A partir de ahora esta renta, considerablemente inferior a la recompensa en la reciente cumbre global de Davos incluso para países como los Estados Unidos ante la presión de los robots sobre el empleo, estará sometida a la oposición del Agobierno y enmiendas parciales, entre otras razones por las dudas en algunos partidos nacionalistas o independentistas, especialmente el PNV, sobre el respeto a las competencias autonómicas. También porque Unidos Podemos quiere acercarla a los 600 euros de su programa.
Su principal impulsor son los sindicatos y el PSOE, a pesar de que el economista que coordina su programa, José Carlos Díaz, pro Susana Díaz, que gobierna con el apoyo de Ciudadanos, la rechazaba públicamente hasta aprobarla la Gestora socialista. En el Congreso la ha defendido Rafael Simancas, quien recordó los 400 euros de Zapatero rechazados por el PP para remarcar que la renta mínima puede ser la ley social más importante que se apruebe desde entonces.
Varios portavoces, como el de Compromís, Joan Baldoví, han utilizado expresiones como "rescatar a las personas" para justificar su aprobación. Segundo González, en nombre de Unidos Podemos, ha destacado la necesidad de atender a las personas abandonadas por la crisis y "por las políticas de recorte del PP". "España ya está rota con sus políticas", ha concluido dirigiéndose al Gobierno.
El Gobierno de Mariano Rajoy está en contra de la proposición de ley por considerarla imposible de financiar. Sin embargo, no ejerció en octubre su potestad de vetar proposiciones que afectan al Presupuesto por tener dudas legales de si es posible hacerlo sobre Iniciativas Legislativas Populares.
Por el PP, Susana López Ares dijo que produciría un "efecto llamada" en otros países y un coste de 50.000 millones de euros porque podría alcanzar a ocho millones de personas, inasumibles para España y por encima del objetivo de estabilidad. Ha repetido varias veces la palabra "demagogia" y ha recordado las declaraciones de José Carlos Díez, en las que se opuso reiteradamente a la renta básica con argumentos como que "haría falta instalar francotiradores en la frontera" para evitar ese efecto llamada.
Por Ciudadanos, Toni Roldán lamentó que el PSOE se haya "podemizado" con esta medida y ha atacado la filosofía de la renta mínima: "Son las políticas que no se pueden cumplir las que generan desafección y terminan creando un caldo de cultivo propicio para el populismo". Roldán ha retado a Simancas a explicar si los 15.000 millones que costaría aplicarla (12.000 según los sindicatos) "justo el ajuste que se nos exige este año para pasar del 4,6% al 3,1% de déficit, pero en dirección contraria" serían financiados con más subidas de impuestoso con recortes: "¿Quieren subir el IVA al 25%, o el IRPF?¿O prefieren hacer recortes sociales, esencialmente en Educación y Sanidad, como ha venido haciendo el PP?".
La renta mínima aprobada está concebida para más de 2,4 millones de personas sin recursos, que se prolongaría mientras el beneficiario carezca de empleo y de recursos económicos y supondría un gasto total de más de 11.000 millones de euros. Los secretarios generales de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Pepe Álvarez, asistían al debate del Congreso tras defender la medida hace dos semanas en la Comisión de Empleo del Congreso.
