Se trata, por tanto, de la toma en consideración de una iniciativa que prevé la modificación de la Ley General de la Seguridad Social, de modo que se posibilite la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social a los titulados universitarios que desarrollen una función investigadora tanto en el terreno público como en el privado.
El Parlamento andaluz defiende que es necesario modificar la inseguridad laboral y social en la que actualmente se desarrolla la actividad de los becarios y para ello propone la modificación del artículo 97 de la ley de modo que se dé cobertura social a estos jóvenes investigadores.
Cotizar para tener derecho a paro
Argumenta el Parlamento en su proposición que es "necesario" que estos jóvenes investigadores tengan cubiertas sus necesidades por enfermedad para sí y su familia, que puedan devengar derechos para sus futuras pensiones y cotizar de cara a la prestación de desempleo. Tendrán así, "una mínima red de seguridad en la investigación".
Andalucía cree que, como ya se ha hecho en Alemania o Austria, se debe dar "categoría de lo normal -un contrato laboral- a lo que es normal -el trabajo de investigación-".
Además, rechaza la interpretación de la Administración central de excluir a los jóvenes investigadores como trabajadores por cuenta ajena porque siguen formándose pues, como señala, "son titulados universitarios con una formación suficiente para desarrollar su actividad investigadora".
En este sentido, recuerda que la mitad de los artículos científicos españoles en revistas internacionales de impacto son obra, en primer lugar, de un investigador en formación o perfeccionamiento.
Veremos qué ocurre mañana en el Congreso de los Diputados.
