sábado,13 agosto 2022
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El pasado 29 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones con lo que finaliza un largo proceso de transposición del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (CECE)

El Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones efectúa varias consideraciones sobre su papel en la elaboración de la nueva Ley General de Telecomunicaciones

En su tramitación se ha contado con un amplio consenso político para la aprobación de una norma que va a contribuir a la creación de riqueza, empleo y vertebración territorial y social y en la que la conectividad se configura como la pieza clave del desarrollo de nuestra sociedad digital y el usuario, el beneficiario principal. El texto presenta un claro carácter continuista con respecto a la anterior Ley, lo cual refrenda el impacto positivo de ésta sobre las infraestructuras y la competencia en el mercado español de telecomunicaciones. Sería complicado realizar un análisis exhaustivo de todas las previsiones normativas de la nueva Ley, aunque desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones (COIT), como participantes activos en el proceso de elaboración, deseamos poner en valor algunas consideraciones y mejoras que se incorporan.

El pasado 29 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones, la norma sectorial de referencia para el conjunto del sector. Con esta publicación finaliza un largo proceso de transposición del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (CECE) en el que el COIT ha participado junto con otros agentes del sector bajo la coordinación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Hay que destacar el impulso de los despliegues y las inversiones en redes ultrarrápidas, como un eje vertebrador esencial del desarrollo de España. Para facilitar este impulso, se establecen mecanismos más ágiles y mejor coordinados entre las administraciones públicas, que deberán permitir un despliegue más ágil y mejor coordinado de infraestructuras y redes de telecomunicaciones en los entornos locales.

Desde el COIT apremiamos a la puesta en marcha de la Comisión Interministerial para la agilización de los mecanismos de colaboración entre Administraciones públicas para la instalación y explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas con objeto de impulsar una reducción y simplificación de los plazos y los trámites administrativos asociados al despliegue.

Se favorece el avance en el despliegue y acceso a la red 5G de telefonía móvil, a la vez que se mejorará y aumentará aún más la red de fibra, especialmente en zonas rurales, y la conectividad y banda ancha en los edificios residenciales (ICT), así como en aquellos amparados bajo el paquete de ayudas denominado UNICO-Edificios, que fue promulgado en noviembre de 2021 y que esperamos que las comunidades autónomas pongan en marcha en los próximos meses.

Desde el punto de vista profesional, es importante destacar la apuesta por la conectividad del edificio y la conectividad del exterior como en el caso de las urbanizaciones. El artículo 55 recoge el marco de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones en el interior de los edificios y abre la puerta a nuevos desarrollos orientados a mejorar el bienestar de los ciudadanos y a convertir al edificio en un auténtico elemento clave de la ciudad inteligente, como elemento conectado, monitorizado y sostenible.

Adicionalmente, en aras de garantizar a los usuarios un acceso de calidad a los servicios de telecomunicaciones, la norma también amplia y desarrolla con mayor detalle el régimen sancionador para las ICT e imposibilita a las comunidades de propietarios y a los propietarios de edificios que denieguen la instalación de redes en su propiedad o que impidan la instalación del tramo de red necesario para dar continuidad de la red hacia los edificios o fincas colindantes, si no existe una alternativa viable.

Desde el punto de vista del despliegue de las redes ultrarrápidas, la propuesta presentada y defendida por el COIT se ha recogido en el artículo 51, en el que se establece que en el proceso de urbanización se debe incluir un proyecto específico de infraestructuras de telecomunicaciones para permitir la llegada de los operadores en igualdad de condiciones al conjunto de los usuarios (residencial, dotacional, centros sanitarios y educativos, centros comerciales, etc.). Este artículo supone un paso decisivo de la actividad profesional en el que la figura del facultativo competente y la del proyecto técnico refuerzan su sentido y abren grandes posibilidades de desarrollo profesional a los Ingenieros de Telecomunicación.

La nueva ley garantiza también nuevos derechos para los usuarios, como una mayor transparencia en los contratos de los operadores o la reforma del servicio universal, que incluirá la conexión a Internet y excluye las cabinas. Otros aspectos incluidos son la limitación de la duración de los contratos a 24 meses, la primera regulación de los paquetes de servicio, la ampliación de los derechos de portabilidad y la conservación del saldo de un móvil prepago al cambiar de operador.

El grueso de la ley entró en vigor el 30 de junio, si bien se han habilitado otros plazos para el desarrollo de algunos de sus preceptos más relevantes. Entre ellos, se encuentra el compromiso por parte del Gobierno de desarrollar medidas que, en el plazo de un año, permitan que los ciudadanos en su totalidad dispongan de una conexión mínima de 100 Mbps por segundo. Asimismo, el derecho de los ciudadanos a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial también entrará en vigor en el plazo de 12 meses.

Entre otros asuntos la Ley permite, además, crear una red de alertas nacionales en caso de catástrofe, que permita avisar a los ciudadanos a través de su teléfono móvil, y la comunicación al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la instalación o explotación de cables submarinos cuyo enganche, acceso o interconexión a redes de comunicaciones electrónicas se produzca en territorio español.

En definitiva, consideramos que se trata de un texto que recoge nuestros objetivos y que nos permite seguir trabajando para que el casi centenar de reglamentos y órdenes ministeriales que deberán desarrollarse tras esta ley vean la luz en el menor tiempo posible y refuercen el papel esencial de los Ingenieros de Telecomunicación en el conjunto del sector.

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