martes,24 mayo 2022
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El consentimiento informado de los pacientes de Salud Mental

Desde mi trastorno bipolar Me inicié como jurista en el análisis del impacto de las normas en áreas clave de la economía como las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Pero tras irrrumpir varios diagnósticos de trastorno mental grave decidí centrarme en una forma diferente de verme a mí misma como persona. ---- He transitado desde 1995 por los servicios públicos de atención socio-sanitaria en Salud Mental. Me he tropezado con violaciones de derechos, falta de una asistencia humanizada y centrada en la persona como ser integral.Creo que tener un diagnóstico médico de trastorno mental grave no debe hacernos olvidar que somos seres muy valiosos, principalmente por la forma en que tenemos de enfrentar barreras sociales tratando de construir nuevos paradigmas. -En estos no deberían existir obstáculos que nos impidan ser ciudadanos plenos de dignidad y derechos. Espero que este testimonio sirva a los que se inicien en el complejo y a veces iluminador camino de la "locura".También me gustaría compartirlo con responsables de entidades públicas y privadas para descubrir cuánto podemos aportar a nuestra sociedad: una reflexión colectiva sobre qué modelo queremos para tod@s -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I started as a lawyer in the analysis of the impact of regulations in key areas of the economy such as new information and communication technologies. But after several diagnoses of severe mental illness, I decided to focus on a different way of seeing myself as a person. I have traveled since 1995 through the public services of socio-health care in Mental Health. And I have stumbled upon violations of rights, lack of humanized and person-centered care. I believe that having a medical diagnosis of a serious mental disorder should not make us forget that we are very valuable beings, mainly because of the way we have to face social barriers trying to build new paradigms. In these there should be no obstacles that prevent us from being citizens full of dignity and rights. I hope that this testimony will be useful to those who are starting out on the complex and sometimes illuminating path of "madness". I would also like to share it with managers of public and private entities to discover how much we can contribute to our society: a collective reflection on what model we want for everyone
La Ley 41/2002 reguladora de autonomía del paciente establece que toda actuación en el ámbito de la salud necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado. Además, se requiere el consentimiento escrito en el caso de utilización de procedimientos que supongan riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. El potencial riesgo de dependencia de los psicofármacos debería incluirse en ese artículo según la literatura médica.
 

Desde el año 1995 en que ingresé en un Centro de Salud Mental de la Comunidad de Madrid jamás se me informó adecuadamente de los efectos secundarios y de los riesgos que los fármacos que me prescribían tenían para mi salud y en ese caso los posibles tratamientos alternativos que podía elegir si decidía no hacer uso de ellos. Había tenido distintos diagnósticos y el que arrastraba desde hacía diez años era el de trastorno bipolar tipo II

 

La psiquiatría, como parte de la medicina, no es una ciencia exacta y por otro lado en su esencia está respetar y fomentar la dignidad del ser humano.

En enero de 2018, después de más de veinte años sin decidir sobre mi tratamiento le solicité a mi psiquiatra la reducción progresiva de cierto medicamento (la quietapina) que había tenido a diversas dosis prescrito en esos casi diez años. Había leído en la literatura médica que el tratamiento a largo plazo (generalmente más de cinco años) con antipsicóticos podía devenir en una mayor posibilidad de dispararse el trastorno bipolar (Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis…´, Psychotherapy and Psychosomatics Review 2017;06: 289-2019 , `(…) long-term administration of antipsychotics can upregulate D2 receptors and produce receptor supersensitivity manifested by behavioral supersensitivity to dopamine stimulation in animals, and movement disorders and supersensitivity psychosis (SP) in patients(…) Esta investigación tenía un antecedente positivo en el de 1978 de Guy Chouinard et al ´Neuroleptic-Induced supersensitivity psychosis´ en la American Journal of Psychiatry (APA) 135 (11), 1409-1410

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Mi psiquiatra me indicó que la dosis que estaba tomando-en ese momento, ya que como digo había ido variando en años anteriores- no era terapéutica (por ser demasiado baja) y decidimos reducirlo progresivamente. Después de un pequeño episodio de cierto estrés que tuve, comencé a tener unos niveles de agitación extraordinarios, sin poder conciliar el sueño, desbordada por una ansiedad incapacitante y desproporcionada (a pesar de que intentaba reducirla con ansiolíticos). Una psiquiatra del servicio de Urgencias me indicó que era un “desequilibrio de mi sintomatología de base”, que la literatura que de nuevo mencioné sólo se refería a la diskinesia y me triplicó la dosis que había dejado de  tomar,  Lo que no entendí era cómo un hecho que consideraba estresante pero de poca relevancia entonces me había generado  dicho cuadro nervioso, que nunca había tenido

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Decidí seguir investigando en la literatura médica. Cuando acudí a mi psiquiatra y le comenté que existía un potencial riesgo de dependencia de los antipsicóticos y que un sector de la psiquiatría, como el doctor Inchauspe Aróstegui en diciembre de 2017 (desde la Asociación Madrileña de Salud Mental) ya lo había puesto de manifiesto (se desconoce el efecto que los psicofármacos pueden producir en cada persona pero que es un riesgo que existe), me indicó que lo “que un psiquiatra opine no es verdad científica” y “que necesitaríamos el doble de psiquiatras en Salud Mental para informar de todos los efectos secundarios de los medicamentos”, obviando mi inquietud y menospreciendo que en todo caso se había producido una violación al derecho que como paciente tenía a elegir un tratamiento pues no se me había informado con detalle de lo que estaba tomando y por ende ahora estaba atrapada en el mismo por efecto rebote.

