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DEBATES Y FIRMAS INVITADAS
Varapalo político, no económico, pues avala las 31.000 actas

El Constitucional anula por unanimidad la amnistía fiscal del PP en 2012


En una inesperada sentencia con menos impacto práctico quEl pleno del Tribunal Constitucional ha anulado por unanimidad la amnistía fiscal del Gobierno del PP en 2012. Argumenta que el decreto ley por el que se aprobó el indulto fiscal es inconstitucional, ya que no era el vehículo adecuado para aprobar esta medida, que legitimó el fraude. Pero el Constitucional avala las declaraciones que hicieron los más de 31.000 contribuyentes para regularizar el dinero evadido
Redacción 9 de junio de 2017 Enviar a un amigo
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Por eso, la sentencia,  cuyo texto íntegro puede encontrarse en este enlace, apenas tiene efectos prácticos, pero supone un duro varapalo político al Ejecutivo de Mariano Rajoy, ya que la amnistía fue recurrida al Constitucional por un PSOE que ahora con Pedro Sánchez ha endurecido su actitud ante los evasores y la tributación de las grandes fortunas. y en concreto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Así lo consideran la mayoría de los medios de comunicación, que atribuyen el varapalo como Ciudadanos al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien justificó la medida en la necesidad de hacer un esfuerzo mayor en la lucha contra el fraude y destacó que a diferencia de otros procesos similares llevados a cabo en el pasado, la regularización no había sido opaca, dado que estaban identificados los contribuyentes.

En conclusión, resume su sentencia el Constitucional,  “el objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario, en general, y las concretas medidas que lo integran, en particular”. 

En virtud del principio de seguridad jurídica, la sentencia del Constitucional no afectará en principio a las regularizaciones que se hicieron en 2012, aunque Hacienda estudiará las eventuales implicaciones que pueda tener. Su ponente ha sido el magistrado y exdiputado del PP Andrés Ollero. Al estimar el recurso del PSOE, los magistrados recuerdan que está prohibido recurrir al decreto-ley cuando afecta a deberes constitucionales como el de "contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”, que a todos concierne. A su juicio, el Gobierno cometió dos pecados capitales: "adbdicar" en la lucha contra el fraude fiscal, aprovechándose del mismo para aumentar la recaudación y así paliar la caída de ingresos públicos; y legitimar la conducta de los defraudadores, "colocándolos finalmente en un situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir". 

Tiene la virtud este fallo de cegar, tal vez de por vida, el recurso a la amnistía fiscal como fórmula para combatir el déficit público, utilizada en tiempos de tribulación por gobiernos tanto del PP como del PSOE. Con esta jurisprudencia constitucional, a juicio del Director de EL PERIODICO,ningún gobernante en sus cabales osaría intentarlo de nuevo.

Cristóbal Montoro anunció el indulto penal al fraude efiscal en la primavera de 2012 ha acumulado criticas generalizadas. La amnistía supuso unos ingresos para las arcas públicas de 1.192 millones de euros -muy por debajo de los 2.500 millones inicialmente previstos-, pero permitió aflorar más de 40.000 millones en bienes y derechos que no estaban declarados.El plan de extraordinario de regularización fiscal se sustanció en una Declaración Tributaria Especial (DTE) que permitió a los evasores normalizar su situación pagando solo el 8% las empresas y 10 % del capital declarado por las personas físicas, aunque el tipo efectivamente  fue más bajo. El proceso duró de abril a noviembre y las declaraciones ascendieron a 31.529, con un importe medio a pagar de 37.800 euros.El 98 % (30.871 declaraciones) correspondieron a personas físicas y el 2 % (658) a personas jurídicas.La medida acompañó a los presupuestos generales del Estado de 2012, los primeros presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy, que supusieron un ajuste cercano a 30.000 millones de euro,  sobre todo en educación, sanidad y prestaciones sociales. 

La sentencia carga contra el decreto-ley y explica que este no es el vehículo normativo adecuado para impulsar decisiones que “afecten a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, alterando sustancialmente el reparto de la carga tributaria a la que deben contribuir la generalidad de los contribuyentes, según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad”.

Además, el texto contiene un duro varapalo al Gobierno al que acusa de “abdicar” en su obligación de contribuir para sostener los gastos públicos: “La adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”, señala.

La decisión del tribunal, a raíz de un recurso presentado por el PSOE, no tiene efectos prácticos porque avala las declaraciones que sirvieron para que los evasores pusieran en orden su situación fiscal. Pero la sentencia contiene una carga de profundidad al señalar que la amnistía “viene a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir”.

En síntesis, el tribunal viene a decir que el indulto de Montoro legitima el fraude fiscal.La amnistía, bautizada eufemísticamente como Declaración Tributaria Especial (DTE), fue diseñada por el Gobierno del PP para que aflorara, en uno de los peores momentos de la crisis, el dinero que los defraudadores habían ocultado al fisco. En ese momento, la recaudación se desplomaba, el déficit público estaba descontrolado y el país sufría los ataques de los mercados disparando la prima de riesgo a máximos históricos, lo que le abocó al rescate.

