jueves,18 agosto 2022
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El fiasco económico del estado autonómico

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El proceso de doble descentralización española que se puso en marcha con la Constitución de 1978, confirma, después de un cuarto de siglo, lo que Laureano Lázaro denomina la paradoja de la convergencia divergente: mientras que España ha convergido económicamente con la UE no lo ha hecho internamente. En1986, fecha del ingreso de España en las […]

El proceso de doble descentralización española que se puso en marcha con la Constitución de 1978, confirma, después de un cuarto de siglo, lo que Laureano Lázaro denomina la paradoja de la convergencia divergente: mientras que España ha convergido económicamente con la UE no lo ha hecho internamente.

En1986, fecha del ingreso de España en las Comunidades Europeas, el PIB percápita español, en términos paridad del poder de compra, se situaba en el 70% de la media de  la UE-15. Veinte años después, en 2006, dicha proporción alcanzaba el 92% (98% de la UE-25); es decir, se había incrementado en 22 puntos. Como es sabido, el periodo 1986-2006 ha sido una de las etapas más largas y de más intenso desarrollo que ha conocido España en su historia, en la que sólo cabe registrar dos años de crisis (desde mediados de 1992 hasta mediados de 1994). Una parte no despreciable de ese crecimiento del PIB y –de la profunda transformación económica y social que ha experimentado España- se ha debido a la política de cohesión de la UE que nos ha proporcionado cuantiosos recursos del presupuesto común: ha sido un auténtico Plan Marshall para España.

En cambio, la redistribución interna de ese crecimiento ha sido dispar. Si bien todas las CC.AA han crecido durante el periodo considerado, no todas lo han hecho al mismo ritmo: las diferencias que existían en los inicios del proceso económico se han continuado manteniendo. No obstante, el efecto económico más significativo del proceso autonómico, desde sus inicios en los años ochenta del pasado siglo hasta el presente, ha sido el de detener el incremento en las desigualdades regionales que tan importante había sido hasta entonces.

El peso en el PIB nacional que tenían las Comunidades Autónomas en 1980, prácticamente se mantiene 25 años después. En el caso de las CC.AA más ricas, con la notable excepción de Madrid, han perdido cierto peso, casos de Cataluña y del País Vasco, o prácticamente se han mantenido como ha sucedido con Baleares, Navarra y La Rioja. Por lo que respecta  a las CC.AA más pobres, las únicas que ha ganado algún peso ha sido Andalucía; Canarias y Extremadura se han mantenido y las restantes han perdido cuota.

Entre 1986 y 2001, las 12 regiones españolas incluidas en el Objetivo 1 de cohesión (actualmente denominado de Convergencia), ganaron de media 9 puntos en su aproximación a la media europea, en tanto que las 7 que quedaron al margen de dicho Objetivo 1 lo hicieron en más del doble: en 19 puntos. En consecuencia, a pesar de la importante solidaridad financiera interna (a través del Fondo de Compensación Interterritorial) y sobre todo comunitaria (fondos estructurales), las diferencias entre las regiones más pobres y más ricas de España, aunque no se han incrementado, tampoco se han reducido.

En este contexto, no deja de ser sorprendente el comportamiento de la Comunidad Madrid cuyo PIB, entre 1980 y 2004, ha ganado 3,3 puntos en su peso nacional (y ha reducido su diferencia con Cataluña de 5 puntos a menos de 1). Madrid ha sido la región española que menos ostentación pública ha hecho de su autonomía y de la que, a priori, se presumía que podría salir perjudicada por el proceso autonómico. Su inteligente apuesta por las inversiones en la mejora de sus infraestructuras del transporte y del desarrollo tecnológico, la han llevada a ser la gran beneficiada de la descentralización española. Y Madrid capital  ha pasado a figurar entre las 18 primeras ciudades globales del mundo.

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