La iniciativa trata de enriquecer el debate parlamentario con las aportaciones del conocimiento al margen de la actuación de los grupos de interés y de cualquier ingerencia en la soberanía y capacidad de representación de los parlamentarios; el lema de sus promotores es "el experto valora, el técnico informa y el político decide". Su próxima tramitación por la Mesa del Congreso ha sido impulsada por la presidenta del Congreso de Diputados, Maritxell Batet, inmediatamente después de un evento en favor de incluir la ciencia en el Parlamento que organizó el pasado 17 de septiembre la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), entidad que reúne a más de un centenar de lobistas y a las principales empresas consultoras internacionales y que apuesta claramente por la transparencia y el control regulado de los grupos de interés frente a las prácticas de corrupción o a la ausencia de información en torno a la actividad de las llamadas "puertas giratorias"- La Asociación de Periodistas Parlamentarios, que colaboró en el evento de APRI junto a la Asociación Ciencia en el Parlamento y dos de los tres co-organizadores de esta: la Fundación Ciencia y Tecnología (COTEC), que preside la exministra.
La puesta en marcha efectiva de esta oficina llegará 224 meses después de que el Congreso de Diputados la apoyara por primera vez en 2018, durante el mandato de Ana Pastor (PP). Tras ello, en 2019, ya durante el mandato de Meritxell Batet (PSOE), acordó la creación de la oficina de la ciencia con una partida de 200.000 euros. El problema entonces fue que el borrador de Presupuestos Generales del Estado que debía incluir esa partida nunca llegó a aprobarse, al fallar hace un año el apoyo de ERC y otros grupos que impulsaron la moción de censura a Rajoy, por lo que Pedro Sánchez anticipó las últimas elecciones y sigue gobernando en coalición con Unidas Podemos pero con los presupuestos de 2018 prorrogados. Pero el evento de APRI causó inmediata reacción favorable por parte del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, quien se ha asegurado de que el borrador de Presupuestos del Estado para el 2021 incluya esa partida incluso algo incrementada y ha animado a la presidenta del Congreso de Diputados a materializar la iniciativa tras el próximo aproyo que recabará de la Mesa que reúne a los principales portavoces parlamentarios.
El evento de APRI para acelerar esta decisión fue anterior a que estallara abiertamente la guerra política en torno a la pandemia en la Comunidad de Madrid especialmente entre el Gobierno de coalición PSOE-Podemos y el de la Comunidad de Madrid del PP apoyado por Ciudadanos y Vox, ante la cual las 55 sociedades científicas que promovieron eI I Congreso COVID urgieron a gobiernos y ciudadanos que "reaccionen" y este fin de semana han lanzado una petición de trégua bajo el rótulo "En la salud, ustedes mandan pero no saben" que a mediodia de este lunes habían firmado unas 20.000 personas, con mensajes como "frenen ya tanta discusión y corran". Esas 55 sociedades científicas dicen representar a 171.356 profesionales sanitarios en nombre de los cuales se publicó el decálogo que anticipó Ibercampus.es el pasado 19 de septiembre. Son una parte sectorial del casi centenar de entidades cientificas que integran la Confederación de Sociedades Científicas (COSCE), la más amplia representación de la ciencia española en desmarcarse un mes después de iniciarse el estado de alarma de la reiterada apelación del Gobierno a ella durante esta crisis. Junto a la COSCE participaron en aquel desmarque (registrado apenas 20 días después de que el presidente Sánchez creara y se reuniera con un deniminad Comité Científico del COVID-19, cuya representatividad ha negado luego el conjunto de la ciencia) la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), la Crue Universidades Españolas y la Alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu (SOMMa).
