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POLÍTICAS
El eurodiputado Calvet pide ilegalizar partidos "golpistas"

El Congreso rompe la unidad ante el 1-O con críticas a Rajoy

La Guardia Civil entra en una de las consejerías catalanas

El Congreso se dividió este martes ante una moción de Ciudadanos de apoyo al Gobierno ante el 1-O, y este miércoles amaneció con la imagen de la Guardia Civil registrando las sedes de los departamentos de Economía, de Asuntos Exteriores, de Trabajo y Asuntos Sociales y de Gobernación del Govern en busca de pruebas contra el referéndum. Desde Bruselas, el diputado exUPyD Enrique Calvez pedía al presidente Rajoy en un escrito con cientos de firmas la ilegalización de los partidos "golpistas".
Redacción 20 de septiembre de 2017 Enviar a un amigo
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La unidad de Gobierno, Justicia, partidos mayoritarios y prensa para desligitimar el referendum del 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña se rompió este martes en el Congreso, al rechazarr una proposición de Ciudadanos de apoyo al Ejecutivo de Rajoy y al poder judicial "en defensa de la legalidad democrática en Cataluña". El texto contó con el rechazo de PSOE, Unidos Podemos y los grupos nacionalistas. Cuatro diputados socialistas se abstuvieron a pesar de que la dirección del grupo había dado instrucciones de votar en contra. Tres de ellos explicaron que había sido por error, mientras que la diputada socialista Soraya Rodríguez defendió su abstención porque "con el golpe a la democracia en Cataluña" no se podía votar no.

Los socialistas presentaron una enmienda a la proposición de Ciudadanos en la que se instaba, entre otras cosas, a "abrir un espacio de diálogo y buscar una salida pactada y legal" al problema de Cataluña, algo que fue rechazado por Ciudadanos. El líder de este partido, Albert Rivera, dijo que buscar una "salida pactada" es "pactar con los nacionalistas una solución política". Rivera atribuyó el no de los socialistas a presiones del PSC. Meritxel Batet, del PSOE, acusó a Ciudadanos de presentar una iniciativa que "ni suma voluntades ni propone soluciones ni ayuda a mantener un diálogo sincero y honesto que vaya al fondo de la cuestión".

La dirección el PSOE insistió en que el voto en contra a la iniciativa de Ciudadanos no interfiere en el apoyo que el partido está prestando al Gobierno ante el problema de Cataluña. la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que está "satisfecha del nivel de interlocución y apoyo tanto de Ciudadanos como del PSOE".

Prensa unida y sociedad también dividida

No se ha roto el apoyo de los principales diarios
, aunque surgen algunas críticas al Gobierno, sobre todo en Cataluña. Para EL MUNDO, "un PSOE dividido rompe la unidad frente al 1-O". "El choque entre PSOE y Cs rompe la unidad frente al independentismo", titula ABC. Para LA RAZÓN, "el PSOE rompe la unidad con Rajoy frente al referéndum en el Congreso". EL PAÍS apunta que el PSOE "rechaza un texto de Rivera de apoyo a Rajoy por excluir el diálogo". "El Congreso no avala la estrategia del Gobierno ante el referéndum", titula LA VANGUARDIA.

En sus editoriales, los principales mensajes de los grandes diarios impresos son: Restablecer el orden constitucional (EL PAÍS), La división de los partidos empaña la unidad del Estado ante el 1-O (EL MUNDO), El PSOE vota con Podemos y los separatistas (ABC), La corrupción ya toca a Puigdemont (ABC), En democracia no se señala a nadie (LA VANGUARDIA), y Dentro de la ley y lejos del inmovilismo hay terreno de juego en el que hacer política (EL PERIÓDICO).

Este último es el único que respalda la mayoría mostrada ayer por el Congreso de Diputados, en estos términos: 

"Planteada la crisis política actual como un choque de instituciones, legitimidades y soberanía, los bandos son muy homogéneos. Pero si se plantea en términos de diálogo y negociación sobre el encaje de Cataluña en España, las fronteras son más porosas". El rechazo del PSOE a la propuesta de apoyo a Rajoy que supuso la ruptura del llamado bloque constitucional ayer en el Congreso y la manifestación en Madrid a favor del derecho a decidir de Cataluña "son síntomas de que, dentro de la ley, con lealtad institucional y lejos del inmovilismo, hay terreno de juego en el que hacer política. Y constituyen también un aviso al PP: el problema catalán es ya un grave problema español que con la falta de acción política solo puede empeorar, si cabe".

