"Cabe preguntarse", recuerda el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, "qué es lo que pasa con el inmenso patrimonio de estas antiguas cajas de ahorro". Porque buena parte de las oficinas que se han ido cerrando en los municipios de la España Vaciada eran los locales que mantenían garantizada la accesibilidad a servicios financieros en todo el medio rural. "Esto era patrimonio popular, de todos los ciudadanos".
Patrimonio que en teoría sería gestionado por las fundaciones bancarias herederas de las cajas, pero que en la práctica ha entrado directamente al balance de la banca, que ha hecho y deshecho sin mucho miramiento. En 2013, cuando la Ley de Cajas entró en vigor, había alrededor de 35.000 oficinas bancarias en España. Ocho años después, apenas 24.000, y la cifra volverá a bajar, porque los procesos de concentración y reconversión no concluyen, y la 'digitalización' excusa arrancar el cajero automático de la antigua oficina de pueblo.
"Apoyamos expresamente las movilizaciones y las reivindicaciones de los municipios en su lucha por el acceso a servicios financieros", destaca Manuel Pardos para calificar de "impresentable e ilegal" que se deje a la España Vaciada sin bancos, sin ni siquiera plantear una alternativa que dé servicio a estos ciudadanos. ADICAE insiste en que sin un plan de alfabetización digital financiera general, para todos los ciudadanos, no debe continuar el proceso de cierre de oficinas bancarias.
Y este plan, además, debe pagarlo la banca, que es quien cambia sus condiciones y su servicio. "Las instituciones públicas no deben pagarle a la banca el cajero de sus pueblos. Deben exigir lo que les corresponde y a lo que tienen derecho: servicios financieros completos y de máxima garantía". El Banco de España cifra en 1,3 millones de personas los afectados por falta de acceso a efectivo, un número que se incrementaría un 25% más en caso de nuevos cierres en cabeceras comarcales.
En 2008, en pleno boom del ladrillo, había más de 45.000 oficinas bancarias en España. Camino de la mitad han desaparecido ya. En realidad, es la mitad del sistema financiero español que se volatilizó tras la crisis: las cajas de ahorro. Vinculadas al territorio, garantes de servicios financieros para toda la ciudadanía, obligadas a obra social, confundieron su carácter público con la corruptela del poder político y el interés partidista caciquil. Ahora se han convertido en locales cerrados en miles de pueblos españoles.
Actualmente entre las entidades del sector CECA que realizan Obra Social, reducida un tercio desde la citada ley, figuran ABANCA, Fundación Caja de Ávila, Liberbank Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias, Fundación Galicia Obra Social, Fundació Caixa de Balears, Fundación Bancaja, BBK Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria, Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa, Fundación de las Cajas
de Ahorros (Funcas), Cajacirculo, Fundación Fundación Ávila, Fundación Bancaja, Fundación CajaCanarias, Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, Caja Círculo, Caja de Extremadura ,Caja Granada ,Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, Fundación Caja de Ahorros de Murcia, Caja Navarra Caja Rioja, Caja Segovia, Cajasol, Cajastur, Cajasur, Ibercaja, La Caixa, Caja Insular de Ahorros de Canarias, etc