Hacienda abrió la puerta a la regularización blanda. Los evasores solo tenían que pagar el 10% de las cantidades defraudadas para quedar limpios. Aún así, la medida no era suficientemente atractiva para los contribuyentes y el Gobierno tuvo que suavizarla aún más. Permitió regularizar pagando solo por los rendimientos no prescritos, los últimos cuatro años. Y provocó que los afectados solo tuvieran que abonar el 3% del total de las cantidades eludidas para quedar en regla con el fisco, sin necesidad de pagar intereses de demora, ni recargos adicionales por no haber liquidado cuando les correspondía. Además, el Gobierno les ofreció cierta seguridad al blindar a los evasores de investigaciones penales por regularizar el dinero oculto.

Rechazo generalizado de oposición, inspectores e internacional

La amnistía recibió enseguida el rechazo de los partidos de la oposición, sindicatos y organismos internacionales como la OCDE. Incluso los inspectores de Hacienda, habitualmente prudentes en sus comunicados, calificaron la medida de inconstitucional. A pesar de todas las facilidades brindadas por Hacienda, el resultado fue un fracaso. La Agencia Tributaria solo ingresó poco más de 1.200 millones de euros, la mitad de los 2.500 millones que había previsto.

Desde Hacienda aseguran que el Constitucional avala la regularización aunque no la norma. El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, comparecía este jueves en el Senado cuando se difundió la sentencia del Constitucional. “El Gobierno ha cumplido con su obligación e hizo lo que tenía que hacer”, ha señalado al finalizar su intervención. El responsable de Hacienda subrayó que la sentencia no tiene consecuencias prácticas. “Incide en el instrumento normativo empleado pero deja también plena constancia del aval de las regularizaciones, lo que discute es el instrumento normativo empleado”, ha insistido. “Por lo cual”, ha añadido, “no tiene consecuencias”.

Fernández Moya ha evitado entrar en más consideraciones al asegurar que desconocía el detalle de la sentencia que se acababa de publicar pero recordó que la Agencia Tributaria lanzó a finales del año pasado notificaciones masivas a los declarantes de la amnistía fiscal para avisarles de que las investigaciones sobre este proceso no caducan.Hacienda ha inspeccionado solo a un tercio, unos 3.545 contribuyentes, de los más de 31.000 ciudadanos que se acogieron a la amnistía fiscal. En esas comprobaciones ha detectado unos 250 millones de euros defraudados, según reconoció Montoro hace unas semanas en el Congreso.

Indulto penal y mitad de recaudación pese a bajar la tarifa a 8 o 10%  
Objetivo. El Gobierno calculó que ingresaría unos 2.500 millones con la amnistía fiscal. Esperaba que se afloraran más de 25.000 millones de dinero negro y bienes no declarados.
Resultado. La Agencia Tributaria solo recaudó 1.200 millones de euros procedentes de más de 31.500 declaraciones, en las que se afloraron unos 40.000 millones hasta entonces ocultos al fisco. Esa primera cantidad fue menos de la mitad de lo previsto. La medida fue calificada de fracaso.
Funcionamiento. Hacienda exigía un pago del 10% para que los defraudadores regularizarán sus capitales ocultos y otro del 8% para que las empresas evasoras repatriaran dividendos.
Más fácil. Ante el poco éxito del proceso, Hacienda suavizó aún más la amnistía. Permitió que el gravamen se aplicara solo sobre los rendimientos de los ejercicios no prescritos. Esto provocó en la práctica que los evasores blanquearan su dinero pagando apenas un 3%.
Inspecciones. Aunque Hacienda blindó a los contribuyentes de investigaciones penales, la presión política y social provocó que años después la Agencia Tributaria iniciara la inspección de la amnistía.
Fraude. Hacienda ha inspeccionado 3.545 declaraciones de la amnistía, de las más de 31.000 que se presentaron. En ese proceso ha detectado unos 250 millones defraudados.
Amnistiados y protagonistas de grandes casos de corrupción
Algunos de los protagonistas de los principales casos de corrupción que se investigan en los tribunales se beneficiaron en su momento de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en 2012.
El extesorero del PP Luis Bárcenas dice haber regularizado 10,9 millones de euros. También se benefició en 2012 el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato con el fin de regularizar su patrimonio, lo que dio pie a una investigación de Hacienda.
Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid y todavía en prisión por la trama Púnica, mantenía una cuenta en Suiza en la que había 1,5 millones de euros que fueron aflorados a finales de 2012 y principios de 2013.
En el clan Pujol, dos de los hijos del expresidente de la Generalitat, Josep (dos millones) y Oleguer (tres millones), han declarado haber recurrido a la amnistía fiscal para regularizar parte de su fortuna.
Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos y condenado a ocho años y medio de cárcel, regularizó 160.000 euros que tenía en una cuenta de Luxemburgo.
Edmundo Rodríguez Sobrino, mano derecha del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y en prisión por el caso Lezo, regularizó en 2012 una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, hasta entonces ocultos en un banco suizo.
El exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel, también se acogió a la amnistía fiscal en julio de 2012 con 450.000 euros de una cuenta en Suiza, abonando a Hacienda 4.722 euros.

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