De entre esos científicos que ahora urgen a gobiernos y ciudadanos la evidencia científica y que reaccionen para evitar un eviten un 2º desbordamiento de la pandemia, un reducido grupo planteó en 2018, por primera vez, la necesidad de dotar al Parlamento español de una oficina permanente de asesoramiento científico para facilitar de manera efectiva asesoramiento en la decisiones políticas sobre materias donde la ciencia y la investigación juega un papel crucial. En mayo de 2020 la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) apoyó la iniciativa firmando el manifiesto fundacional de Ciencia en el Parlamento, al que se han adherido ya más de 200 instituciones, conscieconscientee España es de los pocos países que no forma parte de la red europea de oficinas de asesoramiento científico, la mayoría miembros del Parlamento Europeo de Asesoramiento Tecnológico (Austria, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Holanda, Noruega, Suecia, Suíza o Reino Unido); incluso otros no europeos forman parte de esa red como asociados ( Chile, Dinamarca, Japón, Korea, México, Polonia, Portugal, Rusia, Estados Unidos y Bélgica). Y con motivo de esa colaboración de APRI el jueves 17 de septiembre del 2020 tuvo lugar el evento online Lobby Hour: El Papel de la Ciencia en el Parlamento, presentado por la Directora General de APRI, Irene Matías Campano, y moderado por Luís Carlos Ramírez, Secretario General de la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Entre los ponentes se encontraban Ana Elorza, Coordinadora de Asesoramiento Científico y Diplomacia en FECYT; Jorge Barrero, Director General de la Fundación Cotec para la Innovación; y Cristina Portalés vocal de Relaciones Institucionales de la Asociación Ciencia en el Parlamento.
La Directora General de APRI, Irene Matías explicó que en mayo de 2020 APRI se sumó al manifiesto de Ciencia en el Parlamento para apoyar la iniciativa, ya que los lobistas y profesionales de la relaciones institucionales creen firmemente que es fundamental que exista una toma de decisiones informada por parte de las instituciones públicas de cara a que la aprobación e implementación de iniciativas legislativas sea altamente eficaz. Irene Matías subrayó que el proceso de toma de decisiones es complejo; los diputados, senadores y altos cargos del Gobierno tiene que tomar importantes decisiones que marcan el rumbo del país. En este sentido al igual que los profesionales de las relaciones institucionales tratan de hacer llegar las preocupaciones e intereses empresariales o sociales a los decisores políticos, estos también deben contar con un asesoramiento riguroso, íntegro y contrastado y quién mejor que los investigadores y científicos de nuestro país que cuentan con conocimiento y datos objetivos.
En el evento se discutió la manera en la que la comunidad científica puede llegar y aportar a la política española. España va retrasada en este sentido respecto a sus Parlamentos vecinos, pues la oficina de ciencia ya es una realidad en algunos países europeos como Alemania, Francia o Reino Unido.
Esta disfunción ha sido estudiada por la Asociación Ciencia en el Parlamento, que también ha estudiado el funcionamiento de estos comités científicos en los parlamentos de otros países. Hasta el momento en el caso español, las propuestas de crear una oficina permanente no han prosperado, únicamente han conseguido allanar el camino con la esperanza de que en el menor tiempo posible, esta asesoría sea una realidad. En el evento, la Asociación Ciencia en el Parlamento describió el exceso de información al que se ven sometidos los políticos, y como aunque ya tienen muchos y buenos expertos los políticos, sigue siendo necesario la oficina. La oficina es necesaria, según dijo, para coordinar desde el mismo parlamento el asesoramiento que pueden proporcionar las asociaciones o expertos independientes sobre un tema o materia especifica para hacer prospectiva.
Desde la Ciencia en el Parlamento se recordó que el objetivo no es que las leyes sigan un criterio exclusivamente basado en la ciencia, pero sí que el factor científico y tecnológico sea tomado en cuenta. Todos los ponentes coincidieron que la función del asesor es asesorar, no legislar y el asesoramiento científico además que debe llegar también a la sociedad para transmitir conocimiento, pues se debe crear un triangulo interconectado donde exista flujos de información entre los tres estamentos, la ciencia, la política y la sociedad. Pese a todas las barreras, la Asociación Ciencia en el Parlamento seguirá persiguiendo su objetivo de que el Parlamento cuente con una oficina de ciencia que asesore en la toma de decisiones.
Luís Carlos Ramírez, Secretario General de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, concluyó que la crisis sanitaria ha demostrado la importancia del conocimiento científico y no podemos esperar más para que este forme parte de la toma de decisiones en el seno de las Cortes Generales (Congreso y Parlamento), de poner el conocimiento cientifico a disposición de quienes toman esas decisiones políticas, en palabras de Andreu Climent, presidente de Ciencia en el Parlamento.
