Las nuevas previsiones mejorarán considerablemente las actuales, que estiman un incremento del PIB del 0,7% este año y una tasa de paro del 25,5%, así como las de 2015, para las que el Gobierno contemplaba un crecimiento del 1,2%, que ahora superará el 1,5%.
La previsión de paro para el próximo año también mejorará, ya que el Ejecutivo espera creación neta de empleo desde este mismo ejercicio. El Gobierno confía en que el mantenimiento del dinamismo exportador, el repunte del consumo privado y la mejora de la inversión en bienes de equipo impulsen el crecimiento de la economía española, así como la estabilización de la caída de la construcción y de la inversión bruta de capital fijo.
Todo ello permitirá una mejora de la recaudación fiscal y en la Seguridad Social que, según los cálculos del Gobierno, favorecerá, por un lado, el cumplimiento de los objetivos de déficit sin necesidad de plantear nuevos recortes y, por otro, una reforma fiscal más ambiciosa, que en 2015 se centrará básicamente en las rentas más bajas a través de una rebaja del IRPF.
Mejora la previsión del PIB hasta el 1,8%
De esta forma, las nuevas previsiones del Gobierno se situarán más en la línea con otros organismos nacionales e internacionales, a pesar de que los miembros del Ejecutivo siempre han insistido en que prefieren plantear cifras conservadoras y prudentes para que cualquier sorpresa sea en positivo.
Las nuevas cifras podrían ser similares a las del Banco de España, que cree que el PIB crecerá un 1,2% este año y un 1,7% en 2015, o a las de la Fundación de Cajas de Ahorro, que ha planteado un incremento del PIB del 1,2% este año y del 1,8% para 2015. El Servicio de Estudios del BBVA, por su parte, prevé un crecimiento inferior al 1% este año (0,9%), aunque es más optimista que el resto cuando se trata de 2015 y se atreve a plantear un incremento del PIB de casi el 2% (1,9%).
El nuevo cuadro macro económico se conocerá el miércoles, dia en que el INE publicará el avance del PIB del primer trimestre del año y que, tal y como ha dicho el ministro de Economía, Luis de Guindos, mejorará la cifra de la última parte del ejercicio (0,2%). De hecho, el Banco de España ha pronosticado un crecimiento del 0,4% entre enero y marzo, con un crecimiento interanual de la economía del 0,5%, tras nueve trimestres consecutivos de tasas interanuales negativas.
Factura de la crisis y la deuda
Un balance provisional de los costes adicionales que la crisis ha supuesto para las cuentas públicas eleva la factura por encima de los 450.000 millones de euros, lo que equivale a 9.548 euros por cada ciudadano español, según los cálculos realizados por LA VANGUARDIA, sin tener en cuenta el coste financiero de la deuda acumulada.
El diario catalán señala que una parte de esa cifra se podrá recuperar si los bancos y los países que han recibido ayudas las devuelven. Este argumento vale para los créditos que el Fondo de Liquidez Autonómico ha concedido a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Pero la mayor parte la pagarán los contribuyentes en las próximas décadas. Entre 2009 y 2013 las administraciones emplearon en salarios, gastos corrientes y las menguantes inversiones más de 431.000 millones de euros más de lo que habían ingresado las arcas públicas, una media de 84.000 millones de desfase al año. El déficit superó en algunos ejercicios como 2009 el 11% del PIB. No obstante, el plan de estabilidad europeo autoriza déficits anuales por debajo del 3% del PIB. Se puede considerar que el sobredéficit ha alcanzado la cifra de 281.000 millones en cinco años.
Durante 2012 y 2013 el Estado ha provisto a comunidades autónomas y a miles de ayuntamientos de financiación extra. En las comunidades ha inyectado, a través del FLA, 39.500 millones de euros para hacer frente a pagos, como vencimientos de deuda, a los que no podían hacer frente. Además, se han dispuesto créditos por valor de 42.000 millones de euros para pagar a miles de empresas que habían prestado servicios a las diferentes administraciones.
Las antiguas cajas de ahorro, hoy reconvertidas en bancos, se han llevado hasta la fecha 61.366 millones de euros en inyecciones de capital para su saneamiento, según el último recuento realizado por el Banco de España. Unos 41.000 millones de euros los ha puesto la Unión Europea y el resto el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. El dinero debería regresar con intereses, pero hay dudas de que sea así.
Salvar las finanzas de Grecia, Irlanda y Portugal le ha costado a las cuentas públicas españolas créditos por valor de 23.000 millones de euros. A algunos de esos países le puede costar más de lo esperado devolver parte de ese dinero que ha salido del crédito que le han concedidos los mercados internacionales a España a través de las subastas de deuda. La deuda pública española ha crecido en el periodo 2009-2013 del 40% al 93% del PIB. Y como confirmó esta semana el secretario general del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa, la deuda seguirá creciendo hasta situarse en el 100% del PIB. La cantidad total de lo adeudado seguirá incrementándose tres o cuatro años más por encima del billón de euros.
