sábado,28 mayo 2022
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Omar Informatic, Inmecamar y Academia Infosol, bajo sospecha

El fraude de los cursos de formación en Andalucía favoreció a empresarios del PSOE

Redacción
Las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción sobre el fraude en las ayudas a los cursos de formación para parados a cargo de la Junta de Andalucía desvelan la existencia de vínculos entre empresarios beneficiados, el PSOE y el Gobierno autonómico, según informa EL MUNDO.

 Tras los datos publicados sobre los casos aparecidos en Málaga, ahora las pesquisas se dirigen hacia Almería, donde varias empresas contraladas por un dirigente socialista y por un empresario próximo a la Junta obtuvieron más de 1,9 millones de euros en subvenciones sin ni siquiera contar con trabajadores.

Una de las empresas bajo sospecha es Omar Informatic SL, sociedad dedicada a la explotación de contratos de franquicias de centros de enseñanza, a la compraventa de máquinas de oficina y a la fabricación de materiales de construcción, entre otras actividades. Hasta diciembre de 2010, la empresa la administraba, junto a su hija, Juan Fernando Ortega, candidato del PSOE a la alcaldía de Roquetas de Mar (Almería) en las pasadas elecciones. A finales de 2010, Ortega cedió la administración a su hija, María Isabel Martínez.

La sociedad que dirigía el hoy concejal socialista recibió cerca de medio millón de euros en subvenciones entre 2010 y 2012 del Servicio Andaluz de Empleo. Según los datos recopilados, Omar Informatic SL nunca ha tenido trabajadores por cuenta ajena. Otra empresa constituida por Ortega y su mujer, Inmecamar SL, recibió entre 2010 y 2012 ayudas públicas por valor de 490.410 euros. Academia Infosol, que recibió subvenciones por 383.085 euros, es otra de las empresas que aparece con el mismo domicilio que las anteriores y en la que participaban como administradoras personas vinculadas a Ortega, como su hija, que actualmente es funcionaria interina de la Diputación Provincial de Almería.

En cuanto a las investigaciones policiales en Málaga, los agentes de la UDEF han encontrado vínculos entre los directivos o administradores de varias empresas y estamentos de la Junta de Andalucía. Es el caso de AF Salamar Hostelería, empresa cuya administradora única es la mujer de un alto responsable de la Junta que trabajó para la Diputación de Málaga y para la Consejería de Educación, que es la que controla ahora los fondos de formación.

El fiscal investiga si un senador del PSOE pagó viajes con dinero público

La Fiscalía de Dos Hermanas (Sevilla) investiga si la empresa pública del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira Alcalá Comunicación Municipal (ACM) era una caja B desde la que se financiaban todo tipo de gastos, particulares en muchos casos, de directivos, empleados, concejales del Gobierno municipal del PSOE y hasta del alcalde, Antoni Gutiérrez Limones, que también es senador por Sevilla.

Según EL MUNDO, el Ministerio Público mantiene abiertas desde 2013 una investigación sobre la gestión de ACM que apunta a la posible existencia de hasta cuatro delitos: cohecho, malversación, falsedad documental y tráfico de influencia. Las sospechas se basan en una grabación al contable de ACM, Javier Luque, en la que desvela, entre otras irregularidades, que el senador socialista Gutiérrez Limones realizó viajes a Madrid y a Eurodisney junto a su familia que sufragó la empresa municipal.

Editoriales de la prensa

El Mundo: El fraude de los fondos de la formación destapa una red clientelar unida al PSOE

El uso que en los últimos años se ha dado en Andalucía a los fondos de formación para parados confirman la gravedad del fraude y destapan la existencia de una red clientelar vinculada al PSOE. Hay dos casos paradigmáticos: el del candidato a alcalde de Roquetas de Mar, y el de la empresaria cuyo marido tenía una intensa relación laboral con la Junta y la Diputación de Málaga. Ambos se beneficiaron de cuantiosas ayudas de dinero público, que podrían no haberse destinado para los fines fijados por la Administración. El primero aparece como nexo de varias empresas dedicadas a las más variadas actividades que recibieron subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo a través de la Dirección Provincial de la Junta en Almería. En el segundo caso, el esposo de la administradora única de una empresa de hostelería malagueña trabajó para la Consejería de Educación, responsable de otorgar las ayudas. Susana Díaz, como presidenta de la Junta y líder de los socialistas andaluces, debería ser la primera interesada en llegar al fondo del asunto para separar las manzanas podridas del cesto. No sólo Andalucía sino España se juega mucho en este asunto, pues la mayoría de los fondos de formación que están bajo sospecha proceden de la Unión Europea, que podría reconsiderar el trato favorable que en políticas de ayuda al desempleo concede a nuestro país. Tanto la Junta como el PSOE han tratado de minimizar la situación, e incluso han denunciado que son víctimas de una operación de desprestigio que vinculan a la proximidad de las elecciones europeas.

EL País: Es intolerable el fraude de los cursos de formación.

Demorar el cambio de sistema de los cursos de formación es doblemente grave: primero, porque era una promesa del Ministerio de Empleo tener preparadas las modificaciones para este mes de abril; segundo, porque, mientras tanto, han salido a la luz dos casos de corrupción con presunto desvío millonario de dinero público. Los agentes sociales implicados alegan que tales escándalos han dificultado el acuerdo al enrarecer el clima de la negociación, lo que es paradójico, dado que los fraudes deberían funcionar justamente como acicate para terminar con el sistema que los permite e inducen a sospechar que puedan estar produciéndose de manera generalizada. El caso más serio es, de momento, el de Madrid, donde la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal cuantifica ya en 17 millones el dinero detraído de las arcas públicas. Las pesquisas señalan que una red de empresarios facturaban cursos que nunca se realizaban. Que el fraude se cometa en cursos de formación en un país de escaso presupuesto para políticas de empleo y altísimo paro es especialmente intolerable. Ni la patronal ni la Comunidad de Madrid han dado explicaciones sobre el escándalo que les salpica. Se necesita de verdad la transparencia y la concurrencia que promete el Ejecutivo para el nuevo sistema, pero también que los actores implicados faciliten un rápido acuerdo.


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