En concreto, en enero había 146.901 puestos y en julio 148.697, con aumento de 1.796, o 1,2%. También cuando en el sector privado salen a la luz hasta 203.206 empleos irregulares.
La información oficial destaca que el reequilibrio en el número de empleados públicos hace posible que en 2015 se eleve la tasa de reposición del 10% al 50% en los servicios prioritarios y que en 2014 se haya convocado una oferta de empleo
público extraordinaria junto a la ordinaria que suman 1.211 plazas libres y 1.688 de promoción interna.
En concreto, en enero de 2012 las Administraciones Públicas contaban con 2.685.837 trabajadores, frente a los 2.552.631 que contaban a finales del pasado mes de junio, últimos datos del último boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, correspondiente al mes de julio de 2014, publicado este lunes por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La información puntual centralizada solo afecta al empleo en la Administración General del Estado (convocatorias de concursos y oposiciones de personal). También a las oportunidades de empleo en la Unión Europea. No hay información centralizada del resto.
También resalta la información oficial que, en la Administración Pública Estatal, durante el mismo período, la disminución ha sido de 41.399 (7,11%), en las CCAA de 74.671 (5,52%) y en las EELL de 40.952 (6,86%). De los 2.522.631 de empleados públicos actuales, el 50,6% pertenecen a las CCAA; el 22% a las EELL; el 21,4% a la Administración Pública Estatal; y el 5,9% a las Universidades. Igualmente, que en el conjunto de las AAPP, un 46,16% de los empleados públicos son hombres y un 53,84% mujeres. En la Administración General del Estado, los hombres son un 52 % y las mujeres un 48%. Si se considera solo a los funcionarios de carrera, el porcentaje anterior se invierte, con un 47% de hombres y un 53% de mujeres.
El mayor descenso en este periodo se ha registrado en la Administración Pública Estatal, que ha pasado de los 581.861 empleados en enero de 2012 a 540.462 en julio de 2014, lo que representa una disminución del 7,11%.
En los últimos dos años y medio se ha registrado una bajada del 5,52% de empleados públicos en las comunidades autónomas, al contabilizarse 74.671 trabajadores menos, hasta 1.277.212, mientras que en las entidades locales -ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades- hubo una caída del 6,86%, hasta totalizar 556.260 personas, con 40.952 empleados menos.
Por comunidades autónomas, Andalucía es la que contaba con más empleados públicos a mitad de año en términos absolutos, con 468.000, seguida de Madrid, con 392.000, y Cataluña, con algo más de 300.000.
Hacienda autoriza a la Generalitat a mantener su entramado de 200 entes públicos
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha aprobado el Plan Económico-Financiero (PEF) de la Generalitat que mantiene un entramado de 200 entes públicos y prevé aumentos del gasto corriente tanto en 2014 como en 2015 hasta volver al nivel previo a los recortes, informa EL MUNDO. La aprobación del Plan tuvo lugar la semana pasada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La Generalitat asegura en el documento que posee 200 entes públicos sin contar "las entidades inactivas ni aquellas para las que se han presentado alegaciones a su clasificación como Sector Administración Pública"
Por otro lado, EL ECONOMISTA destaca que Valencia "mantiene la petición de 900 millones extra para 2015 a Montoro". Según el diario, "camufla los ingresos ´fantasma´ en el PEF que aprobó el ministro".