Actualmente el 30% de la deuda soberana española está ya en manos extranjeras. Fernández de Mesa, confirmó esta semana que 295.000 millones están en poder de inversores principalmente del Reino Unido y los Estados Unidos, pero también del centro y norte de Europa. El resto está en manos de inversores locales
La educación en los fondos europeos
Por otra parte, tras varias semanas de información pública y analizadas las alegaciones recibidas, el Gobierno remitió este fin de semanas oficialmente a Bruselas el Acuerdo de Asociación para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020, que tendrán entre sus prioridades la educación, demografía y vuelta a los polos de desarrollo. Miebtras, Montoro aplaza la reunión de financiación autonómica por las elecciones europeas, aunque ampliará el plazo o los dos años de carencia a los municipios acogidos al Plan de Proveedores. Las regiones peor tratadas por el actual modelo de financiación piden que se agilice su reforma.
El Acuerdo de Asociación es un documento nacional que elabora cada Estado miembro de la UE y en el que se expone la estrategia y prioridades de inversión de los Fondos de la Política de Cohesión (FEDER, FSE, FEADER y FEMP), para el período 2014-2020. En este se han recogido un total de 70 nuevas propuestas una vez terminado el período de información pública al que ha estado sometido. Contempla unas asignaciones financieras de 36.130 millones de euros a aplicar en los próximos siete años y son el resultado de las positivas negociaciones llevadas a cabo por España sobre el Marco Financiero Plurianual 2014-2020.
Durante el período de alegaciones abierto -y una vez que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de quien depende la gestión de los Fondos Estructurales, informase previamente al Consejo de Ministros el pasado 21 de marzo- se han recibido aproximadamente 70 informes con las propuestas de mejora a incluir en el Acuerdo de Asociación, entre ellas las realizadas por los miembros de la Red Rural Nacional, el Consejo estatal de ONG de Acción Social, CEOE, CEPYME y la Red de Autoridades Ambientales, entre otros.
Así, las aportaciones llegadas desde distintos sectores han sido analizadas, dependiendo de su especialidad, por las Unidades de los diferentes Fondos Estructurales y de Inversión: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
Cabe destacar un número mayor de alegaciones en los análisis territoriales, en los análisis de disparidades de los diferentes Objetivos Temáticos y en las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades incluidas en el documento. También se han hecho numerosas aportaciones a los diferentes tipos de actuaciones a incluir en el Acuerdo de Asociación que posteriormente serán financiables por los Fondos. Ha existido una menor participación de las comunidades autónomas, dado que éstas han estado presentes desde el inicio en el proceso de redacción del Acuerdo y, sin embargo, han presentado alegaciones de forma muy concreta ONG´s medioambientales, ONG´s sociales, diversas asociaciones, entidades empresariales, empresas y ayuntamientos.
Por objetivos temáticos, las mayores aportaciones de mejora se han hecho en las propuestas de intervención siguientes:
- Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas
- Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores
- Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral
- Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje mediante el desarrollo de las infraestructuras de educación y formación.
Foro de Regiones con Desafíos Demográficos
A petición de las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura, integrantes de la Red Europea de Regiones con Desafíos Demográficos, se ha incluido una referencia al Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos, creado para atender de forma específica los problemas derivados de la reducción de la natalidad, la despoblación de las zonas rurales, desindustrializadas o dispersas, entre otros fenómenos.
Por otra parte, y a petición de Extremadura, se ha incluido adicionalmente la ITI (Inversión Territorial Integrada) "Industrialización Extremadura" mediante la creación de unas zonas de especial atención industrial repartidas por todo el territorio extremeño, denominadas "Polos Industriales", propiciando para ello un "clima empresarial favorable", a través de la Estrategia Industrial de Extremadura, que permita crecer y crear empleo en la región a partir de una economía productiva con mayor base industrial.
La figura de las Inversiones Territoriales Integradas (ITI), prevista en la nueva reglamentación de los Fondos Europeos, pretende resolver o paliar un problema específico en un ámbito territorial concreto. Las ITI´s podrán ser creadas para otras zonas o áreas a lo largo del periodo de programación.
Una vez enviado el Acuerdo de Asociación a Bruselas, comienza un proceso de negociación con la Comisión Europea mediante un diálogo formal que se prolongará hasta la aprobación definitiva del documento, cuando se alcance una sintonía en sus propuestas y enfoques.
