 años, hasta el 30 de septiembre de 2014. Además preside la Fundación Garrigues y la Cátedra Garrigues de Derecho Global de la Universidad de Navarra.

Es un reconocido jurista en el ámbito internacional. Destaca su labor como experto legal en inversiones extranjeras en España. Ha asesorado a grandes multinacionales, así como al Gobierno español en materia de legislación económica, especialmente en el campo de las inversiones extranjeras. También presta su asesoramiento y conocimiento jurídico a gobiernos, como el de Estados Unidos y Japón, en sus relaciones con España. Por ello, es Patrono de Honor de las Fundaciones Consejo España-Estados Unidos, Japón, China y Australia y Patrono de la Fundación España-India. Su preocupación por el fenómeno de la globalización, le llevó a ser pionero en la cooperación con bufetes internacionales siendo, por ejemplo, presidente de la Asociación Mundial de Abogados. Es miembro del grupo español de la Comisión Trilateral.

Junto a su labor como jurista, siempre ha mantenido una intensa actividad en la vida social, empresarial y cultural del país. Así se reflejó en su paso por la política. En 1982 creó el Partido Demócrata Liberal (PDL), del que fue elegido presidente. Esta formación política se integraría en 1984 en el Partido Reformista Democrático, una operación impulsada junto con Miquel Roca para tratar de ocupar el espacio político de centro.

Antonio Garrigues ha sido nombrado Abogado Mundial por el Centro de la Paz a través del Derecho y expresidente y patrono de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, Gran Cruz de Isabel la Católica y Gran Cruz al Mérito en el servicio de la Abogacía. Premio Blanquerna de la Generalitat de Catalunya. Premio Internacional de la Fundación Cristóbal Gabarrón a una Trayectoria Humana. Orden Heráldica de Cristóbal Colón (de la República Dominicana). Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2013. Premio Iustitiae ‘2013, relaciones bilaterales entre España y Portugal. Premio Asociación Jóvenes Empresarios (AJE) 2011 a la Trayectoria Profesional.

Fue el asesor especial del alto Comisionado de Naciones Unidas para refugiados (ACNUR) y actualmente es Presidente de Honor de España con ACNUR. Además es el fundador del Capítulo Español de Transparencia Internacional (TI), organismo para la lucha contra la corrupción.

Antonio Garrigues es presidente y consejero de diferentes empresas y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires (Argentina), por  la Universidad Europea de Madrid, por la Universidad Ramon Llull de Barcelona y por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Presidente del Patronato de la Universidad Antonio de Nebrija

A preguntas de infoLibre, un portavoz del despacho Garrigues indica que Diego Rodríguez “colaboró con el despacho Senn Ferrero en la inspección a que fue sometido José Mourinho por sus declaraciones de 2010 a 2013”. “En ese proceso se prestó la máxima colaboración con la Inspección de Hacienda y se respondió correctamente y de manera concreta a las preguntas que se hicieron”, añadió el portavoz, quien negó que se hubiera ocultado información a los inspectores. Cuando la investigación derivó en una causa penal, Garrigues ya “ni participó ni fue requerido”, añadió. Este periódico también se ha puesto en contacto con el despacho Senn Ferrero, que ha declinado hacer comentario alguno sobre los correos citados.

Julio Senn le contesta que sobre “lo que piden [los inspectores de Nueva Zelanda] y de cómo fue creado todo esto!!!! [sic]”, ellos no tienen “ni la más mínima idea”. “El único que podría aportar algo es Garrigues, ya que fue a quien encargasteis el análisis de esta estructura”. Incluso citan a “Diego Rodríguez, más famoso como D. R., que es quien analizó esta estructura para vosotros en el pasado y quien coordinó la inspección de JM [José Mourinho]”. En la información que sobre el esquema fiscal utilizado por el exentrenador del Real Madrid publicó el 3 de diciembre de 2016 el periódico El Mundo –que entonces formaba parte del grupo de diarios integrantes de EIC– sólo se mencionaba a un “asesor externo” de siglas D. R. Tampoco aparecía siquiera el despacho Garrigues.

“¿Os parece que informe a Diego Rodríguez??”, pregunta Julio Senn, que queda a la espera de “instrucciones”. Así que Carlos Osório pregunta en portugués a Marques y Correia si le “pasa la pelota a Diego”. Y precisa que “algunas cosas implican a Freddy”. El abogado se refiere a Freddie Huxtable, socio de RSM, una de las mayores asesorías fiscales del mundo. Para entonces, Miguel Marques ya había comunicado a abogados y asesores que Mourinho había dado orden de “liquidar toda la estructura que posee” para evitar “cualquier sorpresa o publicación en los medios en el futuro”. “Aunque aceptable fiscal y legalmente, todo lo relacionado con las estructuras debería ser rescindido de acuerdo con la ley”. El banquero dice que antes de tomar esa decisión, Huxtable le había “reasegurado” que “todo lo que tiene el entrenador está conforme a las leyes de Reino Unido”. Al día siguiente los asesores suizos de Mourinho pidieron a Freddie Huxtable un borrador de cómo debería llevarse a cabo la liquidación de la “estructura”, que el experto británico envió el 15 de diciembre.

