sábado,29 enero 2022
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El Congreso convalida el decreto que transpone a directiva europea de información sobre RSC

Redacción
El Congreso convalidó este miércoles el decreto-ley que transpone a España la directiva europea de información sobre RSC de las grandes empresas (mayores de 500 trabajadores) con la abstención de la oposición del PSOE, Podemos y ERC, a cambio de que el Gobierno lo trámite en los dos próximos meses como proyecto de ley, para que los diversos grupos puedan formular enmiendas, según informó a Ibercampus Segundo González, el diputado que tomó la iniciativa de dejar la puerta abierta a cambios.

Esta norma, aprobada así por 176 votos a favor (PP, Ciudadanos, PNV y el PdeCAT), 1 en contra y 163 abstencionesde los tres grupos citados, modifica el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, y atañe a las sociedades anónimas cotizadas con más de 500 empleados, con un activo superior a 20 millones o con una cifra anual de negocios superior a los 40 millones. Fue aprobada por el Ejecutivo de Rajoy tras más de un año de espera el pasado 24 de noviembre,  fue publicada inmediatamente el  sábado 25 de noviembre en el Boletin Oficial del Estado, y entró en vigor el domingo 26, para obligar a dichas empresas a detallar las medidas que adopten en cuestiones sociales y medioambientales, como igualdad de género, condiciones de trabajo, derechos sindicales o protección de las comunidades locales, así como posibles efectos y medidas medioambientales, los mecanismos para evitar la corrupción y el soborno, y los impactos sobre los derechos humanos y sus iniciativas para corregirlos. Por su parte, las cotizadas deberán aportar información sobre las políticas de diversidad a la hora de elegir los consejos de administración.

Ante el debate de convalidación del decreto-ley este miércoles, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, auguró que esta norma  para exigir a las grandes empresas más información no financiera y compromisos en materia medioambiental y prevención de corrupción aumentará la transparencia de las grandes empresas y la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en ellas. Así señaló durante su intervención en el último pleno del Congreso del año .

De Guindos defendió el decreto porque permitirá identificar riesgos para la sostenibilidad y "aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad", así como la transparencia de las grandes empresas. Además, justificó el retraso en la trasposición de la directiva, cuyo plazo límite venció en diciembre del año pasado, en la falta de un Gobierno con plenas funciones, lo que "no ha facilitado la tarea".

Por este retraso, del que informó Ibercampus, la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España que, si llega a culminar en la presentación de una denuncia ante el TJUE, podría conllevar la imposición de una multa a contar desde el día límite para la trasposición, motivo por el que Guindos considera "más que justificada" la urgencia y extraordinaria necesidad del decreto-ley.

La norma establece que las grandes empresas deberán acompañar su informe anual con información sobre sus políticas medioambientales, su personal, el respeto a los derechos humanos, y la lucha contra la corrupción y el soborno, de forma que deberán incluir las medidas encaminadas a la igualdad de género, el medio ambiente, en materia de derechos humanos, para impedir abusos y los recursos internos para prevenir la corrupción y el soborno, entre otros.

El ministro explicó que esta norma atañe a compañías grandes con consideración de entidad de interés público, es decir, aquellas en las que el número medio de trabajadores durante el ejercicio sea superior a 500 y que durante dos años consecutivos reúnan al menos dos de las siguientes circunstancias: que el total de las partidas del activo sea superior a 20 millones de euros, que el importe neto de su cifra anual de negocios supere los 40 millones de euros o que el número medio de trabajadores empleados sea superior a 250.

Criticas a la “transposición de minimos”

Por su parte, desde la oposición han criticado que se haya vuelto a utilizar el recurso del decreto-ley y el retraso en la transposición de la directiva, así como que ésta sea "poco ambiciosa" por parte del Gobierno, por lo que el PSOE, Unidos Podemos y ERC solicitarán su tramitación como proyecto de ley.

La diputada del PSOE Patricia Blanquer ha criticado que la transposición llega "muy tarde y con carencias", al ser España el último país en transponer la directiva y al "desaprovechar" la oportunidad de concretar la información para que sea comparable entre empresas. "El Gobierno ha hecho una transposición blanda y deja la puerta abierta a la omisión de información", ha reprochado Blanquer, quien ha avanzado que en la tramitación se deberá profundizar en que los directivos tomen conciencia en materia de RSC, y en que se suministre información sobre igualdad salarial entre hombres y mujeres, por niveles profesionales y sobre la política de conciliación, así como la relativa a planificación fiscal para evitar la elusión fiscal, de forma que las grandes empresas informen sobre los países en los que operan y tributan.

En esta línea, el diputado de Unidos Podemos- En Comú Podem-En Marea, Segundo González, también ha censurado que la transposición llegue "mal y tarde" y su contenido sea "demasiado genérico", por lo que ha abogado por ampliar la incidencia de la norma.González cree que la norma tendrá menor incidencia que lo fijado en la directiva, ya que al decreto-ley se le añade el requisito de que, además contar con más de 250 trabajadores, tengan un volumen de negocio superior a 40 millones de euros.

Desde Ciudadanos, el diputado Rodrigo Gómez también se ha sumado a las críticas por el uso reiterado del Gobierno de la fórmula del decreto-ley y el retraso en la transposición de directivas, ya que hasta principios de noviembre estaban pendientes 32 directivas, algunas con fecha límite de transposición en julio de 2015. Por ello, ha defendido que "España se merece que cumplamos a tiempo" y el Gobierno "tiene que empezar por cumplir y dar ejemplo", si bien ha valorado el "poco ambicioso" decreto-ley porque permitirá medir los riesgos para la sostenibilidad de las empresas y contribuirá al a confianza de los consumidores.

