Un total de 6.830 trabajadores se acogerán al expediente de regulación de empleo (ERE) que planteó Telefónica de España para el periodo 2011-2013. Esta cifra supone 330 más de los previstos inicialmente, según consta en la documentación remitida por la antigua matriz del grupo al Registro Mercantil.
El Ministerio de Trabajo, con el titular socialista Valeriano Gómez, autorizó el 12 de julio de 2011 el ERE para hasta 6.500 trabajadores de la filial española de Telefónica. Pero las buenas condiciones de salida, llevaron a que el número de peticiones de adhesión por parte de los trabajadores se incrementara hasta los 6.830. El Ministerio de Empleo, ya con la popular Fátima Bañez, autorizó en una resolución de fecha 2 de agosto de 2012, la ampliación del ERE, según señala Telefónica de España en sus cuentas.
Según éstas, a 31 de diciembre habían causado baja 4.845 empleados. En cuanto al coste, el saldo pendiente a cierre de 2011 era de 2.664 millones de euros, que se rebajaron a 2.614 al terminar 2012.
Las condiciones del ERE ofrecían para los menores de 53 años una indemnización de 45 días por año trabajado, con un máximo de tres años y medio. Los trabajadores a partir de los 53 años y hasta los 61 años, recibirán un 68% del salario; a partir de los 61 años, es el 34% del salario, complementando así la pensión para los que se jubilen anticipadamente.
Por otra parte, Telefónica ha revisado hasta los 196,2 millones la provisión para el pago de la multa de 151,8 millones de euros que la Comisión Europea impuso en 2007 a la operadora por abuso de su posición de dominio en el mercado de acceso a internet de banda ancha en España. La operadora ha presentado un último recurso en junio de 2012 por lo que si es desestimado deberá pagar también los intereses.
El beneficio neto obtenido por Telefónica de España en 2012 ascendió a 1.887 millones de euros, frente a los 223 millones registrados en 2011, debido a que en ese ejercicio se computaron el grueso del coste del ERE.
El importe neto de la cifra de negocios alcanza los 8.830 millones, un 10,3% inferior a los de 2011. Además de la caída del consumo, el éxito de los servicios empaquetados (fijo, móvil e Internet) en particular Fusión, ha pesado sobre esos resultados, lo que prueba que son un arma de doble filo: fidelizan a los clientes al facilitarles en un sola factura todos los servicios de telecomunicaciones pero, al mismo tiempo, canibalizan los ingresos de la operadora que los presta, que factura más por separado.
Así, los ingresos de servicios de voz se resintieron especialmente por el creciente peso de las tarifas planas y paquetes de tráficos, cayendo un 16,7% hasta los 2.692 millones. También cayeron —un 9,4%— los ingresos de los servicios de Internet y banda ancha hasta los 2.516 millones, reflejando el descenso del ingreso medio por cliente (ARPU), debido a la migración de clientes a las nuevas tarifas de servicios empaquetados. La facturación por el acceso tradicional se reduce en un 9,4%, alcanzado los 1.967 millones de euros. La inversión ascendió a 1.182 millones, un 16,5% menos, dedicada fundamentalmente al despliegue de la red de fibra.
Fuente: El País