"Con una oficina de este tipo quizá el debate parlamentario sobre e COVID hubiese sido distinto", según las palabras qe recordó Ramírez también de Eduardo Oliver, vicepresidente de la misma Asociación. Pero nunca es tarde para intentar poner el conocimiento científico a disposición de quienes toman las decisiones, como ya intentó en los primeros años de la democracia Miguel Ángel Quintanilla Fisac, Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Salamanca, cuando era senador en las Cortes Españolas entre 1982 y 1989 por el PSOE; de informar sobre lo que dice la ciencia sin opiniones ni sesgos ideológicos, de que todos los grupos políticos tengan acceso a mayor conocimiento para lograr un debate parlamentario absolutamete bien infornado y eficaz, en palabras del secretario general de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, quien recordó que actualmente 23 parlamentos cuentan ya con oficina de asesoría en ciencia y tecnología, entre ellos además de los citados en Europa Japón, Corea del Sur y Estados Unidos
En efecto, enseguida apareieron como coorganizadores de la iniciativa el Congreso de los Diputados, Fundacion COTEC y FECYT, y más de dos centenares de colaboradores cuyos logos aparecen su web, muchas de ellas empresas y universidades como la Universidad de Valencia, Politécnicas de Valencia y de Madrid, Comillas, Universidad de Alcalá, Castilla La Mancha, Universidad de Educacion a Distancia (UNED) y su competidota la UOC en Cataluña, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Salamanca, Oviedo, UDIMA, etc..
Entre las empresas que apoyan la iniciativa aparecen farmacéuticas como Pfizer, GlaxoSmithKline (GSK), además de diversas consultoras privadas afines a intereses empresariales y numerosas entidades públicas y asociaciones profesionales como la citada de APRI y antes de numerosas asociaciones científicas, el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la asociacion de empresas biotecnológicas ASEBIO
Para ello, en marzo de 2018 #CienciaenelParlamento tuvo abierta la convocatoria para identificar los temas a debatir en el primer evento de #CienciaenelParlamento, a la que se resentaron casi 100 propuestas de temas a tratar y entre los cuales en mayo de ese año la comisión mixta compuesta por diputad@s representantes de los grupos parlamentarios del @Congreso_Es y l@s científic@s promotores de @Cienciamento identificaron los finalmente tratados en el evento que tuvo lugar los días 6 y 7 de noviembre de 2018, donde más de 200 científicos y casi 100 parlamentarios pudieron debatir sobre las evidencias científicas acerca de temas de relevancia social. Alli, el Congreso de los Diputados puso de manifiesto su intención de crear la mencionada oficina, aunque la inestabilidad política debida a dos elecciones generales y ahora la pandemia por COVID-19 han aplazado su lanzamiento. .
El objetivo entonces declarado era que cada febrero se vuelva a abrir el proceso de selección de temáticas relevantes, pues la ciencia no debe ser invisible a ojos de quien gobierna. Pero ese y otros propósitos fueron relegados a otras como tener el apoyo de un grupo de divulgadores científicos en Youtube. En esa misma línea, ahora acaba de lanzar una campaña en redes sociales para concienciar de la importancia del asesoramiento científico, en colaboración con un grupo de los más reconocidos divulgadores como Javier Santaolalla (Date un Vlog), doctor en física de partículas; Patricia Tezanos (Antroporama), investigadora predoctoral en neurociencia; Amyad Raduan (GlóbuloAzul), médico; Santiago García Cremades (Raíz de Pi), matemático; Guillermo Pérez (WillDiv), biólogo; Elena Denia (Early Universe), física; y Nieves González (Sábados Culturetas), bióloga. Temas como el cambio climático, la circulación de vehículos autónomos, el envejecimiento de la población, la edición genética, los nuevos movimientos migratorios o la amenaza ante las super bacterias y virus emergentes son ejemplos de las muchas áreas que se verían beneficiadas de la existencia de mecanismos permanentes de asesoramiento científico al poder legislativo.
En la misma línea, la presidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet,ha mantenido sendas reuniones con los coordinadores de la iniciativa y declaró recientemente a la agencia EFE su intención de «promover las decisiones necesarias para su creación efectiva en cuanto se den las condiciones para ello, tras los consensos políticos que se pusieron de manifiesto en 2019», cuando aún era presidenta Ana Pastor.
Esas prioridades de difusión causaron que antes y despues del COVID, desde el mes de noviembre de 2019 a la primavera de 2020, la Asociación no realizara eventos públicos, tras su intensa actividad del 4 de mayo al 21 de noviembre de 2019, cuando realizó nueve eventos en universidades y delegaciones regionales del CSI según informa la Asociación en el apartado de su web próximos eventos de #CienciaenelParlamento, donde aun no se registra el evento realizado el pasado mes de septiembre por iniciativa de APRI:
