Las Comunidades Autónomas ejercen las competencias en materia de educación y la Administración Central, a través de los Presupuestos Generales del Estado, desarrolla la política de becas y ayudas al estudio universitarias. Su objetivo es garantizar la igualdad de trato de los estudiantes universitarios en todo el territorio del Estado. Siendo así, estas ayudas deberían aumentar en los momentos de dificultad económica y agudización de las desigualdades de renta en el conjunto de la sociedad. Pero si se analiza la evolución de la política de becas y ayudas al estudio universitarios en los años más duros de la crisis (2010-2012) se observa que no ha sido así.
La dotación de los créditos del estado de gastos para la política de becas y ayudas al estudio en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 se ha elevado en 50 millones de euros (3,41% de incremento respecto al año anterior), hasta alcanzar la cifra de 1.575 millones de euros. Esta cantidad, sin embargo, sigue lejos de conseguir la suficiencia financiera de los beneficiarios. Si miramos la evolución de la dotación per cápita del beneficiario universitario de las ayudas de la Administración General del Estado en el periodo 2011 a 2015, vemos claramente cómo esta se ha reducido un 23,48% (de 2.331 € a 1.748 €)