Por otro lado, la Junta de Portavoces avaló la propuesta del PSOE de crear en el Congreso una comisión para el estudio de la modernización del Estado autonómico. Ciudadanos y ERC votaron en contra. La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, exigió al Gobierno que "se deje de ambigüedades" y aclare si pretende aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, dijo que aplicar el artículo 155 sería una "aberración".

Mientras, más de 230 profesores de universidades españolas han firmado un tercer  documento constatando la división de los españoles sobre el referendum, en el que acusan a las fuerzas independentistas de "dividir a la sociedad catalana", "impedir el ejercicio de los derechos de las minorías parlamentarias" y "poner en riesgo la convivencia".

Los alcaldes citados por la Fiscalía se niegan a declarar

Los tres primeros alcaldes citados ante la Fiscalía como investigados por colaborar en la organización del referéndum ilegal se negaron a prestar declaración alegando que el ministerio público se "extralimita" en sus funciones, y se reafirmaron en su compromiso con la consulta. En concreto, ayer comparecieron el alcalde de Mollerusa y diputado del Parlament, Marc Solsona, el de Oliana, Miquel Sala, y el de Pont de Suert, José Antonio Troquel. Solsona, que acudió a declarar ante la Fiscalía Superior de Cataluña dada su condición de aforado, insistió en que no se "echará para atrás" en su compromiso de celebrar el referéndum y criticó que el Gobierno intente hacer una "escenificación desmesurada" a través de los alcaldes de un proceso soberanista que calificó de "normal y pacífico".

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, asegura, en una entrevista en EL PERIÓDICO, que la fiscalía "no necesita" el artículo 155 para impedir la celebración del referéndum. Maza apunta que se ha citado a los alcaldes que apoyan la consulta "por si alguno recapacita y abandona la idea de colaborar en el hecho delictivo".

Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, adoptó anoche el acuerdo de no disponibilidad de gasto de la Generalitat para los pagos no esenciales que el Gobierno había exigido al presidente catalán, Carles Puigdemont, una vez que ha transcurrido el plazo que le dio para ello. La decisión será comunicada hoy al presidente catalán y a la Intervención General de la Generalitat. Según la orden ministerial, Hacienda podrá de manera excepcional y a petición del interventor general de la Generalitat autorizar la revocación parcial del acuerdo de no disponibilidad si se justifica la concurrencia de razones de urgente y extraordinaria necesidad para realizar un determinado gasto.

Por otro lado, Hacienda avisó ayer a la Generalitat de que si no cumple con la orden publicada en el BOE el pasado sábado por la que se intervienen las cuentas catalanas y no facilita los datos para poder pagar las nóminas y las facturas de los servicios fundamentales, los funcionarios no cobrarán y tampoco se atenderán el resto de los pagos.

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, dijo que la intervención de las finanzas ha quedado suspendida después de que el Trvibunal Supremo admitiera a trámite un recurso de la Generalitat, por lo que seguirán actuando con "normalidad" en relación con la gestión de sus cuentas. Junqueras anunció que comunicará por "vía administrativa y notarial" a las entidades financieras que no hay ninguna variación. En su opinión, el Gobierno "no puede exigir a un tercero que deje de cumplir con sus obligaciones para favorecer objetivos políticos".

La Guardia Civil localizó aen diferentes sedes de la empresa de envíos postales Unipost más de 45.000 certificados de notificación para su remisión a ciudadanos que deberán formar parte de las mesas electorales en el referéndum del 1 de octubre. El material estaba almacenado en una nave de Terrassa y en otra de Manresa y podría suponer el 80% de las comunicaciones necesarias para cubrir las mesas electorales, según informó el Ministerio del Interior.

Agentes de la Guardia Civil llegaron por la mañana a la sede de Unipost en Terrassa y tras realizar registros dieron con el material electoral que debía ser distribuido esta semana. A lo largo de la mañana se fueron concentrando manifestantes, entre ellos miembros de Arran, que intentaron impedir el acceso del secretario judicial que debía levantar acta del material incautado. Finalmente, la intervención de los Mossos d'Esquadra permitió el acceso de la comitiva judicial.