En esta línea, la diputada de ERC Teresa Jordà ha advertido de que la norma presenta "defectos formales importantes" y ha criticado que para el PP sea "habitual" tener la necesidad de convalidar o derogar reales decretos por presentar al límite o fuera de plazo la transposición de directivas. "España tiene el récord de incumplimiento de directivas europeas, lo aplican mal y abusando del recurso del decreto-ley", ha denunciado.

Por su parte, Idoia Sagastizabal, del PNV, ha abogado por que el número de empresas obligadas a suministrar información no financiera aumente paulatinamente ya que la directiva es "de mínimos" y el decreto debería haber sido "más ambicioso", mientras que Carles Campuzano, del PdeCAT, ha valorado que se dé un "paso importante" en el desarrollo de la RSC de las empresas, pero ha abogado por incorporar lo relativo a la fiscalidad.

Por último, la diputada del PP Teresa Palmer ha defendido que el beneficio empresarial no puede ser el único objetivo de las empresas, sino que hay que trabajar por una "mayor transparencia, responsabilidad medioambiental y una estructura salarial justa". Palmer ha justificado el uso del decreto-ley ante el retraso de la transposición.

Algunos incumplimientos empresariales

Todas las empresas del IBEX suspendeieron al publicar sus informes de RSC del 2015 en derechos humanos y laborales, según el Observatorio RSC.La puntuación global es de un 0,78 sobre un total de 4, considerándose el nivel de información global como anecdótico. Tampoco la mayoría  quieren que se hable siquiera de ello, a juzgar por el hecho de que solo 16 de las 35 empresas han enviado comentarios a los informes individuales, ampliando y facilitando el acceso a la información necesaria para la realización del estudio: Abertis, Aena, ArcelorMittal, Banco Popular, Bankia, CaixaBank, DIA, Enagás, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Inditex, Red Eléctrica, Repsol, Sacyr y Telefónica, según informó Ibercampus.es  al dar cuenta informe del Observatorio de RSC "Los derechos humanos y los derechos laborales en las memorias anuales de las Empresas del IBEX 35. Análisis del ejercicio 2015". Solo 10 de ellas cuentan con una política específica en materia de derechos humanos(Repsol, Iberdrola, GNF, Ferrovial, Endesa, ArcelorMittal, Acciona, Banco Sabadell, Banco Santander y BBVA).

Además, auditar la denominada información extrafinanciera se ha convertido en una práctica habitual en las empresas, que consideran que contar con un informe firmado por un experto independiente que verifique sus prácticas éticas, sociales y ambientales aporta mayor fiabilidad y credibilidad a los inversores y grupos de interés, al mismo tiempo que contribuye a la transparencia de la organización. 

Veintisiete empresas del Ibex decidieron hacer este proceso de verificación con la información extrafinanciera correspondiente a 2015, cuyo informe firmado por una firma independiente está incluido en sus respectivas memorias (integradas o de sostenibilidad).

Algunos recientes retrocesos se explican, fundamentalmente, por los cambios experimentados en el Ibex en los últimos meses, con la salida de grupos como OHL y Sacyr, que verifican su informe de sostenibilidad, y la incorporación de Cellnex, Merlin Properties o Viscofan, que no lo hacen. Aena, por su parte, este año no ha verificado su informe de responsabilidad corporativa, que en años anteriores estaba adjudicada a Aenor. Tampoco Acerinox, la filial española de ArcelorMittal, Dia y Grifols realizan esta verificación.

Las big four (Deloitte, EY, KPMG y PwC) auditan nueve de cada diez informes. Entre las novedades de este año destaca Técnicas Reunidas. El informe integrado del grupo de ingeniería incluye, por primera vez, el informe de aseguramiento limitado de los indicadores de responsabilidad social corporativa, que lleva a cabo la firma PwC. Además de la ingeniería y el grupo hotelero, PwC se encarga de Amadeus, Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Mediaset, Popular y Red Eléctrica. Mientras, Deloitte, con la salida del índice de OHL, a la que verificaba la información, pierde el primer puesto, y se coloca segunda con siete auditorías. Mantiene a Abertis, Ferrovial, Repsol y al grueso de los bancos del selectivo (Bankinter, BBVA, CaixaBank y Santander).

KPMG ha ganado la de Mapfre, que antes realizaba EY, pero se mantiene en tercer lugar con seis auditorías, al hacer también las de Acciona, ACS, Enagás, Iberdrola e Indra. 

EY, por su parte, tras la salida de Mapfre, hace las verificaciones de Bankia, Endesa, Gamesa y Teléfonica.

Del dominio de las big four se escapan Iberia (perteneciente al hólding aéro IAG) e Inditex, que siguen fieles a Aenor y SGS, respectivamente, para revisar los indicadores de su información extrafinanciera.

Mismo auditor

Dieciocho de las 27 sociedades del Ibex que verifican su información ética, social y ambiental han optado por hacerlo con la misma firma con la que audita sus cuentas, una decisión que se ha ido intensificando a medida que cobra fuerza entre las empresas el informe integrado, que agrupa toda la información financiera y extrafinanciera en un único documento. Entre ellas, Técnicas Reunidas, que en su primer año ha decidido hacerlo con PwC.

Nueve grupos, por el contrario, lo llevan a cabo con una firma distinta. Es el caso de Acciona (que audita sus cuentas anuales con Deloitte), ACS (Deloitte), Amadeus (Deloitte), Banco Sabadell (PwC), Enagás (Deloitte), Iberia (EY), Iberdrola (EY), Mediaset (EY) y Red Eléctrica (que confía sus cuentas a KPMG). Muchas de las empresas que trabajan con diferentes firmas de servicios profesionales para la verificación y la auditoría consideran que repartir esta labor entre distintos expertos aporta mayor credibilidad a la información y es mejor valorada por los grupos de interés, especialmente los inversores.

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