Hacienda rechaza las cuentas de 2013 del Fondo de Garantía Salarial
La Intervención General del Estado se ha negado a dar su opinión sobre las cuentas de 2013 del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), y sostiene que en este organismo no hay una normativa reguladora del pago de prestaciones, "a excepción de las derivadas de despido improcedente", que afecta al 96,36% del dinero desembolsado en 2013, según publica EL PAÍS. Los auditores públicos también apuntan el incumplimiento de principios del plan general de contabilidad pública y de sus instrucciones por la no existencia de normas internas que regulen la gestión contable. "No hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione base suficiente y adecuada para expresar una opinión auditada", concluye el informe emitido el 3 de octubre y publicado en el BOE el 24 de diciembre. El Ministerio de Empleo, al que está adscrito el Fogasa, apunta que sí tienen normativa aprobada y que en ejercicios anteriores la Intervención emitió opinión y fue favorable sin reservas
Las actuaciones de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social han tenido un impacto económico de 9.271 millones hasta mayo de 2014
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha presentado al Congreso de los Diputados los resultados de la evaluación del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, cumpliendo así con lo establecido en la Ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
Aprobado en abril de 2012, el Plan contenía una estrategia integral basada en cuatro ejes: la prevención a través de un marco normativo orientado a la creación de empleo indefinido y de calidad; la reordenación y refuerzo de los medios de control disponibles; la cooperación entre Administraciones Públicas; y la sensibilización de la sociedad.
Cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan
Hay que destacar que se han desarrollado progresivamente las medidas y acciones contenidas en el Plan, cumpliéndose con los objetivos establecidos. Así, se ha dotado a la Administración Pública y a Jueces y Tribunales de nuevos medios legales, con cambios tanto en el ámbito administrativo como penal, para prevenir y luchar contra el fraude laboral.
En concreto, se ha modificado el Código Penal, agravándose las sanciones por fraude a la Seguridad Social y los delitos contra los derechos de los trabajadores, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de Seguridad Social, la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Además se ha creado en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, una Unidad Especial de apoyo y colaboración con los Juzgados y Tribunales y con la Fiscalía General del Estado.
Particularmente destacable es la mejora en la estructura operativa y organizativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la lucha contra el fraude, a través del incremento de los medios personales. Desde el inicio de la legislatura se han incorporado 150 nuevos efectivos entre Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y Subinspectores de Empleo y Seguridad Social. La Oferta de Empleo Público de 2014 permitirá seguir aumentando la plantilla en 88 nuevos Inspectores y Subinspectores, al igual que la próxima Oferta de Empleo Público de 2015, cuando la tasa de reposición de efectivos podrá ser de hasta el 50%.
Del mismo modo, se ha reforzado la coordinación y la colaboración entre los organismos y administraciones involucradas, ordenando los medios disponibles para ganar eficacia. En este sentido, se han firmado convenios de colaboración con otros organismos estatales, como la Agencia Tributaria (AEAT) o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con las Comunidades Autónomas y entidades como el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores de España.
Entre los resultados del Plan destaca el afloramiento de 203.206 empleos irregulares desde enero 2012 hasta mayo de 2014, con sus consiguientes efectos positivos en la regularización de las condiciones de trabajo y de pago de cotizaciones.
El informe señala, entre otros datos, que en el ámbito de las empresas ficticias -aquellas que se constituyen con el único objeto de proporcionar fraudulentamente a los trabajadores el acceso a prestaciones, mediante el pago de cantidades a su costa-, se han anulado 88.354 altas ficticias en el periodo correspondiente a enero 2012-mayo 2014.
En conclusión, la evaluación general del Plan resulta positiva, tanto desde el punto de vista los resultados obtenidos como del impacto económico de los mismos. El conjunto de actuaciones desplegadas hasta mayo de 2014 han tenido un impacto económico global de 9.271 millones de euros.
Un compromiso permanente de lucha contra el fraude
La lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social ha constituido y constituye uno de los objetivos prioritarios de la actuación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, junto la creación de empleo estable y de calidad, la activación para el empleo de las personas desempleadas y la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.
El Informe de evaluación enviado al Congreso, que ha sido objeto de consulta previa con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, recoge igualmente una serie de propuestas para incrementar la eficacia y eficiencia de las actuaciones en este ámbito: intensificar la colaboración y coordinación entre organismos públicos; actualizar y definir adecuadamente la organización del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social; e implantar el nuevo Sistema de Liquidación Directa de cotizaciones a la Seguridad Social que recientemente se ha aprobado en las Cortes Generales.
De esta manera, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social continuará trabajando en la consolidación de los logros obtenidos hasta la fecha en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