Petición de ilegalizar partidos al Presidente Rajoy
 
"Los ciudadanos de la región española de Cataluña están sufriendo desde hace tiempo graves e intolerables ataques contra la democracia, contra sus derechos civiles y contra el Estado de derecho y, en este momento, se está atacando también la democracia de todos los ciudadanos españoles, situación que me lleva a dirigirle esta misiva", dice la carta dirigida por el eurodiputado Enrique Calvet a Rajoy, para añadir textualmente:
 
"Los  ataques a los que hago referencia tienen forma de golpe de Estado. Nunca destruir la democracia española y establecer un régimen totalitario de base supremacista, rompiendo el imperio de la ley y nuestra Constitución, pareció tan fácil.
 
Este golpe de Estado está dirigido por tres partidos políticos, la CUP, ERC, y PDeCAT,  tres partidos que incomprensiblemente y a pesar de atentar de manera continuada contra nuestra Constitución y violentar las Leyes democráticas de todos, con hechos cotidianos, no han sido ilegalizados. Estimamos que ante la situación creada, hoy ya apremia hacerlo; por sentido común, por sentido de la democracia y para evitar toda confusión y toda inseguridad dentro y fuera de España.
 
El Gobierno de la Generalidad y los grupos parlamentarios secesionistas del Parlamento de Cataluña han conseguido, mediante abuso de poder, aprobar dos leyes -la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República y la Ley del Referéndum- cuyo fin es derogar, violenta y unilateralmente, la Constitución española en la Cataluña hispana. Esto es una aberración sin precedentes en las democracias de la UE que ha acrecentado, si cabe, el desamparo y el temor que siente una gran parte de la población española, resida o no en Cataluña.
 
Esos tres partidos políticos han convertido a sus cargos electos y a sus grupos parlamentarios y municipales, en peones violentos. Sí, violentos porque como se reconoce en el ámbito internacional, el uso deliberado del poder contra un grupo o una comunidad, también es violencia, y la violencia no necesita se cruenta o serlo todo el tiempo. Ese es el instrumento que estos tres partidos políticos están utilizando para alcanzar un objetivo que no tiene cabida en nuestra Constitución ni en nuestro Estado de Derecho.
 
La ley de Partidos Políticos prevé que un partido sea declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos por “Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas”.
 
Creo firmemente que PDeCAT, ERC y CUP fomentan la violencia, mediante el abuso de poder, con el fin de alcanzar su objetivo secesionista y legitiman conductas que solo llevan a la desobediencia y el incumplimiento de los mandatos legales y judiciales. Desde que esas dos leyes fueron aprobadas, y suspendidas por el Tribunal Constitucional, el desafío y la provocación de estas fuerzas políticas han sido continuas. Basta pensar en el llamamiento a votar en el referendo ilegal del 1-O hecho ayer por Puigdemont, algo absolutamente inaceptable.
 
Si esto no le parece suficiente para instar la ilegalización de estos partidos, le pido que impulse una modificación de la ley de Partidos Políticos inspirándose en el modelo alemán que prevé la ilegalización de un partido, cuando sus fines políticos y la actitud de sus miembros buscan perjudicar o eliminar el orden democrático y constitucional del país.
 
Siento tener que terminar diciéndole esto, pero creo que ha sido la permisividad con la que han actuado los sucesivos gobiernos españoles lo que ha favorecido que este golpe de Estado se haya fraguado con total impunidad.
 
Creo sinceramente que con el anuncio de lo que le solicito, en mi condición de representante de mi circunscripción -España- en las Instituciones Europeas, se empezaría a recobrar, tanto a nivel nacional como Internacional, el sentido común, el bien general y la credibilidad de la democracia española, algo que sería muy de agradecer por parte de sus ciudadanos, atónitos ante la impunidad que están presenciando.
 
Le pido por ello que actúe con firmeza e inicie el proceso de ilegalización de la CUP, ERC y PDeCAT obteniendo, si fuera posible, la suspensión cautelar de los mismos. No le quepa duda de que apoyaré con toda firmeza la decisión de hacerlo, tanto en mi circunscripción, que es toda España, como en Europa.
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
 
Fdo. Enrique Calvet Chambon
Diputado en el Parlamento Europeo
Presidente de ULIS Unidos, Libres, Iguales y Solidarios"

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