domingo,17 octubre 2021
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El derecho a saber de los ciudadanos

Redacción
Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional y catedrático de la UAM, publica en el Imparcial un artículo sobre la ilegitimidad de la opacidad en las informaciones de los gobiernos relacionadas con el flujo económico que manejan

 No encontramos ninguna razón para ocultar a los ciudadanos los muchos miles de millones de euros que integran una parte importante del patrimonio de las entidades públicas de este país, y que si se aprobase finalmente la nueva Ley de Transparencia tal como se ha publicado el proyecto de ley hace unos días, quedarían ocultos al quedar obligadas las más de veinte mil instituciones públicas de este país a publicar sólo una parte de su patrimonio.

Una de las reivindicaciones o enmiendas que durante muchos meses hemos venido defendiendo respecto al citado proyecto de ley ha sido la necesidad de que las entidades públicas tuvieran que publicar de forma integra el patrimonio que tienen, es decir, el conjunto de bienes de todo tipo y derechos que poseen, ya que unos y otros han sido costeados por los ciudadanos, y éstos tienen lógicamente el derecho a conocerlos.

Pues bien, aunque habíamos recibido opiniones positivas y apoyos a dicha propuesta por parte de de diversos representantes políticos e incluso gubernamentales, y a pesar de que en la tramitación del proyecto de ley en el Congreso se han propuesto enmiendas por diversos grupos parlamentarios para que se publicase el patrimonio o inventario total de bienes y derechos que poseen dichas instituciones, hemos visto que la enmienda que finalmente se ha incorporado al proyecto de ley (art.7) sólo incluye la publicidad de los bienes inmuebles, es decir, únicamente una parte de su patrimonio.

Aunque los bienes inmuebles son obviamente importantes, y hay que reconocer que su publicidad es un avance sustantivo en el texto del proyecto de ley, no acabamos de entender la consecuente ocultación al público del resto de los bienes patrimoniales, cuando son bienes que tienen que estar igualmente actualizados e incluidos en el correspondiente Inventario de bienes y derechos de estas instituciones.

No comprendemos, en definitiva, porqué los ciudadanos no van a poder disponer de información sobre los bienes muebles y derechos reales de las entidades públicas, sus valores mobiliarios y activos financieros, sus créditos, sus bienes de carácter histórico, su mobiliario, sus equipamientos e instalaciones, sus obras de arte, sus vehículos oficiales, etc. El valor global de todos estos elementos patrimoniales no es posible saberlo (ya que aunque parezca mentira nadie ha conocido ni conoce en este país el patrimonio de las instituciones públicas) pero es fácil suponer que tienen un valor acumulado de muchos miles de millones de euros, y los ciudadanos tienen el innegable y fundamental derecho a conocer con detalle e incluso a controlar todos esos bienes públicos, y no sería ético ni tendría justificación política o social alguna que la esperada Ley de Transparencia se olvidase de hacerlos transparentes.

En resumen, si no se modifica el texto de la Ley de aquí a su publicación final, va a seguir permaneciendo oculto en buena medida el patrimonio público de este país, y no sería de recibo que una Ley como ésta vulnerase así el derecho a saber de los ciudadanos respecto a ese patrimonio que es de todos. Esperemos que los políticos y parlamentarios responsables de la Ley puedan escuchar y atender la inequívoca demanda social de transparencia, y puedan remediar así ese importante déficit informativo que contiene el proyecto de ley.

Fuente: El Imparcial

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