lunes,29 noviembre 2021
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Escuelas Católicas se posiciona ante la campaña electoral.

El contribuyente paga por cada estudiante de la concertada la mitad que en la pública

Redacción
El coste total por alumno en los centros públicos es de media 6.940€, coste que la Administración pública financia en su totalidad, según el informe anual «Datos y cifras del Curso Escolar 2014-2015» del Ministerio de Educación, Sin embargo, en el caso de un centro concertado, la Administración financia prácticamente la mitad de esa cifra quedándose por debajo de 2.900€. Lo resalta el último informe de Escuelas Católicas en su posicionamiento al iniciarse oficialmente esta campaña electoral.
“El Partido Popular, en principio, apoya la libertad de enseñanza y, por lo tanto, la financiación a través de los conciertos. Aunque no en todas sus actuaciones apoya tan decididamente y tan abiertamente a la escuela concertada. A veces tiene un poco complejo en decir esto públicamente”. Con estas palabras ha explicado el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, la posición de los populares respecto al futuro de la educación concertada en España, después de que la organización se reuniese con todos los partidos de cara a las próximas elecciones.

La Plataforma Concertados ha lanzado un vídeo para explicar la realidad de la financiación de este modelo educativo y aclarar lo que considera una falta a la verdad.

Su portavoz, José María Alvira, explica que «la existencia de la concertada no se justifica desde el punto de vista de la rentabilidad sino de la libertad y de la pluralidad, pero cuando nos acusan de detraer dinero a la escuela pública, nos vemos obligados a explicar la manipulación que hay detrás de esta afirmación.Desde un punto de vista puramente económico" según declara en ABC,  "la escuela concertada es el modelo más rentable para el erario público, de ahí que no entendamos el ataque que estamos recibiendo, si no es por una cuestión ideológica. Nos preocupa que se intente asfixiar la libertad de elección de la ciudadanía con falsos argumentos y que con ello la escuela pierda pluralidad».

Los centros concertados se ven obligados a solicitar aportaciones voluntarias u organizar actividades que sufraguen los gastos del colegio

Los centros concertados reciben de la Administración una parte de los gastos generales del centro, sin llegar a completarlos, así como el salario del personal docente mediante el sistema de pago delegado (si bien tanto la ratio profesor/alumno como el salario del profesorado son inferiores a los de la pública). Por este motivo, los centros se ven obligados a solicitar aportaciones voluntarias o a organizar otras actividades que contribuyan a sufragar el total de gastos del colegio.

«A nosotros también nos gustaría no tener que solicitar ayudas a los padres, pero si el concierto no es total, la viabilidad de un centro educativo no es posible. Creemos que se está haciendo mucha demagogia con un asunto tan delicado como este. Es muy fácil enfadar a la sociedad haciendo creer que los colegios concertados cobramos por partida doble: del Estado y de los padres. Pero no es cierto, si se piden aportaciones voluntarias a los padres es porque con el módulo de concierto no se cubren todos los gastos que los centros educativos tienen. Revisemos ese módulo para cubrir el total de los gastos y no será necesario», afirma Alvira.

La Plataforma Concertados pide que se actualice el módulo de conciertos para que cubra el total de la escolarización, de manera que la libertad de enseñanza reconocida en la Constitución española y en diversos tratados internacionales, sea una realidad.

El coste total por alumno en los centros públicos es de media 6.940€, coste que la Administración pública financia en su totalidad, según el informe anual «Datos y cifras del Curso Escolar 2014-2015» del Ministerio de Educación, Sin embargo, en el caso de un centro concertado, la Administración financia prácticamente la mitad de esa cifra quedándose por debajo de 2.900€.

 Esto ofensiva ante los propuestos electorales de los partidos se producen cuatro meses después de la última de los conciertos parte de los obispos católicos.  La educación concertada católica es «una fórmula acertada de hacer factible el derecho de los padres a que sus hijos sean educados según sus convicciones». Además «funciona bien» y es «rentable para el Estado». Así respondió el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, a las iniciativas de algunos gobiernos autonómicos del PSOE y Podemos de cercenar la financiación pública a estos colegios de titularidad canónica publicado este jueves por ABC.

Según los datos de la última Memoria de actividades de la Conferencia Episcopal -correspondiente al año 2103- la educación concertada católica supuso para el Estado «un ahorro de 2.850 millones de euros», recordó el portavoz, durante la rueda de prensa al término de la reunión de la Comisión Permanente de los obispos. 

En ella estudian además 1,4 millones de alumnos y trabajan más de 123.000 personas, de las cuales 100.000 son profesores. «Son palabras mayores», recordó el portavoz de la CEE, quien pidió respeto «por las cosas que funcionan bien». «Hay que ir a los verdaderos problemas y despejar de cargas ideológicas a la educación concertada», recordó.

«Garantía de verdadera democracia»

Los obispos defienden la educación concertada y la inclusión de la asignatura de Religión en el currículum escolar en un marco más amplio que el del simple derecho a la libertad de enseñanza, que reconoce la Constitución. Para los prelados, supone el resultado de un orden constitucional y democrático que garantiza el derecho a la libertad religiosa.

Precisamente el «pleno respeto» a este derecho fundamental fue lo que reclamó ayer el secretario general de la CEE, al recordar que «es garantía de la verdadera democracia». Siguiendo esa línea, precisó que ni la educación concertada católica, ni la asignatura de Religión, ni la asistencia religiosa de los capellanes en espacios públicos como las cárceles o los hospitales suponen «un privilegio» de la Iglesia. «Gran parte de los contenidos de los Acuerdos Iglesia-Estado son de uso compartido con las demás confesiones religiosas, no un privilegio de los católicos», insistió.

Tras el pacto firmado por PSOE y Ciudadanos y que contemplan la revisión de estos Acuerdos, Gil Tamayo aseguró que las leyes y los acuerdos «no son eternos», sin embargo, a renglón seguido recordó que éstos fijaron un marco de convivencia que ha dado buenos resultados.

 

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