 

Porque como pacientes de Salud mental también debemos recordar que el DSM tampoco responde a evidencias científicas, sino a lo que una mayoría de psiquiatras considera válido (la APA)

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Pensé que no me entendió, porque no le estaba hablando de efectos secundarios (que aparecen en los prospectos que las empresas farmacéuticas) sino de un riesgo, el de dependencia, que sólo el médico y la literatura médica conoce, y que aunque no se materialice existe. Es un riesgo que por ley los pacientes de salud mental tenemos derecho a conocer porque es nuestra Seguridad  de lo que la Administración sanitaria responde, y no somos nosotros los que debemos responder de los potenciales daños derivados de la falta de medios personales en la misma.

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica establece en su art  8.1. que “toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso.”. Y en cuanto a la información el art 4 “1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma,… La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias…” Además se requiere el consentimiento escrito en el caso de utilización de procedimientos (como la prescripción de determinados psicofármacos) que supongan riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. (Art 8. 2).

Aunque la jurisprudencia española ha resuelto que la Administración pública no es una “aseguradora universal” de daños sanitarios, la información sobre el riesgo de dependencia de ciertos psicofármacos y transcurridos ciertos plazos (aquellos que la doctrina médica considera prudenciales como la del tratamiento de crisis) debería incluirse en este artículo como obligación de consentimiento por escrito ya que es una laguna legal que beneficia a las empresas farmacéuticas y mantiene una Administración de continua reducción presupuestaria de recursos humanos en el tratamiento de los trastornos mentales.

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud publicado en 2003 con el título Mental Health Legislation and Human Rights el consentimiento informado en Salud Mental no puede ser legal si va acompañado de amenazas explicitas o implícitas de tratamiento forzoso o si no se han ofertado, para su toma en consideración, otras alternativas al tratamiento propuesto. 

En estos diez años de tratamiento jamás ningún psiquiatra tomó la iniciativa de informarme de este riesgo trascurridos cinco años de tratamiento y no se planteó por tanto ni una posible reducción del antipsicótico (la quetiapina), máxime si “no tenía ningún efecto terapéutico” ni un tratamiento alternativo. Simplemente se me modificaba  la dosis ante dificultades que tuviera que bien podrían haber tenido un abordaje menos invasivo.

La psiquiatría legal, por su lado ante las reclamaciones de los pacientes se afana por defender que el psiquiatra actúa según la “lex artis ad hoc” ya que respeta los protocolos facultativos establecidos por ley y las consultas por trastornos mentales en una sociedad en plena crisis y envuelta en unas políticas de ajuste (que no afectan a las empresas farmacéuticas) no paran de aumentar .

Es de interés público que se vele por la Salud de los ciudadanos. Así lo prescribe el art 10 de la Constitución “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España” . Así el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina (Convenio sobre los derechos del hombre y la biomedicina), suscrito el día 4 de abril de 1997, en vigor 1 de enero de 2000 . Por último el art 43 de la Constitución expresamente prevé que se reconoce el derecho a la protección de la salud y que ompete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

Así España como Estado Miembro de la Unión Europea está sujeto a la doctrina europea en materia de Derechos Humanos. Así el Informe del Relator Especial de 2009 refiriéndose al derecho a la salud  ; “…el consentimiento informado invoca algunos elementos de los Derechos Humanos que son indivisibles, independientes e interrelacionados. Entre ellos se cuentan, además del derecho a la salud, el derecho a la libre determinación, el derecho a la no discriminación, el derecho de toda persona a no ser sometida a experimentos sin su libre consentimiento, la seguridad y la dignidad de la persona humana, el reconocimiento ante la ley, la libertad de pensamiento y expresión y la libre determinación en lo tocante a la reproducción” (Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, A/64/272, de 10 de agosto 2009, pfo 18; Consejo de Derechos Humanos, Resolución 15/22, 30 septiembre  2010, pfo 4 (adoptada por consenso))

Si España se constituye en un Estado social y democrático de derecho y la dignidad de la persona se proclama como fundamento de nuestro orden político (Derecho interno e internacional) las políticas de ajuste en Salud mental no deberían beneficiarse de esta laguna legal en la regulación del consentimiento informado cercenando la integridad de la persona que es paciente.

 

Por último y ante estos hechos me decidí a reclamar en marzo de 2018 al hospital donde está adscrito mi centro de salud mental los protocolos que los médicos tienen a la hora de prescribir los neurolépticos y a pesar de que el plazo de contestación estabecido administrativamente es de 30 días hábiles, a fecha de hoy (enero de 2019) aún no he recibido respuesta alguna.

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