Como resultado de esa operación, José Mourinho debía recuperar sus derechos de imagen, hasta entonces en manos de Koper Services y cedidos a la sociedad irlandesa Multisports & Image Management Limited (MIM). Entonces los cedería a Polaris Sports, que pagaría por ellos a Mourinho. Finalmente, el entrenador tributaría por ellos ante el fisco británico a un tipo del 45%, puesto que entonces ya era residente sin domicilio en Reino Unido.

Pese a las prisas –todos los correos se enviaron con el título de “urgente Kaitaia”–, los inspectores de la Agencia Tributaria española no sólo reabrieron la investigación cerrada en 2015 sino que, en junio de 2017, la Fiscalía presentó una denuncia ante el juez por dos delitos contra Hacienda. Al aparecer Kaitaia Trust, Koper Services quedó al descubierto como una sociedad pantalla, sin empleados ni actividad alguna. Por tanto, los gastos que Mourinho se había deducido gracias a Koper Services estaban falseados, no existían. Kaitaia Trust pertenecía al 100% a Mourinho –en caso de fallecimiento los beneficiarios eran su mujer y sus dos hijos– y ésta, a su vez, era la dueña al 100% de Operating Nominees, fiduciaria de Koper Services. Por tanto, no hay diferencia alguna entre Mourinho y la sociedad que le gestionaba los derechos de imagen, explica la Fiscalía.

Entonces sí que apreciaron los inspectores de Hacienda que Mourinho y sus asesores habían tenido intención de ocultar información y, por tanto, de defraudar. La condena fue finalmente de un año de cárcel, con una multa de 1,98 millones de euros. El entrenador portugués aceptó ambas tras llegar a un acuerdo con el fiscal que le evita entrar en prisión.

Asesores que no saben nada

El papel de los asesores fiscales en las complejas tramas que las grandes fortunas utilizan para eludir el pago de impuestos se sitúa en el centro de la polémica cada vez que salta a la luz pública un caso. Si en la investigación sobre Cristiano Ronaldo la juez llamó a declarar sólo como testigo a Diego Rodríguez, y como imputados a Jorge Mendes y Luís Correia, en el de Mourinho ni siquiera han tenido que pisar el juzgado. Por el contrario, han sido procesados Iván Zaldúa Azcuenaga, asesor fiscal del exjugador del Real Madrid Xabi Alonso, así como Ignasi Maestre Casanova, administrador de Kardazli Comercio Serviços de Consultoría e Investimentos LDA, una sociedad ubicada en Madeira a la que el deportista simuló cederle la explotación de sus derechos de imagen, de acuerdo con la denuncia de la Fiscalía.

Además, la sentencia del Tribunal Supremo que en mayo de 2017 ratificó la condena impuesta por la Audiencia de Barcelona al jugador del Barcelona Leo Messi y a su padre, recriminó tanto a la Fiscalía como a la propia Agencia Tributaria que no hubieran investigado también a los asesores fiscales de ambos.

Sin embargo, los abogados y asesores fiscales suelen eludir sus responsabilidades. Según publicó en su día Der Spiegel, otro despacho, King & Wood Mallesons (KVM), contratado por Carlos Osório en 2014 para gestionar los asuntos fiscales de Cristiano Ronaldo, llegó a declarar ante el juez que nunca había visto la declaración de impuestos del portugués correspondiente a ese año. La revista alemana asegura por el contrario que uno de sus abogados, Pablo Tejerizo, había discutido con otros asesores sobre los últimos detalles de esa declaración el mismo día en que la presentaron y había dado el visto bueno al documento final. Lo mismo ocurrió con Senn Ferrero, añade Der Spiegel. Como en el caso de Mourinho, el despacho español alegó que desconocía la estructura empresarial de Cristiano Ronaldo, aunque había sido el encargado de presentar sus declaraciones entre 2011 y 2013 y “no le sorprendió que no hubiera tributado por sus ingresos publicitarios en esos años”.

Otro tanto hizo Backer & McKenzie, también abogados de Ronaldo. Cuando la jueza que llevó su caso pidió a este bufete internacional que identificara a los asesores fiscales que habían presentado las declaraciones del jugador entre 2011 y 2014, sus abogados señalaron a Garrigues y a Diego Rodríguez Titos, según publicó El Mundo. Garrigues se defendió entonces alegando que sólo había sido “gestor” pero no asesor fiscal del exjugador del Real Madrid. “Nunca le asesoramos sobre sus derechos de imagen”, indican a infoLibre, “sólo hicimos las declaraciones de la renta de Ronaldo basándonos en la información que nos suministraron sus asesores, y por muy poco dinero.

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